ACABAR CON EL GUIRIGAY
Editorial de “ABC” del 26/04/2004
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
En apenas veinticuatro horas, el
Gobierno socialista ha deparado un nuevo ejemplo de descoordinación, en esta
ocasión a cuenta de los plazos que el Ejecutivo maneja para modificar el sistema
de financiación autonómica. Primero fue el ministro del Interior, José Antonio
Alonso, quien dejó en evidencia a la vicepresidenta Fernández de la Vega con
motivo del nombramiento del mando único policial, proyecto desvanecido hoy en la
reflexión del ministro cuando la «número dos» del Gabinete ya había confirmado
el día anterior hasta el nombre de la persona que se encargaría de esa tarea. El
«mando», al parecer, ahora va a ser colegiado, con lo que en pocas horas ha
dejado hasta de ser «único». Y anteayer mismo, el ministro de Industria,
Comercio y Turismo, José Montilla, a la sazón primer secretario de los
socialistas catalanes, venía a decir que el objetivo del Ejecutivo que preside
Rodríguez Zapatero es que el nuevo sistema de financiación de las Comunidades
podría entrar en vigor esta Legislatura, afirmación que choca frontalmente con
la expresada en la víspera por su colega de Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla, quien anticipó que el proyecto debería quedar para el siguiente
cuatrienio. Es decir, ya no son sólo los miembros del tripartito catalán (entre
ellos, el socialista Pasqual Maragall) los que contradicen los planes del
Ejecutivo central -vaticinio de fricción que se daba por descontado habida
cuenta de los antecedentes-, sino que la controversia sobre la pertinencia de
abordar ya la reforma de la financiación alcanza de lleno a algunos de los
miembros del Gabinete de Rodríguez Zapatero. Que el ministro de Industria lleve
la contraria al responsable de las relaciones con las Comunidades Autónomas (y
también a la vicepresidenta, que apoyó este último) no parece un buen principio.
El marco elegido por Montilla para desautorizar a Sevilla (la reunión del
Consejo Nacional del PSC) tampoco supone ningún consuelo. Mala cosa es que un
Gobierno eche mano de mensajes meramente apaciguadores, pero peor que mantenga
dos ideas absolutamente diferentes casi al mismo tiempo. Lo primero invita a
pensar en un Ejecutivo que sólo trata de complacer auditorios; lo segundo, a
reflexionar con inquietud sobre si verdaderamente existe en el socialismo un
programa de gobierno, una hoja de ruta que determine con cierta concreción lo
que se va a hacer o no en la presente Legislatura. O al menos, lo que se va a
intentar hacer, pues no hay que olvidar que el principal apoyo en la investidura
de Zapatero, ERC, quiere la reforma de la financiación «para antes de ayer». La
reacción de Carod-Rovira a las palabras de Sevilla sobre el aplazamiento hasta
la próxima Legislatura («No hay que hacer mucho caso de lo que diga el
ministro») suponen algo más que un descortés desaire; son una advertencia más al
Ejecutivo socialista de que para gobernar ha de contar con el partido
independentista, un recordatorio de su debilidad.
La dirección política de la acción gubernamental también ha de formar parte del
talante de quien dirige un país si no quiere que las reuniones del Consejo de
Ministros sean lo más parecido a la casa de los líos, un guirigay en el que unos
ministros contradicen a otros sin solución de continuidad. Por no hablar de la
previsible reacción de otras Autonomías de gobierno socialista que, en breve, se
unirán al coro con su particular versión sobre un asunto donde se asienta una
parte sustancial de la vertebración de España.