EL ESTADO DE DERECHO, EN PELIGRO
Artículo de Luis
María ANSON, de la Real Academia Española en “La Razón” del 06.06.2003
Con un muy breve comentario:
VAYANSE PREPARANDO (L. B.-B., 6-6-03)
Si el presidente Atucha, bamboleante
marioneta de Arzallus, se niega a ejecutar la
sentencia del Supremo, aun reconociéndole que el miedo es libre, habrá que
tomar todas las medidas previstas en la legislación española para castigar el
delito de desobediencia. Se ventila en el envite nada menos que la credibilidad
del Estado de Derecho.
Ha llegado la hora de la verdad. No caben dilaciones ni
medias tintas ni esconder la cabeza bajo tierra ni mirar hacia otro lado ni
ninguna de esas prácticas del político pusilánime y cobarde. El Gobierno del PP
y los partidos de la oposición encabezados por el PSOE tienen la misma
obligación: exigir que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo. No son
aceptables ambigüedades ni actitudes partidistas. PP, PSOE y los demás partidos
democráticos se juegan lo mismo: la credibilidad del Estado de Derecho que con
tanto esfuerzo se ha construido gracias a la contribución de todos los
españoles.
El órdago, en fin, está sobre la mesa. Si no se gana, se
habrá fracturado el sistema institucional español. Lo que está en juego no es
un envite político debatible, sino el entero Estado de Derecho.
MUY BREVE COMENTARIO:
VAYANSE PREPARANDO (L. B.-B., 6-6-03)
Váyanse preparando, pues gracias al tarugismo y la obcecación del nacionalismo vasco, por
primera vez habrán de tomarse medidas de excepción en Euskadi. Si el Parlamento
vasco se niega a cumplir los mandatos del Tribunal Supremo habrá que aplicar el
artículo 155 de la Constitución, que dice:
"1.- Si una Comunidad Autónoma no
cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o
actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el
Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el
caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso
de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2.- Para la ejecución de las medidas
previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas
las autoridades de las Comunidades Autónomas."
Cabe sospechar que todas las acciones
necesarias para el caso de desobediencia del Parlamento vasco estarán
meditadas, tanto por el nacionalismo vasco como por el Gobierno español y los
partidos parlamentarios. Pero dada la novedad de la situación es posible que ni
se haya planteado semejante posibilidad. Es posible que se piense que
corresponde a la Justicia el tomar las medidas adecuadas. Pero el Tribunal
Supremo no puede procesar a los grupos parlamentarios que se opongan a sus
mandatos. Por ello, al final, habrá de adoptarse una decisión política de
acuerdo con el artículo 155 mencionado y por acuerdo de las Cortes y el
Gobierno.
A uno se le ocurren diversos cursos de
acción, desde los más graves a los más leves:
1.- Suspensión de la autonomía vasca, a
plazo indeterminado en el tiempo, hasta que cambien las circunstancias.
2.- Disolución del Parlamento vasco y
convocatoria de nuevas elecciones cuando se considere conveniente.
3.- Cancelación del mandato de los
parlamentarios de Batasuna y convocatoria de elecciones parciales.
Resulta doloroso especular en estos
términos, pero si se quiere defender la democracia española no se puede dejar
sin respuesta la desobediencia al ordenamiento jurídico, así que vayamos
planteando la situación en sus propios términos, por muy duros que sean.
Como se habrán dado cuenta, todo esto
altera radicalmente cualquier previsión a corto plazo de evolución ordenada del
sistema político español (ambiente de las elecciones catalanas, comportamiento
de los partidos políticos, sucesión en la Presidencia del PP, etc.)
Como dicen los castizos, "que Dios
nos coja confesados".