DISPUTA POR LAS ACTAS

 Editorial de  “ABC” del 06.07.2003

El PSOE reafirmó en el pasado debate sobre el estado de la Nación su estrategia de convertir su crisis en la Comunidad de Madrid en un problema del sistema parlamentario actual. Los socialistas primero quisieron modificar el reglamento de la Cámara madrileña para evitar que los diputados fugados, Tamayo y Sáez, pudieran formar grupo parlamentario. Luego, en el Congreso de los Diputados, presentaron una propuesta para que el transfuguismo se penalizara con la pérdida de la condición de electo. Afortunadamente esta propuesta no prosperó. No debía hacerlo por razones políticas y jurídicas. Emprender un debate parlamentario sobre las reglas de la representatividad política de los candidatos electos a cuenta de la deslealtad de Tamayo y Sáez resulta manifiestamente desproporcionado. La Constitución y los Estatutos de Autonomía proclaman que los parlamentarios no están sometidos a mandato imperativo. Representan al conjunto de los electores, no a su partido, ni siquiera a los votantes que los eligieron. Por eso, en estos casos de deslealtad o transfuguismo, la exigencia de responsabilidad hay que llevarla, en primer lugar, hasta el partido político que presentó al candidato. La democracia parlamentaria se ha organizado en torno a los partidos políticos, que han ido consolidándose como las estructuras de participación política de los ciudadanos. Su función principal es facilitar a la sociedad la selección de programas y representantes, actuando como intermediarios entre el ciudadano y el Parlamento. Cuando se producen acontecimientos como los vividos el 10 de junio en la Asamblea de Madrid, el primer problema político es la responsabilidad objetiva del PSOE ante los electores. Dicha responsabilidad existe sin necesidad de que sea reconocida expresamente o declarada por una instancia política determinada. Existe por sí misma, en cuanto todo partido ofrece listas cerradas y bloqueadas con personas de su confianza, asumiendo el compromiso de respetar el mandato representativo que cada candidato recibe en caso de ser elegido.

EN la propuesta del PSOE subyacía además el riesgo de inflar la omnipresencia de los partidos políticos. Partitocracia es un término con connotaciones peyorativas, pero se hace aplicable cuando se pretende cambiar el fundamento de la legitimidad democrática de cada parlamentario, sustituyendo la confianza de los electores por la confianza del partido. Es indudable que en un sistema de listas cerradas y bloqueadas la personalidad de la mayoría de los candidatos resulta irrelevante para el elector, pero eso no impide que las reglas del mandato imperativo se apliquen igualmente, porque también el elector asume el riesgo de votar a personas que pueden desvincularse del partido o del grupo parlamentario.

Desde el punto de vista constitucional ya se ha puesto de relieve que la Constitución prohíbe el mandato imperativo (artículo 67.2) y que el acta parlamentaria o representativa corresponde al candidato electo y no a su partido. El Tribunal Constitucional consolidó este principio en la sentencia 10/83, de 21 de febrero, con la que dio «una respuesta inequívocamente negativa» a la constitucionalidad de un sistema representativo que permitiera privar a los representantes de su función «por una decisión que no emana de los propios electores». Obviamente, queda a salvo la inhabilitación del parlamentario como consecuencia de una condena penal. Sería absurdo ignorar que el sistema de listas cerradas y bloqueadas pugna con esta declaración constitucional, pero no la deroga, porque estaba vigente cuando el TC dictó la sentencia. Cabe, evidentemente, revisar esta doctrina, pero en cualquier caso sería mucho más razonable, por un lado, conservar intacto el mandato representativo, y, por otro, someter a revisión el sistema electoral. También, por descontado, que los partidos asuman sus compromisos con todas las consecuencias.

LA discusión montada por el PSOE no justificaría, en ningún caso, una subversión apresurada y desproporcionada de principios jurídico-políticos arraigados. Su responsabilidad como partido que ofrece candidatos a los ciudadanos está mucho antes y es mucho más cierta que la presunta responsabilidad que pretende endosar al principio de la representatividad política y al sistema de listas cerradas y bloqueadas. Por muy dolorosa que le resulte su crisis madrileña, la culpa no es de las reglas del juego democrático.