LA LIQUIDACIÓN DE LA DERECHA

 Artículo de José Antonio Zarzalejos. Director de ABC, en “ABC” del 21.05.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

LA simetría es casi perfecta: a la vez que la izquierda y los nacionalistas reivindican la legitimidad democrática en la II República de 1931 como fuente de la actual del sistema constitucional, se comportan como lo hicieron en aquellos terribles años sus antecesores ideológicos, es decir, con igual sectarismo y con el mismo sentido de apropiación de la democracia. El lema del Partido Socialista de Cataluña para la campaña del referéndum del Estatuto («El PP usará tu no contra Cataluña») es una indignidad guerracivilista y exuda, no ya hostilidad, sino un propósito eliminador del adversario político. Es, además, un eslogan cobarde porque el verdadero protagonista de la negativa al Estatuto catalán es Esquerra Republicana de Cataluña contra la que el partido de Maragall no se atreve a confrontar. Pero el despropósito catalán -que el reclamo sufragista del PSC no hace sino subrayar de manera alarmante- tiene un mismo origen: la negación por parte de la izquierda radical que nos gobierna -que a lo peor no está sólo en el Gobierno sino también en sus aledaños- de la legitimación de la Constitución de 1978 en cuanto su aceptación implique -que lo implica- la superación de determinados episodios históricos en los que la izquierda y los nacionalismos vasco y catalán tuvieron un protagonismo que resulta indeseable a sus sucesores.

La irrupción de la memoria histórica no busca sólo la rehabilitación de los que perdieron la malhadada guerra civil, sino la estigmatización de los que la ganaron y, especialmente, la concienciación colectiva, primero sutil y luego explícita, de que la actual derecha democrática española -representada en el Partido Popular- es la heredera del franquismo. En ese contexto se inscribe también la beligerancia laicista en la que se vincula a la Iglesia con la llamada Cruzada de 1936-39. El espejo de todas las virtudes -«España contempla con orgullo y satisfacción la II República» resultan palabras ya memorables del presidente del Gobierno- estaría en el régimen de 1931 debidamente podado de las adherencias totalitarias que le acompañaron (censura de prensa, detenciones arbitrarias, leyes represivas como la de Defensa de la República) y todas las tropelías serían las perpetradas por los otros que, en versión actualizada, son aquellos que usarán «tu no contra Cataluña».

El desmantelamiento del diseño constitucional del reparto del poder territorial y la alteración de los modelos éticos y cívicos, procesos impulsados desde una visión radical y precipitada, desacompasados de las auténticas necesidades de la sociedad española y sin el grado de consenso necesario para que no generen inestabilidad y enfrentamiento, empiezan a constituir un fracaso. La desagregación de voluntades individuales y colectivas al proyecto -en el supuesto de que lo sea y no consista en una improvisación ideologizada y alentada de un espíritu de exasperada hostilidad- también comienza a ser notorio.

La ruptura de la unidad de mercado distancia a los empresarios de la presente dinámica de decisiones políticas; la desconsideración hacia la sensibilidad moral de una buena parte de la sociedad española, sea en temas de carácter ético, educativo o biogenético, está creando bolsas ciudadanas de resistencia hacia normas legales y reglamentarias que son verdaderas apuestas por las alternativas más radicales y menos ponderadas; la banalidad argumentativa en la justificación de medidas y comportamientos está espantando a los intelectuales liberales de la izquierda española que, o han enmudecido o se muestran -los menos- críticos con el Gobierno; la exhibición libre y sin reproche alguno de la simbología republicana, en unos casos, o independentista en otros, (véanse las imágenes de la final de la Copa de Europa en París, con las gradas repletas de cartelería separatista), se ha convertido en una especie de divertimento sólo aparentemente inocuo pero que va logrando calar en el subconsciente colectivo que comienza a percibir factores de transitoriedad en instituciones permanentes del Estado; en el acaecimiento de grandes estafas o fiascos financieros, como el de los sellos, se trata de responsabilizar a la recurrente herencia recibida; el caciquismo en los medios públicos -y el beneficio que el poder presta a otros privados-, vuelve a generar un discurso férreamente ortodoxo frente al que el discrepante se convierte en carne de eslogan, lema o descalificación.

Todas estas políticas -en general de resultados por el momento desastrosos- convergen en un propósito: deslegitimar el sistema actual para, primero, ir urdiendo otro a la medida de un nuevo eje de poder nacionalista-socialista y, después, establecer las condiciones idóneas para la progresiva eliminación de la alternativa política que representa el Partido Popular. Lo de menos, a los efectos de la tesis que aquí expongo, es que el PP encare esta operación con mayor o menor acierto; tampoco es relevante por lo que se refiere a la cuestión de fondo, el error de incurrir en políticas mediáticas endogámicas y anacrónicas que apelan a las vísceras en vez de hacerlo al intelecto. Lo esencial es concluir que la ultima ratio de las políticas gubernamentales, que el hilo conductor del discurso político del Ejecutivo, de su partido y de los nacionalistas, lo constituyen propósitos de estigmatización histórica de la actual derecha española. La destrucción del lenguaje como un pacto por el que todos entendíamos los mismos conceptos - Nación, matrimonio, familia, legalidad, independencia, Estado, justicia- está en el núcleo duro de una estrategia que se basa mucho más en derruir que en edificar, en eliminar que en acrecer.

El Gobierno no quiere consensos con la derecha española porque el consenso fue el instrumento político e histórico de la transición de 1978. Por eso, no le importa que el Estatuto de Cataluña esté condenado a un respaldo político y popular mucho menor del que dispone el actual; tampoco que las grandes leyes, orgánicas o no, pero de gran alcance social, cuenten con el voto de la derecha española. El consenso es, en estos momentos, un contravalor de la democracia cuando hasta hace muy poco consistió en su gran herramienta de trabajo. Lo que importa al Gobierno y a las políticas que desarrolla no es sólo su resultado, sino sus efectos colaterales que consisten en ir marginando a la derecha por el procedimiento de formular planteamientos estrictamente sectarios.

Si el PSC apuesta por el indigno lema de «El PP usará tu no contra Cataluña» -tan indigno como el pacto del Tinell que conjuraba a los partidos del naufragado tripartito a no colaborar de modo alguno con la organización presidida por Mariano Rajoy- es porque se está intentando matar dos pájaros de un tiro: transferir a ese partido el eventual fracaso del referéndum catalán y concentrar sobre la derecha española la carga de las frustraciones, históricas y actuales, de la izquierda y de los nacionalismos. Y si así son las cosas, si el consenso ya no es una herramienta primordial de la política española, si el sistema constitucional trae causa del pasado más divisor de los españoles -la República de 1931- , si lo que se pretende, y así sucede, es estigmatizar a la derecha democrática, habrán de comprender la izquierda y los nacionalistas que pronto sea un clamor la reclamación de un nuevo periodo constituyente porque el cerrado en 1978 lo están haciendo fracasar ellos y por el mismo procedimiento sectario y excluyente que utilizaron sus ancestros para hundir la II República.