HISTORIA DE UN ABUSO
Artículo de José Antonio Zarzalejos en “El
Confidencial.com” del 10 de octubre de 2009
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
web
El PNV
se dispone, ante la debilidad del Gobierno y del PSOE y, seguramente con la
confusión del PP, a “blindar” el Concierto Económico vasco a cambio de sus seis
votos en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el
Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Y si así sucede, se perpetrará un abuso de
enorme magnitud. Afirmación ésta compatible con la aceptación sin reserva
mental de que el Concierto fue el procedimiento de financiación autonómica que,
desarrollado mediante una ley de 1981, prorrogada indefinidamente por
otra de mayo de 2002 por el entonces Gobierno de José María Aznar, se asumió
constitucional y estatutariamente como sistema tradicional de los territorios
vascos a modo de restauración del último vestigio foral que quedó después de la
ley de 21 de julio de 1876 que abolió los fueros vascongados elaborada por
Cánovas del Castillo tras la última guerra carlista. Ciento treinta y
tres años nos contemplan. Hasta el franquismo respetó el Concierto para Álava y
el Convenio para Navarra, suprimiéndolo para las “provincias traidoras” de
Vizcaya y Guipúzcoa mediante el ominoso Decreto de “castigo” dictado en 1937.
La Unión Europea, gracias, entre otros factores, a la defensa
cerrada que el Estado español ha hecho del Concierto, lo ha admitido, aunque no
sin reticencias, porque no deja de ser muy peculiar en la UE que tres
provincias (la vascas) y una comunidad (Navarra, con su correlativo Convenio)
tengan prácticamente las mismas facultades normativas, de gestión, inspección y
recaudación de impuestos que las que disponen sus Estados miembros.
Las
Juntas Generales de las provincias vascas han cometido algunos abusos de grueso
calibre en el desarrollo de las facultades concertadas de que disponen y
que han sido anulados por los tribunales nacionales y de la UE. Por ejemplo, el
que perpetraron al establecer las llamadas “vacaciones fiscales” en el impuesto
de sociedades lo que suponía una competencia desleal en la medida en que deslocalizaban inversiones que en circunstancias fiscales
homogéneas se habrían dirigido a comunidades lindantes con el País Vasco:
Rioja, Castilla y León o Cantabria. Esas comunidades se han podido defender de
esa competencia desleal impugnando las normas forales tributarias ante los
tribunales ordinarios porque tienen naturaleza reglamentaria aunque, en el
ámbito de cada una de las provincias vascas, dispongan de fuerza de ley
material. Y el Tribunal de Luxemburgo, en tres sentencias de 9 de septiembre
pasado, las ha declarado también ilegales. Ayer, la Diputación de Vizcaya
anunció que recurrirá en casación las sentencias de los jueces comunitarios.
El PNV le ha visto las orejas al lobo: sabe que ya no puede hacer mangas
y capirotes con las facultades normativas fiscales de las Juntas Generales y
pretende (lo lleva pretendiendo desde hace muchos años, desde 1993) que éstas
no sean recurribles más que ante el Tribunal Constitucional, como si se
tratasen de leyes formales. Y es lo que le exige al Gobierno que haga el
próximo día 13, el martes, en el Congreso: que modifique las leyes orgánicas
del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional para que estas normas se conviertan
de hecho en leyes, como si el Derecho constitucional fuese de plastilina.
El
despropósito es total porque si se “blinda” el Concierto como pretende el PNV
se llegaría al absurdo de que en el País Vasco existirían cuatro instituciones
con capacidad legislativa: el propio Parlamento y las Juntas Generales de
cada territorio. Se entraría entonces, no sólo en colisión con las leyes
orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sino también con la
misma Constitución, abriendo una vía de agua de similar importancia cualitativa
a la que representan muchos de los preceptos del Estatuto de Cataluña.
Bastante
es que el País Vasco disponga de un procedimiento de financiación tan favorable
como el Concierto; bastante es que las Juntas Generales se permitan desmarcarse
del incremento fiscal que va a presentar el Gobierno (en Vizcaya, Álava y
Vizcaya no se suprimirán las bonificaciones de los 400 euros en el IRPF a
determinados niveles de renta; el tipo de imposición al ahorro no irá del 19 al
21% como en el resto de España, sino que se será de tipo único, al 20%; las
deducciones por creación de puesto de trabajo serán infinitamente superiores a
las previstas por el Estado…) bastante es, en fin, semejante singularidad que
lo es tanto que no aporta más que un cupo a los servicios comunes pero no al
fondo de solidaridad. Bastante es que el único límite que la ley establezca al
Concierto es que se “mantenga la presión fiscal efectiva global equivalente a
la que existe en el resto del Estado”.
Pero
rebasa cualquier ecuanimidad, cualquier criterio de recto entendimiento de la
ciudanía, del principio de igualdad y de respeto al sistema de fuentes del
derecho, que unas normas reglamentarias forales de ámbito provincial sólo
puedan impugnarse ante el Tribunal Constitucional.
El victimismo egoísta del PNV
El
PSOE y el Gobierno barajan fórmulas que no impliquen textualmente el blindaje
que pide el PNV (un compromiso político, la convalidación por el Parlamento
Vasco de las normas forales tributarias mediante el procedimiento de
lectura única…), pero los nacionalistas quieren una garantía total. Y es muy
posible que los socialistas –los mayores detractores históricamente del
Concierto, ya durante la República y luego en democracia—se la presten. ¿Olvidarán
en el Grupo Socialista que tanto en 1981 como en 2002 se abstuvieron en
la votación de las leyes reguladoras del Concierto Económico? Sería
verdaderamente grave que el PP diese cobertura a la pretensión del
PNV. Es verdad que los populares vascos están por la labor.
En el País Vasco el único aspecto de la autonomía que une a prácticamente
todos los ciudadanos no es ni la bandera, ni el himno, ni las instituciones, ni
la propia comunidad autónoma: es el Concierto Económico porque propicia
enormes flujos financieros públicos para las infraestructuras de todo tipo
(educación, sanidad, transportes…) y, además, deja grandes remanentes para
subvenciones y para la nutrición de iniciativas varias y diversas.
Ni
socialistas ni populares quieren aparecer, ahora que son ellos los que
forman la mayoría parlamentaria en Vitoria, como los que niegan al Concierto
esta garantía exorbitante. Sin embargo, aunque López se contraríe y pese a que Basagoiti se enfade, el blindaje que pretende el PNV es un
agravio al resto de los ciudadanos españoles, a los demás sistemas autonómicos;
es un forzamiento de la Constitución y una ruptura del modelo de Estado, otra
más, que haría de España una país todavía más injusto y desigual.
Los nacionalistas han visto la oportunidad de poner en un brete al PSE y al PP,
desestabilizando así al Gobierno de López y deteriorando su entendimiento con
el PP. Pues aunque el lendakari y Basagoiti
pasen por alguna dificultad –por peores han transitado—el Congreso ha dar una
negativa a este reclamación abusiva y sin sentido. Si algún partido ha abusado
de la democracia española y del conjunto de España ha sido el PNV.
En algún momento habrá que poner límite a esa voracidad egoísta que ha tenido
un efecto depredador respecto de otras muchas regiones españolas.