ETA PACTA UNA «TREGUA» CON EL PNV A CAMBIO DE UN REFERÉNDUM

 

Informe en “ABC” del 12.05.2003

 

MADRID/BILBAO. JESÚS MOLINA

 

Según documentos incautados por los servicios de la lucha antiterrorista a miembros de la banda terrorista ETA, ésta anunciará en fecha sin precisar que estaría dispuesta a otra «tregua» siempre y cuando se celebrase en el País Vasco un referéndum de autodeterminación, convergiendo así con el plan soberanista de Ibarretxe que también propugna una consulta popular. El PNV y la banda terrorista han mantenido de nuevo conversaciones en los últimos meses -fuera y dentro de España- en las que han intervenido no sólo representantes de la ilegalizada Batasuna, sino también de la cúpula etarra. Entre los representantes de los nacionalistas en estas conversaciones se cita a Juaristi -sin determinar su nombre de pila- y a Gorka Aguirre y se alude también, en las fuentes consultadas por ABC, a «sindicalistas» que podrían ser dirigentes de las centrales nacionalistas ELA-STV y LAB, éste último en la órbita del ya superado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

Las mismas fuentes relacionadas con la lucha antiterrorista, y a tenor de los datos obtenidos tras las sucesivas detenciones de «comandos» y dirigentes etarras, consideran que la política del Gobierno vasco y del PNV se explicaría en estos contactos en los que tanto el Ejecutivo como el partido estarían dispuestos a una especie de «pacto de supervivencia», muy distinto al sellado en Estella-Lizarra, que precedió a la tregua de la banda en 1998. En ese contexto se explicaría también que el PNV y EA -aunque el partido que fundara Carlos Garaikoetxea no aparece mencionado ni hay referencias a dirigentes o representantes en esas conversaciones- se resistan a disolver en el Parlamento vasco al grupo Sozialista Abertzaleak, mera sustitución de Batasuna; se explicaría el compromiso de «contear» los votos nulos que corresponderían a la izquierda proetarra en los próximos comicios municipales y forales, la prohibición formal de sus manifestaciones y su posterior celebración sin represión policial, la reacción nacionalista después del cierre cautelar del periódico Egunkaria y el mantenimiento de la financiación tanto a Udalbilzta como a otras organizaciones del entramado de la banda terrorista.

También en este contexto, y siempre según las fuentes a las que ha tenido acceso ABC, tendría toda la lógica el comunicado de ETA difundido ayer por el diario Gara. Lo importante del comunicado no es el, por otra parte, testimonial reproche a PNV, EA e IU -a los que el comunicado sólo menciona de pasada- sino la afirmación de que la consulta o referéndum es «motivo de alegría y no puede dejarse a un lado sin más. Porque -continúa la banda terrorista- consultar al pueblo es algo muy serio; tan serio como que es uno de los ejes principales de la lucha de ETA». En un párrafo posterior, la banda terrorista afirma que esa consulta «estará en la base de la resolución de todo conflicto» y dice también -en lo que los expertos en la lucha antiterrorista consideran una «muestra de debilidad» de ETA- que la denominada «construcción nacional» y la «superación del conflicto» no son «algo que concierna a una sola persona, organización o institución, sino que necesita de todas las fuerzas y voluntades». En consecuencia, la banda hace suyos «aquellos llamamientos a acordar fuerzas y proyectos de cara a seguir adelante». De tal manera que la organización, por primera vez en la historia, «renuncia a considerarse la vanguardia del movimiento nacionalista», situación a la que habría llegado por «su enorme debilidad para realizar atentados, por la detención de sus dirigentes y comandos en España y Francia y por el nuevo clima internacional que asfixia sus movimientos y agitación». Estas fuentes no descartan «en absoluto» -como ayer lo subrayase en la rueda de prensa el ministro de Interior, Ángel Acebes- que «ETA ofrezca una demostración de fuerza antes de cumplir los compromisos que ha suscrito con el PNV».

En esta situación, Ibarretxe, y según los informes de estrategia que maneja y de los que ABC informó el pasado 29 de abril, pretende adelantar las elecciones autonómicas vascas al próximo otoño, en función también del resultado de las del día 25 de mayo para, con una posible mayoría absoluta en el Parlamento vasco, ejecutar su previsión de someter a consulta su plan soberanista. Tanto el PNV como Ibarretxe precisan «justificar ese referéndum como condición sine qua non para la pacificación, ofrecer a ETA una salida que no implique una total derrota policial e intentar definitivamente la unificación del nacionalismo bajo la hegemonía del partido que preside Arzalluz». Pero, según las mismas fuentes, «el PNV tiene que controlar a ETA y aprovechar los réditos de posible extinción».

Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico en la tarde ayer, confirman la existencia de esas conversaciones entre el PNV y ETA y reconocen que la banda podría anunciar la oferta de una nueva tregua con la condición de que se celebrase la consulta popular del plan Ibarretexe. Pero sobre la viabilidad de este «encaje de bolillos» son taxativas: «Los terroristas tuvieron su oportunidad en 1998, hablaron con representantes del presidente del Gobierno, sabían a qué atenerse y desaprovecharon una oportunidad». El Ejecutivo de Aznar «ha hecho la apuesta correcta, que es la policial, la judicial, la legislativa y la de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo». Y en esa se mantendrá, sin que se plantee medidas excepcionales respecto al régimen autonómico del País Vasco. El propio Aznar, en el mitin de campaña que celebrará el próximo día 15 de mayo en el País Vasco, dejará clara, de nuevo, la posición del Gobierno y contestará a las pretensiones de los nacionalistas. «Estará frío como un témpano» añadieron las fuentes consultadas por ABC, porque «ni va recabar la suspensión de la autonomía ni va a proponer ninguna medida excepcional. Se va a mantener en la política trazada que está dando resultados excepcionales».

Por otra parte, el Ministerio Fiscal estudia interponer acciones legales -de carácter individual- contra los cargos institucionales del Parlamento y del Gobierno vasco que podrían haber incurrido en delitos de desobediencia y en otros de carácter electoral, acciones que se podrían en marcha inmediatamente, antes y después del día 25 de mayo.