ESPAÑA, UN ESTADO INSOSTENIBLE

Artículo de José Antonio Zarzalejos en “El Confidencial.com” del 14-11-09

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

Vamos a entrar en un nuevo período constituyente no sólo por razones políticas sino también por razones económicas. Porque la estructura de este Estado de las autonomías y el clientelismo político y social que ha generado no nos lo podemos permitir. En definitiva, porque el Estado es demasiado caro para un país que, como España, es modesto y se encuentra sumido en una recesión de la que tardaremos en salir mucho más que nuestros socios de la UE. Un retraso en la recuperación –la eurozona despega, nosotros no- que tiene también que ver con el despilfarro que propicia el andamiaje público que, en cierta forma, se convierte en una modalidad “respetable” de corrupción, que los empresarios familiares denunciaron como una grave rémora en su última convención de Zaragoza celebrada hace sólo unos días.

La mejor de las iniciativas legislativas que recuerde del PNV ha consistido en una proposición de ley, en virtud de la cual se solicita la modificación de la Ley de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno para que se delimite que el Ejecutivo se “compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, y de los Ministros. El Presidente organizará el Gobierno atendiendo a criterios de racionalidad, austeridad y eficiencia, y en ningún caso podrá contar con más de dos Vicepresidencias, ni podrá superar el número de catorce Ministerios”. La proposición ha prosperado y los nacionalistas vascos entienden que sobran los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad, pasando sus actuales competencias a Educación, Fomento, Sanidad y Asuntos Sociales respectivamente. Y la vicepresidencia tercera que ocupa Manuel Chaves.

Hasta el propio Almunia ha advertido de la necesidad de contener los gastos de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas

Ignoro si al final la ley se modificará como planteó el PNV, pero es evidente que el Gobierno ha entrado en asfixia financiera y ya ha previsto suprimir organismos públicos en el contexto de un plan de austeridad  que se refleja en el plan económico-financiero 2010-2012 que ha sido remitido al Congreso. El dicho plan no tiene demasiadas medidas concretas (reduce el empleo público en un 15%), pero demuestra que a este ritmo se nos escapan todas las variables macroeconómicas y, entre ellas, el déficit que estará rozando el 10% este año y el próximo. Así, la UE, no nos aguanta. 

La Unión nos ha dado hasta 2013 para cumplir con el pacto de estabilidad (déficit en el 3%), objetivo que se antoja inalcanzable hasta dentro de muchos años. Y hasta el propio Almunia ha advertido de la necesidad de contener los gastos de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, justo al mismo tiempo –el pasado jueves—en que se aprobaba por los pelos la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA que aumenta el desapoderamiento del Estado en el ámbito fiscal y en el del control del gasto. 

Gasto autonómico sin control  

El año próximo al menos cinco autonomías gastarán 163.800 millones de euros más que  en el presente. Entre las comunidades con presupuestos expansivos  están Castilla-La Mancha y Cataluña y entre las que han hecho un esfuerzo de austeridad, Madrid y la Comunidad Valenciana. En esta situación recesiva, se producen, según informaciones no desmentidas, unos despilfarros inaceptables. Algunos ejemplos: el sostenimiento de un organismo de utilidad tan discutible como el Consejo Audiovisual de Cataluña tiene un coste de seis millones de euros, y está previsto en el proyecto de ley Audiovisual un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que dispondrá también de un presupuesto superior al catalán (hasta 34 millones), con el que convivirá. Según otras informaciones, tampoco desmentidas, en la Cámara de Cuentas de Andalucía, su presidente y consejeros se reparten 60.000 euros al año en gastos de representación que no requieren de justificación.

Dos pequeños –en realidad, grandes—ejemplos de la política de despilfarro que es ese gasto inútil que sirve para abonar fidelidades políticas y socializar entre amigos y militantes los beneficios del poder. Como las autonomías disponen de organismos de control (Sindicatura de Cuentas, Cámara de Cuentas, Tribunales autonómicos de Cuentas…) fuertemente politizados y escasamente exigentes, es posible, no solo casos de flagrante corrupción (Millet, Pretoria, y, en cierta medida, Correa) sino también una dinámica inercial de gasto que replica al del Estado: hay diecisiete administraciones; diecisiete funcionariados; diecisiete flotas de coches oficiales; diecisiete parlamentos; varias policías autonómicas… hasta componer una urdimbre de intereses personales o grupales que nada tienen que ver con los ciudadanos a los que se les exigen más y más impuestos para alimentar el gasto corriente y la gandulería pública.

El Basque Culinary Center

Así, me llama poderosamente la atención el ridículamente denominado Basque Culinary Center (¿por qué en inglés?). El tal center consiste en una Fundación auspiciada por la Universidad de Mondragón y afamados cocineros vascos –los habituales—para crear en San Sebastián una Facultad de Ciencias Gastronómicas y un centro de investigación e innovación en el parque tecnológico de la capital de Guipúzcoa.

Muy bien: el center nace con siete millones de subvención estatal, pero su presupuesto alcanzará los 17,7 (a golpe de subvenciones de otras entidades como el Ayuntamiento y la Diputación donostiarras) y no estará operativo hasta 2011. Con toda mi consideración hacia los impulsores de esta iniciativa, me parece impúdica en los momentos en los que nos encontramos. Está muy bien que los cocineros sean universitarios, pero no parece que resulte imprescindible gastarse ahora ese dineral en semejantes afanes, por más que este asunto forme parte de las compensaciones del Gobierno al PNV por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

El Estado constitucional de 1978 repartió el poder territorialmente con criterios improvisados e incoherentes.

¿Por qué se produce este sangrante despilfarro? Porque el Estado constitucional de 1978 repartió el poder territorialmente con criterios improvisados e incoherentes con una estructura unitaria y autonómica al mismo tiempo; porque desapoderó a las instancias estatales de control; porque, de una manera gradual e inexorable, fulminó el concepto de ciudadanía (todos los españoles, libres e iguales); porque primó castas políticas autonómicas caciquiles y porque contentó aspiraciones –siempre arropadas en grandes palabras de reivindicación “histórica”— a base de dinero, dinero y dinero y cesiones competenciales exorbitantes. Y hasta aquí hemos llegado: un Estado, el español, insostenible que, a mayor abundamiento, y a diferencia de cualquier otro en Europa, tiene cinco haciendas soberanas: la del Estado, la de Navarra, la vizcaína, la alavesa y la guipuzcoana lo que provoca una desatada emulación entre autonomías que neutraliza a las instancias centrales, siempre acosadas por peticiones periféricas.

Cuando se habla de “Estado fallidos” se hace referencia a aquellos en los que no existe el imperio de la ley; cuando hablamos de Estados insostenibles, lo hacemos a aquellos como el español que han de reformularse por entero para ser económicamente viables. Ahora España, no lo es. Y para que lo sea habrá que diseñar un Estado propio de un país con nuestras posibilidades en el que las arbitrariedades en el gasto público  no sean posibles y cuya estructura general tenga un racional político y económico del que ahora carece  casi por completo. Mientras tanto estamos donde estamos: a la cola de UE y con un panorama desolador.