INSUMISIÓN Y PLEBISCITO
El nacionalismo no logró el 25-M despegarse electoralmente del constitucionalismo y camina hacia un horizonte de ruptura para acelerar en las urnas su proyecto soberanista
Artículo de KEPA AULESTIA en “El Correo” del 08.06.2003
La crisis institucional desatada entre el Parlamento
vasco y el Tribunal Supremo ha situado en un segundo plano la interpretación
política de los datos electorales del 25 de mayo. La negativa de los partidos
nacionalistas a aplicar la sentencia de disolución del grupo parlamentario
Sozialista Abertzaleak ha elevado la tensión hasta niveles insostenibles. La
situación obliga al Alto Tribunal a emprender acciones que probablemente acaben
con el procesamiento de los parlamentarios que, a través de los órganos de
gobierno y representación de la Cámara vasca, impiden el inexcusable
cumplimiento de una sentencia firme.
Quienes, en su calidad de herederos de Batasuna, habían sido declarados
disueltos seguirán actuando con grupo propio en la vida parlamentaria, cediendo
curiosamente el papel de víctima al nacionalismo gobernante, que se mostraría
perseguido por los tribunales. El PNV y EA, que, por efecto de la Ley de
Partidos y de su aplicación estricta a las candidaturas de la izquierda
abertzale, han conseguido ya acaparar la representación política del
nacionalismo, desempeñan el papel de resistentes frente a lo que el secretario
general de EA, Gorka Knörr, calificaba recientemente de «golpe institucional».
Esta ocupación por parte del nacionalismo gobernante del espacio que hasta ahora
correspondía a la izquierda abertzale tendrá sin duda consecuencias en el seno
de la comunidad nacionalista. En las elecciones del pasado 25 de mayo, la
izquierda abertzale demostró contar con una más que apreciable cohesión interna.
Su capacidad para movilizar a buena parte de su electorado para que acudiera a
la urnas a depositar papeletas declaradas ilegales constituyó, para los
seguidores de Arnaldo Otegi, una demostración de fuerza dirigida en primer lugar
a su propia gente, e inmediatamente después a la avaricia electoral de PNV y EA.
El voto nulo militante se aproximó al resultado que Batasuna había obtenido en
las autonómicas de 2001. Pero basta comparar esos dos resultados electorales por
comarcas y localidades para cerciorarse de que la izquierda abertzale sigue
experimentando un claro retroceso en las ciudades y zonas más urbanas; retroceso
que compensa parcialmente con el arraigo que mantiene en los núcleos de
población menores y, en especial, en sus reductos tradicionales. Incluso se da
la circunstancia de que en algunos de estos últimos se contabilizaron más votos
nulos en las pasadas elecciones locales que los sufragios obtenidos por Batasuna
en 2001.
La noche electoral dejó en el ambiente nacionalista la sensación de que 'el
mundo de HB' sigue resultando irreductible. Una verdad a medias debido tanto a
la paulatina tendencia de su voto a recluirse en determinados ámbitos
territoriales, como a la extraordinaria dificultad a que se va a enfrentar la
izquierda abertzale al carecer del poder municipal que le ha permitido hasta
ahora asentarse en esos mismos ámbitos. Por otra parte, el nacionalismo
gobernante es consciente de que ahí se halla su colchón electoral: el
diferencial que, llegado el momento, puede permitir que se deshaga del lastre
que para el proyecto soberanista supone el no-nacionalismo tanto político como
sociológico.
Esa combinación de necesidad y escepticismo respecto a la posibilidad real de
acceder al voto de la izquierda abertzale lleva al PNV y a EA a mostrar una
solidaridad tan contenida como interesada respecto a los sucesores de Batasuna.
El próximo sábado, cuando se constituyan los nuevos ayuntamientos, los
nacionalistas electos mostrarán su propósito de conciliar la legalidad con el
reconocimiento de la verdadera voluntad expresada por los ciudadanos vascos en
las urnas; su promesa de tener en cuenta los votos nulos sin por ello ceder un
ápice del poder alcanzado gracias, entre otras cosas, a la ilegalización de la
izquierda abertzale.
Por lo demás, las elecciones del 25 de mayo no modificaron sustancialmente el
panorama. La desaparición institucional de la izquierda abertzale aumenta el
número de instituciones locales y forales que pueden ser gobernadas desde la
mayoría absoluta, lo cual favorece a la coalición PNV-EA. Pero el escrutinio de
los votos mantiene el equilibrio electoral entre nacionalismo y no-nacionalismo.
Al tiempo que aleja la posibilidad de la alternancia constitucionalista. Si en
generales y autonómicas la diferencia entre una corriente y otra se ha visto
reducida a lo largo de los diez años de un 15% a favor del nacionalismo a un 5%
de los votos válidos, en los comicios locales y forales ha pasado del 30%
inicial al actual 15% en el conjunto de la comunidad autónoma, contando con los
votos nulos logrados por la izquierda abertzale.
El nacionalismo de Ibarretxe evitó presentar las elecciones del 25 de mayo como
si fueran una consulta plebiscitaria en torno al proyecto de un «estatus de
libre asociación para Euskadi». Esa misma cautela mostró al conocer el resultado
de las urnas. Los dirigentes nacionalistas saludaron su éxito electoral
proclamando que constituía «la victoria del diálogo y la derrota del frentismo».
Pero en estos quince últimos días no ha habido una sola declaración que
pretendiera avalar el plan soberanista en virtud del resultado electoral.
Probablemente ello responda a dos causas. Por un lado, al hecho de que,
efectivamente, el nacionalismo no ha logrado despegarse electoralmente del
constitucionalismo como para imprimir un ritmo más vivo que el inicialmente
pretendido a su pro- pósito soberanista. En segundo lugar, porque los resultados
han sido tan satisfactorios para el PNV que han inducido un cierto efecto
balsámico y tranquilizador sobre la parte pragmática de su personalidad.
Es en este punto donde reaparece la tensión institucional entre la presidencia
del Parlamento vasco y sus miembros nacionalistas frente a las resoluciones del
Tribunal Supremo. Tan grave conflicto surge como un poderoso catalizador capaz
de romper la lenta cadencia de los movimientos políticos cuando éstos han de
someterse al previo escrutinio electoral. La crisis amenaza con superar la
capacidad que pueda tener el propio nacionalismo para administrar las
consecuencias de su insumisión ante el Tribunal Supremo. Se veía venir. Pero las
cosas han llegado tan lejos, que es impensable una marcha atrás. La negativa
nacionalista a cumplir la sentencia preludia una cadena de acontecimientos que
hoy no proyecta otro horizonte que el de la ruptura. Joseba Egibar ha
manifestado que el objetivo de la sentencia no era disolver el grupo de
Sozialista Abertzaleak, sino doblegar la voluntad autónoma del Parlamento vasco.
Pero esa misma distinción entre objetivos declarados e intenciones ocultas es
aplicable al comportamiento del nacionalismo que gobierna en Euskadi.
La primera consecuencia de la insumisión nacionalista es que podría llevar a la
anulación judicial de cuantos actos parlamentarios cuenten con la participación
del grupo SA como tal. Sin embargo, la casi nula producción legislativa de la
Cámara vasca y el hecho de que el protagonismo de SA se oriente únicamente hacia
las proposiciones no de ley auguran que tal eventualidad no supondría un revés
de alcance para los intereses de los insumisos. La segunda consecuencia, el
posible procesamiento de los responsables nacionalistas del Parlamento vasco por
parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, devolvería la crisis al
seno de la propia Cámara y podría convertirse en el motivo inmediato de su
disolución anticipada y de la consiguiente convocatoria de elecciones.
De esa forma, las dificultades que el 'plan Ibarretxe' encontrará en su
tramitación parlamentaria podrían quedar allanadas mediante unos comicios con
claro sesgo plebiscitario, pero cuya convocatoria no sería debida formalmente a
las citadas dificultades, sino a la confrontación entre la legalidad
constitucional y la «legitimidad vasca». El nacionalismo confiaría en que la
nueva Cámara acabara aprobando el 'plan Ibarretxe' y dotando de mayor peso
específico a esa «legitimidad vasca» frente a una legalidad constitucional que,
antes de impedir el logro de un «estatus de libre asociación para Euskadi», no
permite que ni siquiera un Parlamento decida hacer caso omiso a una sentencia
judicial firme.