UN DEBATE SIN SENTIDO
Artículo de GERMÁN YANKE en “ABC” del 03/01/05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
EL
presidente Rodríguez Zapatero parece decidido a no negociar el plan nacionalista
que el Parlamento vasco aprobó el pasado día 30, pero dispuesto a debatirlo en
el Congreso. A primera vista, se diría que la primera de estas decisiones —no
negociar— responde a la coherencia del presidente con sus propias ideas,
mientras la segunda —debatir en el Parlamento— vendría obligada por el
cumplimiento de la legalidad. Pero esto sólo es así a primera vista.
Zapatero debe tener claro, y subrayar ante la opinión pública, que la negativa a
negociar el plan secesionista y antidemocrático del presidente autonómico vasco
no es la consecuencia de negarse a su contenido ni de los límites que el
Gobierno ha impuesto, aunque sean vagos, a la reforma a los estatutos de
autonomía. No puede ni debe negociar el plan Ibarretxe porque no le corresponde
ni formal ni materialmente. Formalmente, porque el proyecto ha tomado la
apariencia fantasmagórica de una reforma del Estatuto de Guernica.
Materialmente, porque su contenido no es otra cosa que un torpedo contra la
legalidad constitucional y el respeto a los derechos ciudadanos.
La gran vergüenza de un plan como el de Ibarretxe no es, aunque lo sea también,
su contenido secesionista. Tampoco, aunque también lo contenga, por tener en su
raíz la división interna y la promesa segura de la ruina económica y social del
País Vasco. La gran vergüenza del plan es su contenido totalitario y
antidemocrático ya que se funda, no en los derechos de la ciudadanía, sino en
los presuntos e injustificables de un «Pueblo» que estaría por encima de los
ciudadanos aunque fuera una parte de éstos, los nacionalistas, los que los
administren impunemente. Quiebra Ibarretxe, y ahora el Parlamento vasco, el
Estado de derecho, el basamento fundamental del Estado democrático, y también
los principios elementales por los que se regula la UE. No es tampoco la primera
vez que lo hacen, y no es de extrañar que, para sostenerlo, el PNV cuente —y
necesite— con el apoyo de la antigua Batasuna, es decir, una rama del entramado
de la banda terrorista ETA.
Zapatero está obligado legal y moralmente a no negociar una sola línea de este
estrafalario y peligroso plan. Pero no está obligado a debatirlo, al menos de
una determinada manera.Debería considerar la propuesta del PP para oponerse de
inmediato mediante los recursos oportunos, ya que su contenido y su formulación
vulneran derechos básicos y el sistema institucional. O, en todo caso,
establecer una estrategia común con el principal partido de la oposición y
aquellos otros, pocos, con los que se puede defender el consenso constitucional.
Si es obligado tramitar en el Congreso este falso proyecto de reforma del
Estatuto vasco, no lo es, sin embargo, su debate. O, al menos, la suerte de
debate parlamentario que le dé carta de naturaleza de propuesta susceptible de
consideración, aunque al final se rechace. Lo que debe hacer el Gobierno, y con
él el PSOE y el PP, es, en todo caso, votar urgentemente de modo negativo y sin
otra consideración, y terminar con esta farsa y este empeño antidemocrático.
Seamos claros y, ya que algunos se empeñan en hablar de oídas, reiterativos: se
trata de un plan antidemocrático, contrario a la ciudadanía como fundamento de
la política, y apoyado por el terrorismo. Si hay alguna obligación es la de
rechazarlo rotunda e inmediatamente, no la de debatir su contenido como si se
tratara de una propuesta discutible. Nadie se imagina al presidente del Gobierno
aceptando el debate de un proyecto que pretendiera prohibir el voto a una parte
de los españoles, avalar la violencia de hombres contra mujeres o legalizar el
racismo. Tampoco deberíamos poder imaginar que el totalitarismo del nacionalismo
vasco tuviera suerte distinta. No basta con la retórica de acabar con sus
pretensiones en las urnas, por muy necesario que sea desplazar democráticamente
a los nacionalistas del Gobierno vasco. Nadie aceptaría que, contra el racismo o
la violencia, se fiara todo a las próximas elecciones. Nadie debería aceptarlo
ahora. Además, el presidente del Gobierno tiene la obligación de hacer constar
que la oposición al plan Ibarretxe no son sólo los programas de los partidos,
incluido el suyo, sino la Constitución y la democracia, algo de lo que
socialistas y conservadores forman parte.