LA REVANCHA DE ZAPATERO O LA RUPTURA CON LA TRANSICIÓN
Artículo de José Antonio Zarzalejos en “El
Confidencial.com” del 17 de abril de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web
La Transición democrática se fundamentó en dos pilares: la reconciliación entre los españoles compartiendo memoria de los errores recíprocos y aceptando la más amplia amnistía de nuestra historia, y la distribución territorial del poder mediante un Estado autonómico que reconocía la personalidad de regiones y nacionalidades, declaraba la unicidad de la Nación y hacía residir en el conjunto del pueblo español la soberanía.
Desde Suárez a Aznar, y hasta 2004, este doble pacto -con mayores o menores dificultades- se ha venido manteniendo. Con José Luis Rodríguez Zapatero, esta corriente histórica de casi tres décadas se ha quebrado. Dos medidas legislativas han sido el instrumento de esta ruptura: la Ley de Memoria Histórica -técnicamente inaplicable y políticamente innecesaria- y el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que él impulsó recogiendo la iniciativa de su compañero Pasqual Maragall y en el que se incorpora el carácter nacional de Cataluña, la bilateralidad de su Gobierno con el del Estado y una desconcentración del Poder Judicial que le segrega del común.
Con la ley de Memoria Histórica, el presidente del Gobierno neutralizaba los efectos del pacto de convivencia de 1978, demediaba la ley de Amnistía de 1976 e invitaba a la izquierda revanchista -es decir, aquella que pretendía el desquite del franquismo mediante la ruptura y no la reforma- a realimentar su legitimación política. Con el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 llevaba a la práctica su percepción de que la nación española era “discutida y discutible” y suministraba munición a los alientos independentistas del radicalismo republicano catalán con el que se alió para gobernar en Cataluña y ayudarse en Madrid, enturbiando la claridad de los fundamentos de la unidad nacional establecidos en el Título Preliminar de Carta Magna.
Deslegitimación del Supremo
La consecuencia de esas medidas legislativas -ambas revanchistas- las hemos observado en toda su crudeza en esta aciaga semana que concluye. De un lado, el acto en la Universidad Complutense, durante el que una izquierda extrema aglutinada por los sindicatos más burocratizados y depredadores de Europa, deslegitimó al Tribunal Supremo y resucitó el fantasma del franquismo mediante un discurso inaceptable desde el punto de vista de la sensatez democrática. De otro, el penoso episodio de diez magistrados -todos juristas de larga trayectoria- incapaces de encontrar un mínimo común denominador para contrastar la constitucionalidad del Estatuto catalán en lo que ha sido, seguramente, el definitivo fracaso del órgano de garantías constitucionales. Si el TC no es capaz de determinar unánimemente los valores superiores de la Constitución ¿acaso lo podrán conseguir otras instancias?
La conclusión es que se ha producido un fin de época, que se reabre el debate histórico treinta y cinco años después de fallecido el dictador, cuando creíamos haber superado la disputa trágica entre españoles; y que la Constitución no da ya respuesta mediante el Estado autonómico a las aspiraciones de autogobierno de la nacionalidad más importante -cuantitativa y cualitativamente- de las que coexisten en España, la catalana. Y no da respuesta porque se han alimentado unas expectativas que han exteriorizado, con casi imposible marcha atrás, los programas de máximos de un catalanismo que en estas tres décadas ha formado parte mucho más de la solución que del problema hasta que el PSC -con el independentismo de ERC y el izquierdismo extremo de ICV- llegó a la Generalidad.
¿Era éste el propósito de Rodríguez Zapatero? Muchos piensan que sí porque de lo contrario no hubiera llegado tan lejos, habría desautorizado el acto de la Universidad Complutense en términos inequívocos, y respaldado al Tribunal Supremo. Del mismo modo, en el caso del Estatuto catalán, habría evitado aquella enorme frivolidad de “aceptaré el Estatuto que remita Cataluña” pronunciada ante Maragall en la campaña electoral de marzo de 2004.
Rodríguez Zapatero ha acudido siempre a imponer su política con medidas extremas de tal manera que la situación creada es el corolario inevitable de aquellas. El presidente, además, ha buscado la excitación de los grupos nostálgicos de la derecha postfranquista para activarlos y enfrentarlos a los de la izquierda revanchista. También lo ha conseguido. En España estamos recogiendo lo que el Gobierno socialista ha sembrado a ciencia y conciencia desde 2004, desafiando y desautorizando a la izquierda de González que gobernó nuestro país nada menos que trece años. Sumados a los seis de su mandato, el PSOE lleva dirigiendo este país diecinueve años desde 1978, dato histórico que certifica que es el revanchismo, el ánimo letal de acabar con el espíritu constitucional -que era de reconciliación y convergencia-, el que ha animado la primera legislatura y lo que llevamos de la presente bajo la dirección del actual presidente del Gobierno.
A él le corresponde el dudoso mérito de haber sometido al Tribunal Supremo al mayor y peor desgaste de su historia -Garzón, como otras veces en su trayectoria de bandazos no es más que un pretexto para el revanchismo izquierdista- y de haber conseguido destrozar la credibilidad del Tribunal Constitucional. Y de volver a abrir en canal la cuestión territorial, que ha sido el caballo de batalla de toda la historia del constitucionalismo español desde la I Republica en 1873. Por si fuera poco, un hombre de estas características es el que debe conducir el país cuando atraviesa por la peor recesión de las últimas décadas.
Rodríguez Zapatero -mesiánico- ha querido reescribir la historia. Parece que lo ha conseguido mediante la explosión controlada del edificio constitucional de 1978 y el exterminio del espíritu de sus arquitectos. Después de conseguida la revancha planteada nada menos que ante un tribunal argentino, ¿ahora qué, señor Presidente?