LA HORA DE LAS RESPONSABILIDADES

 Editorial de  “ABC” del 07.06.2003

LA coartada que se buscó Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, para eludir su responsabilidad en el cumplimiento del auto de disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) ha empujado definitivamente los acontecimientos a una crisis institucional sin precedentes. La propuesta de la Mesa de la Cámara a la Junta de Portavoces para que ésta decidiera sobre la disolución dictada por el Supremo fue diseñada como una táctica de encubrimiento, tanto de Atutxa, frente a un delito de desobediencia, como de SA, frente a su disolución. Con el resultado amañado, el PNV ha permitido a los parlamentarios batasunos participar en este desacato orquestado, compartiendo todos el deseado plante al Estado, el mismo día que se conocía que el Ejecutivo vasco no ha abonado a la Administración central un total de 32,2 millones de euros correspondientes al pago en concepto de Cupo. Al parecer, el Gobierno vasco vuelve a abrir ese escenario de confrontación. Incumpliendo la Ley, por supuesto.

Desde que los nacionalistas intuyeron que, tarde o temprano, tendrían que implicarse en la disolución del entramado batasuno, su única preocupación ha sido urdir conflictos artificiales y montar polémicas de apariencia jurídica para evitar el compromiso. Han aplicado este método de la discordia desde que Garzón suspendió cautelarmente las actividades de Batasuna, hasta alcanzar su máxima cota de hostilidad contra el auto de 20 de mayo, de la Sala especial del Tribunal Supremo. La verdadera dimensión de la crisis provocada por el nacionalismo vasco se percibe únicamente valorando el comportamiento de la Mesa del Parlamento a la luz de la Constitución. El PNV y sus socios han mantenido vivo el conflicto jurídico gracias, en parte, a que desde fuera del nacionalismo se ha caído en el error de invertir los términos, es decir, poner la actuación del Supremo bajo la lupa de los argumentos de Atutxa. Las ideas del conflicto de competencias y de la usurpación de funciones han desenfocado el problema. Algunos han seguido el señuelo del PNV, pero aquellas ideas no dejaban de ser una variante del victimismo de los nacionalistas.

COMO bien reflejaba el auto de 20 de mayo, el grupo parlamentario SA quedaba disuelto por la decisión del Supremo, en ejercicio de su función jurisdiccional. La intervención que se ordenaba a la Mesa del Parlamento y a su presidente se limitaba a trasladar dicha decisión al ámbito interno de la Cámara. En ningún caso tenía que ser sometida a la aceptación de la Mesa o de la Junta de Portavoces, cuya incompetencia para revisar decisiones jurisdiccionales es absoluta, de la misma manera que el auto del Supremo no implica la invasión de competencias de la Mesa, pues este órgano ni crea ni disuelve por sí mismo los grupos parlamentarios. Atutxa sólo tenía que enfrentarse a la situación de los parlamentarios de SA, los cuales, extinguido su grupo, tenían que ser adscritos al Mixto. Para tomar esta decisión no es preciso modificar el Reglamento de la Cámara, que atribuye a la Mesa la genérica función de «adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y Gobierno interiores de la Cámara».

La teatral negativa de PNV, EA y SA a la propuesta de Atutxa cierra este cúmulo de desafíos y abre el capítulo de las consecuencias jurídicas. Igualmente esclarecedora y grave es la negativa de IU a votar el asunto, aunque en este caso se agradece la sinceridad de Llamazares, que ha reconocido que la disolución de SA sería el suicidio político de su partido, pues los batasunos llenarían el Grupo Mixto que ahora ocupan los comunistas, además de tener que repartir con ellos la subvenciones. Mal negocio.

Ahora ya no es el momento de empezar a discutir la oportunidad política de esas consecuencias. El requerimiento del Supremo a Atutxa era inequívoco: en cinco días debía darse efecto a la disolución de SA o, por el contrario, se procedería por un delito de desobediencia. Sin duda alguna, el decepcionante Atutxa se escudará en la Junta de Portavoces y apelará a la voluntad de los representantes del pueblo como excusa absolutoria. Hacer caso a esta defensa de leguleyo sería nuevamente aceptar la paridad de criterios entre el Supremo y la Mesa de la Cámara vasca, lo cual es romper la superioridad de los Tribunales de Justicia en la aplicación de la legalidad y, por tanto, quebrar la base fundamental del Estado de Derecho.

MÁS que dudar de si es políticamente correcto u oportuno investigar penalmente la conducta de Atutxa y, en su caso, la de los miembros de la Mesa que han impedido la efectividad de la disolución, habría que preguntarse si existe otra opción legal y constitucionalmente admisible. Han sido los nacionalistas vascos los que, con su burla continua a la Ley, han asumido el riesgo de las más graves responsabilidades jurídicas, que se deben exigir sin dilación y en toda su extensión.