NACIONALISMOS E IMPERIO DE LA LEY

Artículo de Germán Yanke en “La Estrella Digital” del 01 de septiembre de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Bien, están todos muy animados y rebeldes en el comienzo del curso político, muy aguerridos, muy valientes y alejados de la tranquilidad burocrática. José Montilla, presidente de la Generalitat, responde al vicepresidente Solbes diciendo que “Cataluña no aceptará imposiciones”. Juan José Ibarretxe, poco antes, se había despachado con la especie de que una sola persona —el presidente del Gobierno— no puede oponerse a la representación de toda la sociedad vasca. Xabier Arzalluz, por su parte, celebra el fin del verano saliendo de la cueva como un maduro neandertal y, después de lamentar la vida difícil de los terroristas de ETA, nos aclara que es “una barbaridad” que a “su pueblo” se le quiera tener en un sitio donde no quiere estar.

Están todos tan envalentonados, al menos retóricamente envalentonados, que, si no se les hace caso, nos advierten de las consecuencias. “Radicalismo”, dice Montilla, fenómenos como la Liga Norte, reclamación del concierto económico. Ibarretxe, como ya tiene concierto —y radicalismo—, habla de una conmoción en Europa de la mano de Escocia y Flandes. Arzalluz, que con la edad se ha vuelto simple, repite “independencia, independencia”. No son las mismas consecuencias, pero parece haber un nexo común entre estos audaces guerreros: la queja de que contra una hipotética voluntad de sus pueblos, sobre la que se despliega toda la mitificación posible y toda la mistificación imaginable, sólo se opone un argumento, un único argumento especifica Ibarretxe.

Lo que ocurre es que ese argumento es la ley, y el imperio de la ley es, en definitiva, lo que sostiene la seguridad jurídica y el Estado de Derecho que da carta de naturaleza a nuestros derechos y libertades. Una vez vigente el Estado de las Autonomías, todas las tensiones nacionalistas —a las que los socialistas catalanes se han sumado animosamente— han tenido y tienen como elemento común no ya la deslealtad con el Estado, ni tampoco sólo la voracidad de los administradores, sino un constante reto al imperio de la ley con la disculpa de una “voluntad” popular que, en el fondo, nunca demuestran. Tampoco lo justificaría demostrarlo porque, sin el principio de legalidad, ni hay democracia ni libertades ni se puede propiamente crear Derecho democrático.

La contradicción del principio de legalidad, bajo cualquier disculpa (desde la emoción popular a su pretendida voluntad) ha sido el germen de todos los totalitarismos. El malestar del nacionalismo en general y el vasco en particular con el sistema constitucional —que se constata desde el inicio mismo de éste en España, que es cuando se manifiesta aquél— es ya una evidencia, pero sorprende que los socialistas catalanes, cuya doctrina pertenece a otra realidad, se mimeticen tan pasmosamente con el nacionalismo, quizá porque se han contagiado de un victimismo que, sin resolver nada, disimula la propia incapacidad para ofrecer un programa constitucional y moderno.

Algún disidente de los comunismos del este de Europa dijo, con sentido del humor y con sentido común, que, después de esperar el triunfo de su “justicia”, lo que consiguieron tras la caída del muro y la vuelta a la democracia, fue, afortunadamente, el imperio de la ley. Se trataba de tener un Estado democrático y de Derecho y no, sin más, salirse con la suya, que es lo que tantos nacionalistas (y asimilados) pretenden ahora en España.