LA DECLARACIÓN DE SOL

 Artículo de José Antonio Zarzalejos en “ABC” del 11.12.05

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

... España ha entrado en regresión porque el particularismo ha sustituido a la universalización y los territorios a los ciudadanos. Cobra así todo su sentido la reivindicación actualizada de una «Nación de ciudadanos libres e iguales»...

LA involución del discurso político del Gobierno está comenzando a ser demasiado evidente incluso para los escasos representantes de la izquierda liberal española. El anudamiento de las políticas gubernamentales a los propósitos nacionalistas, condiciona la acción del Ejecutivo hasta límites que no deberían consentirse ni siquiera apelando al pragmatismo político. No deja de causar perplejidad que, mientras el líder de la oposición propugna una «Nación de ciudadanos libres e iguales», el presidente del Gobierno declare, en un ejercicio prototípico de «buenismo» ideológico, que propondrá a las fuerzas políticas la sustitución en el artículo 49 de la Constitución del término «disminuido» por el de «discapacitado». Tampoco encaja con la encarnadura ética y táctica de la presidencia del Gobierno que, a los pocos minutos de un discurso esperanzado sobre el fin del terrorismo, la banda criminal responda con la colocación de una serie de artefactos que alteran gravemente el tráfico rodado en el entorno de la capital de España. En modo alguno resulta comprensible que, mientras en el Congreso, el Gobierno, la oposición y una representación social amplia celebran el XXVII aniversario de la Constitución, los socios más cualificados del Gabinete se dediquen a arrancar públicamente las páginas de un ejemplar de la Carta Magna. Y cuesta mucho digerir que nuestra política exterior haya realizado apuestas tan precipitadas que ahora deparan graves frustraciones, sea en la Unión Europea, en la relación con los Estados Unidos o Marruecos, o en el preferente ámbito iberoamericano. Pero es el emponzoñado y perverso comportamiento político de la banda terrorista ETA y de su extensión «civil» -Batasuna-, el que, con los destellos rupturistas del proyecto de Estatuto catalán, lo que más daño está haciendo al Gobierno y lo que, correlativamente, está ofreciendo más oportunidades a la oposición para muscular su discurso de alternativa política.

Los etarras y sus epígonos han planteado al Ejecutivo un macabro horizonte de expectativas que manejan a su antojo y a sus muy estudiados ritmos. La máxima rentabilización de las contradicciones internas entre las fuerzas políticas españolas, la dominación de la estabilidad parlamentaria por ERC -con cuyo líder ETA pactó una tregua circunscrita a Cataluña en el encuentro de enero de 2004 en Perpiñan-, el abismal distanciamiento del Partido Popular y del PSOE en toda materia que afecte a la gobernación del país, sea cual sea la materia de que se trate, y la relativización de la Transición y de la propia Constitución, y no sólo en la estructuración autonómica del Estado, son variables que los estrategas de ETA combinan con una capacidad de impacto que no por indeseable debe dejar de reconocerse y denunciarse.

Batasuna y sus dirigentes han recuperado ya el terreno que creyeron irremediablemente perdido después de su ilegalización por el Tribunal Supremo; su propósito actual es el de concurrir a las elecciones locales y forales de 2007 para reponer la urdimbre económica y de complicidades preexistente a su expulsión del ámbito democrático, de tal manera que éste es el momento en el que la banda se encarga de seguir mostrando -si bien con cálculo medido- su capacidad criminal (explosiones, cobro del chantaje a empresarios y profesionales, episodios de terrorismo callejero), en tanto que Batasuna cincela un seudo discurso político que ofrezca apariencias y convicciones bastantes como para que el presidente del Gobierno mantenga, sin plazo y con resignada paciencia, una confusa oferta de diálogo a cambio de un abandono definitivo de las armas que ETA ni ha planteado ni va a ofrecer. Sus treguas «sectoriales» -en Cataluña, a los electos del PP y del PSOE- son suficientes para mantener el actual estado de expectativa y de ansiedad. Una y otra, más la contaminación a que somete el proceso de debate del proyecto de Estatuto para el Principado, otorgan a ETA y a su entorno una desorbitada capacidad de arbitraje en el discurrir de la acción de gobierno de Rodríguez Zapatero, virtualmente ahogada en las secuenciales declaraciones que profieren ora Otegi, ora Carod Rovira.

Estas circunstancias que constriñen al Gobierno, expanden la capacidad persuasiva de la oposición popular que alcanzó con la ya conocida como «declaración de Sol» una madurez ideológica muy convincente. Que la derecha democrática española, en un escenario ciudadano especialmente evocador para la izquierda, hiciese profesión de fe en la ciudadanía como medida de referencia para todas las políticas; apostase por la igualdad y la libertad en un país al que le faltan muchos peldaños para conseguir la plenitud en ambas cualificaciones democráticas (el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la pobreza en España es muy aleccionador) y se adhiriese a los símbolos -enseñas y lenguas- de la pluralidad territorial configurada por la Constitución de 1978, resulta letal para las concepciones de la izquierda. Que, desafortunadamente, han incurrido en una celada histórica muy propia de los estados ideológicamente carenciales: la de suponer que los nacionalismos periféricos en España, a estas alturas, garantizaban una suerte de marchamo progresista, al modo antifranquista, cuando, en realidad, está ocurriendo todo lo contrario. Algunos intelectuales de la izquierda se lo están diciendo con claridad al Gobierno: no están dispuestos a batir palmas con proyectos y discursos como los que vienen de Cataluña.

Por eso la «declaración de Sol» puede ser un verdadero prontuario argumental para una derecha liberal-conservadora, laica y nacional a la que sólo le falta -y sus dirigentes lo saben- abrir un boquete en el cinturón aislante en el que el socialismo «buenista» de Rodríguez Zapatero la ha querido envolver. La subasta entre el nacionalismo de ERC y el de CiU, propiciada por el propio PSOE, trata, no sólo aliviar la presión que ejercen los dirigentes republicanos sobre la Moncloa, sino también advertir a las huestes del partido que fundara Jordi Pujol de que su opción es el gobierno y no la árida oposición; y que su acceso se franquea mejor con los socialistas que con los populares.

Mientras se decanta la situación -y para ello el Gobierno debe dejarla reposar sin abrirse de manera continua frente tras frente-, la derecha democrática está obligada a ahondar en los fundamentos del discurso de Mariano Rajoy en la Puerta del Sol. Los ciudadanos son libres cuando disponen de certidumbres para el ejercicio de sus facultades constitucionales; ahora esas certezas, algunas básicas, no existen. Los ciudadanos son iguales, no sólo cuando disponen de similares oportunidades, sino también cuando las políticas de los Gobiernos persiguen el establecimiento de condiciones de vida y prosperidad homogéneas, constituyéndoles a ellos, y no a los territorios o a las comunidades, en los sujetos titulares de su acción. Ahora eso tampoco ocurre, del tal manera que España ha entrado en regresión porque el particularismo ha sustituido a la universalización y los territorios a los ciudadanos. Cobra así todo el sentido la reivindicación actualizada de una «Nación de ciudadanos libres e iguales» en los términos literales de la «declaración de Sol».