LA PERIPECIA DEL ESTATUTO CATALÁN

Artículo de Germán Yanke en “La Estrella Digital” del 20 de agosto de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

La peripecia del Estatuto de Cataluña en el Tribunal Constitucional es una de las cosas más pasmosas de la vida política institucional. Tras una demora incomprensible, retrasos, cambios de borradores, etc., han pasado años desde que en el verano de 2006 se presentarán los correspondientes recursos. Para los magistrados no puede ser tan difícil dictaminar la constitucionalidad del texto si en el Tribunal no hubiera una batalla interna, de ribetes políticos, y en el exterior una presión, también política, en la que entran en contradicción lo políticamente conveniente con lo jurídicamente admisible. De hecho, si la bilateralidad y la dependencia de las políticas generales del Estado de un acuerdo con la Generalitat son declarados constitucionales, aunque sea con retórica a la baja, la conclusión no podría ser otra que, aquí y ahora, todo, una cosa y la contraria, pueden ser del mismo modo constitucionales. El problema, seguramente, es que los magistrados están en la encrucijada de salvar o no salvar los elementos más discordantes del Estatuto a cambio de dejar sin sentido la Constitución o salvaguardarla de algún modo. Este equilibrismo quizá necesite dos, tres o más años.

A la peripecia en el Constitucional se añade la particular visión del Gobierno: nada hay extraño en el texto aprobado en su momento ya que está vigente todo este tiempo sin que pase nada, como ha venido a decir el ministro de Justicia. ¿Nada? Quizá el desorden legal e institucional que padecemos, que ha tenido su último episodio en la negociación de la financiación autonómica, le parezca nada al Gobierno, pero no se puede argumentar seriamente de ese modo, sobre todo siendo, como al parecer es el ministro Caamaño, profesor de Derecho Constitucional. Si se compara, a trazos gruesos y un tanto infantiles, el Estatuto con aquello que se llamaba la ?España rota?, se puede admitir que España sigue sin romperse. Pero si se contrasta el texto del Estatuto con el funcionamiento adecuado del Estado y de las políticas generales estamos padeciendo, incluso para salir de la crisis (véase, como ejemplo, el caso de las fusiones de cajas de ahorro y sus peajes autonómicos), los efectos de una España institucionalmente destartalada.

El caos de consensos, peajes, competencias contradictorias y vetos de los lander en Alemania hizo que el Gobierno socialdemócrata se propusiera poner orden para salvaguardar las políticas estatales, las que se consideraban convenientes y las que, además, se habían votado en las elecciones generales. Aquí estamos terminando, con un aire ufano que escandaliza, en el lugar que los alemanes se decidieron abandonar. Añádase a la confusión y a la pérdida real del sentido de las prescripciones de la Carta Magna, y a la discusión técnica y serena sobre las mismas, el que Carod Rovira, consejero primero del Gobierno de coalición con el PSOE, llame ahora, desde su representación institucional, a salir a la calle para presionar al Tribunal Constitucional empezando la batalla, como ha dicho su lugarteniente Tardá, que la presión, como en el caso de la financiación, es el único modo para que el PSOE, y con él los magistrados competentes, ceda a la ?voluntad del pueblo catalán?. Ese es el ambiente, en el que la ley ha dejado de tener sentido, y esa es la peripecia, en la que sus guardianes no encuentran, claro, el norte. El norte para salvarse ellos, que ya parece que lo de la Constitución y el Estatuto es lo de menos.