EL GOBIERNO, EN EL LABERINTO DE IRAK
Editorial de “ABC” del 05/10/2004
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
EL ministro
de Defensa, José Bono, dejó ayer abierta la puerta a un posible envío de tropas
españolas a Irak para dar cobertura a las elecciones de enero, siempre que lo
pida la ONU y se apruebe en el Congreso de los Diputados. El anuncio de Bono
resulta contradictorio y esconde, en su literalidad, una inversión de las
razones que llevaron al Gobierno de Zapatero a retirar las tropas. El compromiso
del programa del PSOE ante el 14-M era inequívoco: la presencia del contingente
español sólo se mantendría si la comunidad internacional dotaba a la ONU de la
«autoridad política necesaria», sin hacer mención alguna al control militar.
La resolución 1.546, aprobada el pasado 8 de junio, antes del plazo fijado por
el Ejecutivo socialista, restauró de hecho la soberanía en Irak otorgando a
Naciones Unidas un papel arbitral y a las potencias ocupantes, la condición de
fuerza multinacional bajo su amparo, que ya le fue reconocida en la resolución
1.511 (apartados 13 y 25). Exactamente la exigencia que el PSOE planteaba en su
programa electoral. Por tanto, el Gobierno, retirando las tropas, modificó la
literalidad de su compromiso con los electores, tal vez porque Zapatero ya sabía
el 18 de abril -cuando anunció su decisión de abandonar Irak- que era muy
posible que la ONU supervisase la situación política antes del 30 de junio. Por
eso elevó el listón de sus exigencias y pidió, a posteriori, el «control
militar» de Naciones Unidas, a sabiendas de que era imposible, pues nunca en los
últimos tiempos había ejercido por sí misma ese control. Lo que buscaba Zapatero
era una coartada que diera cobertura a su estrategia de retirar las tropas a
toda costa. Y no porque pensara que la situación iría a peor, sino porque
conocía que Naciones Unidas tendría un papel relevante en el proceso de
transición -como así ha sido- y ello le pondría en apuros para cumplir su
objetivo de retirar al contingente español. Eso es lo que ocurrió entonces.
España se salió del carril por el que circula la cooperación de los Estados con
capacidad de influencia. Aquella decisión ha tenido efectos, más o menos
visibles, en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y otras naciones,
hasta el punto de que nuestro país tuvo que recurrir con urgencia a compensar el
desaire con el envío de un contingente militar a Afganistán, donde, al igual que
en Irak, van a celebrarse elecciones en un clima de creciente inseguridad.
El ministro de Defensa anuncia ahora que si la ONU lo pidiera, y el Parlamento
diera su visto bueno, podríamos volver a Irak. Pero, ¿cómo es posible volver sin
invertir los argumentos con los que el Gobierno justificó la retirada? Si Bono
invoca a la ONU -apenas días después de que Zapatero pidiera en Túnez la
retirada total de las tropas aliadas- debería saber que Naciones Unidas le lleva
pidiendo al Gobierno español que se implique en Irak desde el pasado 8 de junio,
fecha en la que, con el voto favorable de España, se dictó una resolución, la ya
citada 1.546, en la que literalmente se dice: «La presencia de la fuerza
multinacional en Irak obedece a la solicitud del nuevo Gobierno provisional y,
por consiguiente, reafirma la autorización de la fuerza multinacional bajo un
mandato unificado...». Más aún: «Pide a los Estados miembros y a las
organizaciones internacionales y regionales que presten asistencia a la fuerza
multinacional, en particular con fuerzas militares, según se convenga con el
Gobierno de Irak, para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo iraquí en
materia de seguridad y estabilidad, de asistencia humanitaria y para la
reconstrucción». ¿Qué más necesita el ministro de Defensa? ¿Espera acaso una
nueva resolución más explícita que ésta.
El Gobierno de Zapatero cuenta con toda la legitimidad para tomar, en relación
con el conflicto de Irak, la decisión que crea conveniente. Pero no puede, en
ningún caso, utilizar las resoluciones de Naciones Unidas a conveniencia de
parte.