LA TREGUA DE ETA (Y 3) FRENAZO EN SECO Y CIERRE DE FILAS
Artículo de José Antonio Zarzalejos en “ABC” del 26.09.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
... El paso subsiguiente y esencial consistiría en retirar del horizonte de ETA, Batasuna y del nacionalismo en general cualquier expectativa de soberanismo, autodeterminación o territorialidad...
¿CÓMO se puede evitar que este mal llamado proceso de paz -en la práctica ya difunto- discurra como un mecanismo de privación de cualquier expectativa negociadora con la banda terrorista? Sin duda con una drástica reducción de las contradicciones del sistema político español mediante una renovación del entendimiento entre los dos grandes partidos nacionales. La batalla por el poder está planteada en unos términos que no permiten demasiado resquicio a la esperanza. El cambio generacional en el PSOE y las estrategias cruzadas en el PP auguran un enconamiento que no deje hueco para establecer un marco determinado para la esgrima política que salvaguarde, sin embargo, los consensos básicos. En este sentido, las declaraciones de los personajes socialistas y populares protagonistas de la transición son elocuentes. Un Manuel Fraga o un Rodríguez Ibarra -ambos recientemente entrevistados en este periódico- son capaces de un ejercicio de responsabilidad que sus sucesores ni siquiera han intentado. ¿Por qué no reflexionan las nuevas generaciones socialistas?
Pero en la actual situación del «proceso» -signado por unas exigencia exorbitantes de ETA y su entorno- la única alternativa posible consiste en frenar en seco cualquier «paso», cualquier concesión, si previamente no se producen esas muestras inequívocas de abandonar la violencia que todos los partidos exigieron en 1988 para alcanzar una solución dialogada cuyo contenido sería, exclusivamente, graciable, esto es, la definición de un ejercicio de generosidad atenida a la ley. Hasta ahí se puede llegar, pero ni un milímetro más. El Gobierno nos aseguró que esta tregua no era compatible ni con el terrorismo callejero ni con el chantaje. Y sin embargo, se están produciendo de modo grave y constante ambas expresiones delictivas que no por supuestamente «coyunturales», según un diagnóstico inadmisible del secretario de Organización del PSOE, resultan veniales o banales. Si Rodríguez Zapatero es coherente con su último discurso en Cataluña -el domingo pasado- debe regresarse a una exigencia berroqueña hacia los comportamientos criminales de la banda.
Los ya seis comunicados de ETA -desde el mes de marzo, incluido los dos primeros- declarando el «alto el fuego», demuestran que la banda sigue utilizando un lenguaje que remite al regreso del terrorismo y la coacción, del chantaje y de la imposición. No son aceptables. Sobre esos términos, la operación de interlocución no es posible. Hay que detenerla de forma inmediata, sin buscar recovecos a una situación que es transparente en cuanto a las intenciones de los terroristas. Es quizás en este frenazo al «proceso» en el que el Partido Popular debe colaborar abiertamente. Si el Gobierno asume que se ha precipitado y, especialmente, que su «verificación» -la fáctica y la volitiva, lo que hace ETA y lo que piensa ETA- es abiertamente negativa -y lo es con un obviedad cegadora-, la oposición debería colaborar con el Ejecutivo en un cierre de filas completo y sin fisuras.
El paso subsiguiente y sustancial consistiría en retirar del horizonte de ETA, de Batasuna y del nacionalismo en general, también del llamado democrático que suele comportarse con un feroz radicalismo, cualquier expectativa de soberanismo, autodeterminación o territorialidad y para ello puede que haga falta una reformulación constitucional en un sentido por completo inverso al que la izquierda gobernante y sus socios plantean.
Si la Constitución española actual permite -y los órganos políticos, de garantías constitucionales y los judiciales no pueden evitarlo-, que existan dudas que provoquen portillas en el sistema por las que pueda colarse la dilución de la nación española y el modelo de Estado unitario autonómico que consagra, será preciso una operación constituyente que revise y contraste la Carta Magna de 1978. La interpretación laxa de la Constitución es fruto de su origen transaccional, pero superado el tiempo inicial de la democracia española -más de un cuarto de siglo- es hora de consolidar los pilares del sistema para evitar su autodestruccción mediante una caprichosa hermenéutica que siempre conduce a fortalecer la parte en detrimento del todo.
Estoy, efectivamente, propugnando una reforma constitucional que reintegre al Estado su carácter pleno; que establezca interdicciones insuperables a la mutación tramposa del concepto de autonomía hacia el de cosoberanía; que impida de forma directa la creación de estatutos de ciudadanía diferentes por vía autonómica; que incorpore con carácter definitivo el número y denominación de comunidades autónomas; que establezca medidas rotundas para mantener la unicidad del poder judicial; que exija de manera concreta y detallada las formas de solidaridad interterritorial y que establezca las condiciones que definen a los partidos democráticos de los que no lo son para que no haya intrusos que revienten el sistema desde dentro, y que, además, tendría que establecer nuevos mecanismos en el modelo electoral para primar, en las elecciones a las Cámaras estatales, a las formaciones de ámbito nacional. Señalar determinados porcentajes -el cinco por ciento de los votos del conjunto del censo, por ejemplo- para acceder al Congreso corregiría un sistema proporcional que otorga parcelas desproporcionadas de poder a los pequeños partidos y no permite que los grandes -PP y PSOE- se comporten como organizaciones de carácter nacional.
Esta reforma constitucional debería conformar un Estado, una nación y una ciudadanía, no susceptibles de someterse a interpretación extensiva o restrictiva; retiraría cualquier expectativa de secesionismo abierto o encubierto a los nacionalistas y haría decaer, por lo tanto, las estratagemas de ETA y su entorno para el logro de sus propósitos.
Porque la banda terrorista en este tremendo proceso de supuesta paz lo que busca es perpetuarse y hacerlo sobre un reconocimiento moral, no sólo político. Al alcanzar la condición de interlocutor y canalizar su discurso político a través de los circuitos del propio sistema, los terroristas están, no sólo asegurándose el futuro, sino legitimando su pasado. Este y no otro es el quid de la cuestión. Están en un proceso de rehabilitación ética, vistiendo el crimen con el ropaje del propósito político, adulterando la historia para que la historia no les juzgue, intentando la respetabilidad que otorga el diálogo con las instituciones y reclamando su parte en este festín absurdo en el que se desmantela un Estado -el español- que se fundó sobre una nación plural, el olvido consciente del pasado, el afán de futuro y el amor a la libertad. Y esto es lo que están en juego: el Estado, la nación y la ciudadanía.
La gran partida que plantea ETA, como expresión paroxística del nacionalismo, es el desguace de los contenidos jurídicos y políticos de esos tres conceptos en los que se asienta la libertad y la democracia. Pactar con el Estado es para ETA migrar de su actual condición criminal a otra naturaleza, la de organización política;partir la nación -mediante una declaración jurídica de reconocimiento de la nación vasca- supondría abatir la pieza después de cuarenta años de cacería, y fundar una ciudadanía vasca sería tanto como entroncar con el misticismo sabiniano y alcanzar la condición de legataria de la utopía nacionalista.
Por todo eso, este proceso sólo puede ser una verdadera oportunidad para la libertad, y consecuentemente, para la paz, si se resiste, desde el Estado, la arremetida contra su legitimidad que ETA y su entorno están intentando como un estertor agónico, como una convulsión terminal. Y si hemos llegado hasta aquí resistiendo ¿qué razón hay para el desistimiento cuando en el horizonte se perfila la esperanza de una victoria moral, política y ciudadana?
Director de ABC