REUNIÓN DE SAN MILLÁN

 

 Editorial de   “ABC” del 18/09/2004

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 

  

EL PP ha promovido una declaración conjunta de sus siete presidentes autonómicos y los dirigentes regionales sobre el modelo territorial del Estado cuya principal virtud es romper el monopolio virtual que había consolidado el PSOE, y especialmente Pascual Maragall, sobre este asunto central de la actual legislatura. No era lógico que la oposición al desorden interno del PSOE sobre los contenidos y los límites de las reformas estatutarias -camino elegido por los socialistas y sus socios para abordar una reforma de carácter constituyente, sin tener que tocar la Constitución- corriera a cargo del presidente extremeño, Rodríguez Ibarra. Ése es el papel que corresponde al PP, el único partido de oposición que puede reconocerse como tal en el Parlamento. El ofrecimiento a la sociedad de una voz homogénea y alternativa constituye, sin duda, el gran acierto de la reunión que han celebrado los líderes populares en San Millán de la Cogolla (La Rioja), lugar no elegido al azar precisamente. Hay otra visión de España, y corre a cargo de un partido que tiene casi diez millones de votantes y el gobierno de siete Comunidades Autónomas, entre las que se encuentran la mayoría de las más prósperas y solidarias. Era necesario este primer paso de la oposición popular para poner fin a una polémica mutilada, impuesta por una especie de fatalismo que parecía conducir inexorablemente a la extinción del modelo constitucional de 1978 bajo la falsa premisa de la ineficacia del actual Estado autonómico.

El principal problema de los populares será, precisamente, explicar a los ciudadanos la actualidad y vigencia de unos principios, como la unidad nacional o la solidaridad entre las regiones, que a muchos podrían sonar caducos u obvios. Pero son estas obviedades las que están siendo impugnadas en el proyecto que, a trompicones y con cartas ocultas, van destilando poco a poco los maestros funerarios de la Constitución. Ésta era la labor del PP: aportar claridad frente a confusión y precisión frente a ambigüedad, utilizando el arraigo de sus convicciones constitucionales como un elemento transversal de una actitud política en la que, al mismo tiempo, debe estar presente la capacidad para asumir como bandera propia el desarrollo del autogobierno territorial, con lealtad constitucional y sentido integrador. Sin duda, el PP ha dado un primer paso parar impulsar un debate más solvente sobre la reforma institucional anunciada por el Gobierno para enero de 2005. Hay que confiar en que la Declaración de San Millán le sirva al PP más que la Declaración de Santillana al PSOE para mantener una actitud coherente durante una discusión, previsiblemente larga y compleja, en la que estará en juego la vigencia del consenso constitucional sobre España.