La argucia parlamentaria que permitió a PNV-EA-IU aprobar los presupuestos de la Comunidad vasca -aliada con la ingenuidad de la oposición constitucionalista- ofrece a Ibarretxe un escenario más propicio, aunque precario, para seguir deambulando con una propuesta inviable que le confiere, sin embargo, un protagonismo casi permanente pero tramposo. No es la primera vez, ni será la última, que el nacionalismo opta por esta estratagema de la zarabanda. Su formal condición de que el refrendo -ilegal en todo caso- se celebrase «en ausencia de violencia» forma parte de la inveterada hipocresía peneuvista que reclama a ETA su desaparición y, al mismo tiempo, fomenta tantas cuantas dificultades puede para evitar que medidas policiales, normativas y penitenciarias precipiten su final.

Es imprescindible que, manteniendo y superando el discurso estrictamente antiterrorista, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista vayan perfilando una respuesta política más sólida a la apuesta secesionista urdida por Juan José Ibarretxe. Se trataría, fundamentalmente, de articular discursos, adoptar iniciativas y calcular decisiones que situasen el soberanismo allí donde debe estar: en el limbo de las aspiraciones anacrónicas e ilegítimas que pueblan la onírica ficción ideada por el nacionalismo.

El descenso de los sentimientos identitarios en la Comunidad vasca -según reconoce incluso el oficialista sociómetro del Ejecutivo de Vitoria-, la energía y prestigio social de los movimientos constitucionalistas en el País Vasco, la unidad nacional entendida como un proyecto de libertad y de solidaridad y el avejentado clientelismo del PNV en todos los estratos de la sociedad vasca, tienen que ser instrumentos debidamente modulados para la formulación de una ofensiva política en todos los foros contra un proyecto anticonstitucional, antiestatutario y profundamente desestabilizador. Una nueva y contundente respuesta al lendakari Ibarretxe tendría que ser un firme propósito para el año que comienza.