LA PROPUESTA AUTONÓMICA SOCIALISTA

 TEXTOS ORIGINALES

"El PSOE siempre ha estado en la Constitución y la España plural"  

Texto íntegro de la resolución que estudiará mañana el Consejo Territorial del partido socialista en Santillana del Mar (Cantabria)

 EL PAÍS | España - 29-08-2003

Estamos en el comienzo de un curso político crucial, cuajado de citas con las urnas, que nos conducirá a la decisiva opción que la ciudadanía va a efectuar en marzo de 2004. El proyecto socialista para España, con el que concurriremos a las distintas contiendas electorales, arranca de la Constitución y se proyecta, desde ella, hacia Europa y hacia el mundo del siglo XXI. No podría ser de otra manera: los socialistas contribuimos decisivamente al pacto constitucional y a la construcción del Estado de las autonomías, así como a la integración de España en la Unión Europea.

Somos la única fuerza política democrática que apostó por adoptar y afirmar todos y cada uno de los pilares de nuestro actual Estado autonómico. Votamos sí a la Constitución. Votamos sí al Estatuto de Autonomía del País Vasco. Votamos sí al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Votamos sí al Estatuto de Autonomía de Galicia. También votamos sí -y éste es un dato inolvidable- al Estatuto de Autonomía de Andalucía, que marcó un jalón decisivo en el proceso autonómico toda vez que demostró que la voluntad democrática de la ciudadanía era un título tan válido para acceder a la autonomía, aún mejor, como la historia, el pasado o cualesquiera tradiciones de autogobierno o sentimiento identitario. Fue a partir de aquí cuando fue posible construir el mapa autonómico -17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas- del que actualmente disfrutamos. Y, además, fue bajo un Gobierno socialista cuando los españoles alcanzamos una ambición que trascendía a varias generaciones: la incorporación de España a Europa y a las etapas de su construcción constitucional.

Nuestra visión de España sigue siendo la misma que aquélla que, en su día, hace ya 25 años, contribuimos a incorporar a la Constitución. Una Constitución que supuso un gran avance conceptual de cuya cabal comprensión la derecha más reaccionaria se encuentra todavía muy lejos. Nuestra Constitución reconoce y consagra una nación española cuya unidad es compatible con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, sobre la base de la solidaridad entre sus pueblos y del respeto a su diversidad social, política, lingüística y cultural.

La Constitución de 1978 consagra, pues, por fin, una coincidencia feliz entre la España legal y la España real. Esta España real es una España plural, respetuosa con su diversidad, que no sólo no niega las diferentes identidades que la conforman sino que se muestra orgullosa de esa pluralidad. De esta forma, el pluralismo se incorpora como un elemento intrínseco de su identidad y como valor superior del ordenamiento jurídico. Tal y como hacemos los socialistas, la Constitución afirma una autonomía que es libertad, identidad y pluralidad, y se sitúa en las antípodas de una concepción sectaria, impositiva y uniformadora de nuestro país.

Esta es la mejor virtualidad de nuestro Estado autonómico: la conjugación de la pluralidad con el debido respeto a la singularidad dentro de un marco común, dentro de una realidad histórica y de un proyecto compartido de convivencia en un orden de libertades; eso es España para nosotros. El Estado autonómico no solamente es respetuoso con la pluralidad de las autonomías sino que lo es también con la singularidad y la particularidad que puedan hacer valer -sin quebranto de los principios constitucionales y los derechos iguales de los ciudadanos- las comunidades autónomas o cada comunidad autónoma.

Porque, efectivamente, el Estado autonómico reconoce diversas singularidades. Así, por ejemplo, la lengua cooficial es una singularidad que no es homogeneizable. Tiene características propias y plantea cuestiones específicas en el ámbito educativo, en el ámbito de los servicios públicos, en el ámbito de la administración de justicia, de la integración social, del etiquetaje, de la cinematografía y de la cultura. Lo mismo ocurre con el derecho civil, foral o especial, que no existe en todas las comunidades autónomas; o los regímenes económico-fiscales específicos, protegidos por la Constitución, no son generales para todas la comunidades. Hay singularidades en el Estado autonómico, pero dicho esto, el conjunto tiene que tener sentido: ni puede haber discriminaciones ni desigualdad en derechos, y asegurarnos de ello es la misión indeclinable del partido socialista.

Los españoles hemos construido con éxito ese proyecto común que es para nosotros la España autonómica. Hemos, asimismo, aprendido de la experiencia vivida en estos 25 años. Una experiencia de la que podemos extraer una enseñanza clara: la esencia de la unidad de España es el reconocimiento de su pluralidad. Y nada aleja más a España de su unidad que la imposición y el centralismo. Pero esa experiencia también aconseja no quedarse quietos: queremos y podemos mejorar el funcionamiento de nuestro Estado autonómico. Por lo aprendido, pero también para encarar en la mejor disposición las nuevas necesidades de presente y de futuro de la sociedad española. Las pautas de esa mejora están en la propia Constitución: participación, coordinación y colaboración. En definitiva, se trata de perfeccionar, a través de una mayor participación de las comunidades autónomas, la realidad compartida que es España.

Los españoles merecen un partido de Gobierno que plantee soluciones a los problemas de los ciudadanos en lugar de concentrarse en crispar, confrontar, atacar y dividir. Somos ese partido. El PSOE, tan decisivo en la construcción del Estado autonómico, va a volver, 25 años después, mal que le pese a la derecha y a los nacionalistas, a liderar el Estado de las autonomías, profundizando en el autogobierno, garantizando la cohesión y acometiendo desafíos en relación con problemas de funcionamiento que están identificados, por cierto, desde hace tiempo. Y encarando así, además, en mejores condiciones los nuevos retos de futuro.

El PSOE ha mantenido una línea coherente, en su discurso y en su práctica, desde el día en que abordamos la Constitución. Siempre hemos sabido cuál es el modelo territorial que mejor convenía a España y a su bienestar, el que mejor refleja la diversidad de identidades y la convivencia entre ellas. Nunca hemos hecho ni haremos de tan esencial cuestión bandería de partido ni objeto de doble juego ni de doble rasero. Nuestra oposición frontal a todo segregacionismo o pseudo-soberanismo, ya venga del PNV o de CiU, lo es por razón de principios y no de interés partidario, coyuntural, propagandístico. Frente a los que separan, a los que quieren dividir y a los que utilizan las tensiones segregacionistas para sus fines partidarios, el PSOE siempre ha estado y está en la Constitución. Siempre en la España plural. Siempre en la práctica del diálogo institucional. Y siempre en la ambición de conseguir un máximo grado de consenso para acometer las reformas que conquisten el futuro.

Esto es un proyecto de Estado y una comprensión real de lo que es nuestra sociedad. Todo lo demás son tácticas que piensan muy poco en la Historia de todos, de España y de los españoles, y menos aún en su futuro.

El PSOE, desde el 35 Congreso de julio de 2000, ha deliberado y adoptado por unanimidad de todos sus órganos federales toda una serie de documentos donde pone de relieve estos desafíos y ofrece respuestas. Una ciudadanía plena: ciudades, autonomías, España y Europa, aprobado por el Comité Federal en febrero de 2002; el Manifiesto socialista para la España autonómica del siglo XXI y el Programa marco autonómico para las elecciones del 25 de mayo, aprobados ambos por la Conferencia Autonómica de enero de 2003, son, entre otros, documentos donde se definen de forma nítida los retos y las soluciones que los socialistas planteamos para nuestro Estado autonómico. Sólo desde la mala fe o el propagandismo sectario se puede mentir pretendiendo que el PSOE necesite definir un modelo del Estado. Nuestro modelo de Estado se basa en la Constitución y el bloque constitucional: lo llamamos Estado de las autonomías. Esta resolución, pues, no es el punto de partida de nada: es la prolongación de una labor histórica, continuada y constante.

Para nosotros, el objetivo político sigue siendo el mismo: que todos los españoles se sientan cómodos siéndolo tal y como lo quieran ser; que el espacio común y compartido sea habitable y aceptable para todos en un orden que garantice la igualdad de derechos y libertades ciudadanas.

Para los socialistas, España es, sobre todo, democracia, libertad, igualdad, pluralismo y justicia. Es la garantía de los derechos fundamentales y del bienestar de los españoles. El PSOE, al contrario que la derecha, no pretende confiscar España para su propio provecho. España es y ha sido siempre la pasión de los socialistas. España son los españoles que la hacen en su Historia y en cada generación.

El modelo de Estado que propugnamos constituye un instrumento al servicio de un valor, una ciudadanía plena, formada por ciudadanos, hombres y mujeres, libres, responsables de su destino, activos, que deliberan y participan en las instituciones democráticas.

Han pasado casi ocho años desde que el PP gobierna en España. Hoy vivimos el momento de mayor crispación, división social y territorial de nuestro país de los últimos 25 años. Es evidente que alguna responsabilidad es imputable a los gobiernos de José M. Aznar. Porque los suyos han sido gobiernos que, en lugar de dialogar, han confrontado; que en lugar de consensuar, han impuesto; que en lugar de integrar, han dividido. El inmovilismo que históricamente ha caracterizado a la derecha en nuestro país, cuando no su propensión a la contrarreforma o a las relecturas de los avances democráticos comportan, sin sombra de duda, una influencia negativa para la estabilidad territorial que España necesita y reclama. Probablemente, el ejemplo más sangrante es el desprecio de los gobiernos de Aznar por el diálogo institucional tanto entre Estado y CC AA como entre CC AA entre sí: quien se llena la boca retóricamente de Constitución ha venido infringiendo la obligación consagrada en el Reglamento del Senado de celebrar anualmente un debate monográfico sobre el Estado de las autonomías para debatir los problemas que a todas ellas afectan.

En los últimos años, además, hemos asistido a un intento por parte del Gobierno del Partido Popular de apropiarse de la Constitución. Nada más lejos del espíritu constitucional que la pretensión de patrimonializar para su beneficio político lo que, por su gestación y por su propia naturaleza, pertenece a todos. No hay nada más inconstitucional que apropiarse de la Constitución. No hay nada más opuesto a la Constitución que utilizar de manera excluyente una norma que se concibió justamente para ser patrimonio común e integrador de todos los españoles.

Frente a esta derecha que, en lugar de integrar crispa, confronta y divide, el PSOE quiere volver a liderar, desde el consenso y la participación, las reformas necesarias para adaptar nuestro Estado autonómico a la realidad actual. Para aumentar el sentimiento de pertenencia, de convivencia, y, consiguientemente, de seguridad, de lealtad en lo común y de confianza recíproca entre los múltiples actores de nuestro sistema constitucional.

El mundo está asistiendo a cambios espectaculares. Para ganar el futuro, España y sus instituciones deben aprestarse a sumar, a cooperar y a dotar a los ordenamientos autonómicos de todas las potencialidades para afrontar estos retos. Nuevas realidades como son la integración y ampliación de Europa, la Constitución Europea, el fenómeno de la inmigración, la apertura de nuevos espacios económicos y comerciales, la globalización de los derechos humanos y de la democracia, de su legalidad y su cultura cívica, la incidencia de una justicia universal para la garantía de los derechos humanos y el nuevo orden global, un mayor nivel de exigencia de los ciudadanos hacia sus representantes en las instituciones y la mejora de la calidad de nuestra democracia, son todos ellos aspectos esenciales que deben inspirar nuestro ordenamiento constitucional y autonómico. A la adaptación a estos fenómenos de nuestras instituciones estatales y autonómicas y a perfeccionar la actual estructura del Estado se dirigirán, principalmente, las reformas propuestas por el PSOE para anticipar el futuro.

Nuestra propuesta de perfeccionamiento del Estado autonómico supone asumir, con coraje, el deber de postular reformas institucionales concretas y específicas allí donde las consideramos necesarias, oportunas, y coherentes con la mejora de los mecanismos de autogobierno. Nuestro objetivo, en suma, es poner nuestro orden territorial en plena forma para que el país en su conjunto y cada territorio puedan alcanzar las máximas cotas de progreso, bienestar, libertad, igualdad y justicia. Y ello, para conseguir más cohesión social e igualdad de derechos, que son los objetivos que siempre han guiado y seguirán guiando nuestro quehacer político.

Los elementos principales de esta propuesta son los siguientes:

1. Reforma del Senado

El Senado diseñado en 1978 no está preparado para asumir el papel crucial que debería desempeñar en uno de los Estados más descentralizados del mundo como es hoy España. Países como EE UU, Alemania, Suiza, Austria, Australia o Bélgica sí disponen de segundas cámaras adecuadas a su propia esencia de Estados descentralizados. Sencillamente, en 1978 era imposible prever el formidable desarrollo autonómico alcanzado posteriormente. 25 años después, necesitamos un Senado adaptado a la actual realidad. El propio espíritu constitucional así lo demanda.

El Senado en los Estados compuestos no puede limitarse a amplificar la misma mayoría que en el Congreso, cuando no a deformarla, o a sesgarla, sino que debe cumplir una función de participación territorial. Y cuando decimos participación territorial no hablamos sólo de representación, que es como a menudo se le califica, sino de contribución de las CC AA a la formación de la voluntad del Estado en las decisiones que les afectan. Esa es precisamente la función que echamos de menos en España. Teniendo una cámara prevista para ello, no cumplimos con los cometidos para los que estaba establecida. El déficit del Senado no es solamente un déficit de representación, en el sentido de que su composición no refleja suficientemente la realidad autonómica del país. El déficit del Senado es, fundamentalmente, un déficit de participación. Es decir, no produce el efecto de que las comunidades autónomas, con su propio y específico peso político y su importancia política, puedan participar activamente en la formación de la voluntad del Estado y sentirse, por tanto, integradas en el proceso decisivo o decisorio.

Por ello, los socialistas impulsaremos, desde el consenso, la reforma constitucional del Senado para que cumpla su función y se convierta en una auténtica Cámara de representación, participación e integración de las comunidades autónomas en el Estado autonómico.

Es necesario también dotar de capacidad al Senado para promover, con iniciativa propia, grandes planes, nacionales o de cooperación, entre Estado y comunidades autónomas, en los que puedan ser acometidos los diseños y las ejecuciones de algunas políticas que en estos momentos resultan tan difíciles que casi son impensables, que casi son inviables, porque requieren esfuerzos de aproximación y de compartición de responsabilidades en su diseño y en su ejecución, desde el principio, para resolver problemas muy reales.

Son los llamados Planes Comunes de Cooperación. El de la inmigración es uno, para el que hace falta claramente una gran estrategia nacional y que no puede de ninguna manera solventarse ni con parches ni con la opacidad de un bilateralismo miope y pequeño entre una comunidad autónoma y el Estado, de espaldas a todos los demás. Estos instrumentos de cooperación se podrían también utilizar para poner en marcha iniciativas conjuntas de infraestructuras o de carácter medioambiental; o para crear un nuevo modelo de seguridad pública en el que se integren varias Administraciones y niveles de gobierno; o para el desarrollo actual y moderno de la Justicia a través de la participación de las CC AA en funciones de gobierno interno de la administración de justicia en ámbitos no judiciales; o para la configuración del modelo de Justicia de proximidad; o para lograr la integración de los servicios de inspección, gestión, recaudación y liquidación tributaria.

2. La integración de la España autonómica en Europa

En España, el proceso de integración en la Unión europea -y por tanto, de transferencia de soberanía y competencias a las instituciones europeas- se ha desarrollado al mismo tiempo que se producía una importante descentralización política desde el Estado a las comunidades autónomas. Este proceso paralelo a lo largo de 18 años ha ido formalizando una legítima aspiración: la participación más activa y directa de las comunidades autónomas en el ámbito comunitario, pues es allí donde se formulan y se toman decisiones que les afectan.

En los últimos siete años no se ha avanzado nada en reforzar el principio de cooperación y colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que en el ámbito de la política comunitaria es imprescindible. Así, la legítima aspiración de las comunidades autónomas a participar más activamente en las decisiones de la Unión Europea que afectan a sus políticas de gobierno es hoy, más que nunca, una necesidad para el buen funcionamiento de nuestro Estado autonómico.

En este momento, en el que la Unión Europea avanza en su construcción, que Estados miembros, partidos políticos, instituciones y diversos organismos trabajan desde hace meses en una reforma institucional que culminará el próximo año, en España tenemos que resolver esta laguna de nuestro funcionamiento institucional.

Los gobiernos y parlamentos autonómicos elegidos por sus ciudadanos deben decidir y aplicar políticas que vienen determinadas por un sistema competencial definido en la Constitución, en los Estatutos de autonomía, y en abundante jurisprudencia constitucional. Además, nuestra pertenencia a la Unión Europea nos sitúa ante una realidad en la que una importante cantidad de políticas comunes europeas afectan a competencias autonómicas, ya sean éstas de carácter exclusivo o compartidas con el Gobierno de España. Es ésta una realidad que ningún Gobierno responsable puede permitirse ignorar, si queremos que nuestro Estado funcione y funcione bien.

Los socialistas proponemos, desde hace tiempo, mecanismos de participación activa de las comunidades autónomas en la toma de decisiones comunitaria. Ni más ni menos que los utilizados por otros Estados miembros de la Unión que, con estructuras políticas similares a la nuestra, han probado excelentes resultados en este ámbito.

Así, la perspectiva de profundizar en las relaciones entre las comunidades autónomas, el Gobierno de España, y la Unión Europea debe asociarse a la reforma del Senado, como cámara de representación territorial y foro de integración de todas las voluntades. Es la forma en la que se articulan otros países de la Unión, y sin duda el órgano constitucional más válido para garantizar el principio de lealtad.

Pero hasta que la reforma no sea un hecho, seguiremos proponiendo mecanismos que hagan posible esta participación, tales como la inclusión en la delegación española ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y en sus órganos auxiliares, de un representante del conjunto de las comunidades autónomas. Es una propuesta de participación modulada según la distribución competencial que determinan la Constitución y los Estatutos de autonomía, es respetuosa con el criterio de que el Estado es el miembro de la Unión, y que la Unión lo es, por tanto, de Estados y pueblos de Europa, y pretende un compromiso de corresponsabilidad en la conformación de la voluntad general.

En este contexto europeo hay, además, otro elemento que expresa elocuentemente la distancia recorrida desde 1978 hasta el momento actual. La Constitución Española no hace ninguna referencia, no ya a la participación de las CC AA en la construcción europea; es que no hace referencia alguna ni a la Unión Europea, ni a la Comunidad Europea. Ni siquiera menciona la palabra "Europa". La explicación es simple: la redacción de nuestra Constitución es anterior a la plasmación efectiva del compromiso de España en su voluntad europeísta, y en estos 25 años sólo se ha producido una reforma muy parcial para adaptar un artículo que hiciera posible el sufragio de ciudadanos europeos en las elecciones locales.

3. Conferencia de presidentes

Desde hace más de siete años, el Gobierno del PP no convoca el debate sobre el Estado de las autonomías, algo a lo que le obliga legalmente el Reglamento del Senado.

España no necesita esto. España necesita más diálogo institucional entre el presidente del Gobierno y los presidentes de CC AA y entre éstos entre sí. Los presidentes de comunidades autónomas gozan de la legitimidad democrática que les otorga haber sido elegidos por los ciudadanos de su territorio. Son depositarios de la voluntad popular y, por ello, merecen ser escuchados por las instituciones del Estado a la hora de tomar decisiones que afectan de manera directa a las autonomías cuya representación ostentan.

En la España autonómica del siglo XXI no es lógico que no exista un foro donde se reúnan los presidentes autonómicos entre sí y con el presidente del Gobierno. Para suplir esta carencia, proponemos el establecimiento, en el seno del Senado reformado, de una conferencia de presidentes, lugar de diálogo institucional entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos y de las ciudades autónomas, que se reunirá con una periodicidad anual y tratará los problemas más importantes del país desde el punto de vista de las comunidades autónomas.

4. Reformas de Estatutos de autonomía

Los socialistas hemos promovido a lo largo de estos 25 años de democracia constitucional los necesarios consensos desde los que han sido adoptadas reformas estatutarias cuando hemos entendido que las mismas eran necesarias y oportunas para conseguir un gobierno más cercano a la gente, capaz de proporcionar más justicia social y más igualdad de derechos.

Los ciudadanos tienen derecho a saber que los Estatutos de autonomía pueden modificarse dentro del marco constitucional, y así ha ocurrido, de hecho, con la gran mayoría de los mismos. Algunos de ellos, incluso, en más de una ocasión.

Las coordenadas desde las que el partido socialista ha sido parte activa en esas modificaciones han sido claras, lo son ahora y continúan vigentes: 1) una impecable adecuación a la Constitución y a sus valores; 2) amplio consenso social y político, toda vez que el proceso de aprobación exige mayorías cualificadas tanto en los espacios autonómicos concernidos como en las Cortes Generales, que representan al conjunto del pueblo español; y 3) congruencia con nuestro propio proyecto político y con nuestra visión del papel que desempeñan en él las CC AA: ser instancias de autogobierno próximo a los ciudadanos, prestadoras de servicios sociales de calidad y promotoras de cambio, modernización y progreso.

Hoy nos disponemos de nuevo a abordar, bajo esas mismas coordenadas, conforme a la Constitución y a las reglas del juego democrático, y desde el imprescindible consenso, reformas estatutarias en aquellas comunidades autónomas donde el marco jurídico merezca ser perfeccionado para alcanzar los objetivos sociales a los que aspiramos y para conseguir un mayor y mejor desarrollo de los servicios que presta la comunidad autónoma en el marco constitucional.

Nada de eso significa que defendamos una oleada de reformas estatutarias global o indiscriminada. Sólo resulta prudente y aconsejable acometer una reforma estatutaria allí donde un alto grado de consenso democrático la considere oportuna y conveniente para que la ciudadanía de dicha comunidad autónoma y la del conjunto de España gocen de un mayor grado de bienestar y justicia.

5. Las CC AA como motor de cambio, modernización, innovación y futuro

Hace 25 años teníamos claro que autonomía significaba más identidad, en el sentido de refuerzo de los sentimientos propios de pertenencia a una comunidad propia, y más democracia, al aproximar las instancias de decisión a los ciudadanos.

La experiencia, 25 años después, ha demostrado que las CC AA, además de todo ello, han constituido un potente y efectivo motor de cambio y progreso económico y social para sus territorios. Los socialistas apostamos porque, después de 25 años, las CC AA sigan siendo motor de progreso. Por ello, postulamos que las CC AA deben liderar la sociedad española hacia la innovación tecnológica y la sociedad del conocimiento. El Estado autonómico debe servir, de nuevo, para ganar el futuro para los ciudadanos.

6. España en red. Infraestructuras para el progreso social y económico de la España plural

El Partido Socialista Obrero Español propugna un modelo de infraestructuras que permita al mismo tiempo la vertebración territorial de España, la potenciación de los grandes corredores económicos, la interconexión con Europa y África, dada nuestra situación geoestratégica, así como la cooperación más intensa con los países vecinos de Francia y Portugal y facilitando con todo ello la comunicación entre las distintas comunidades autónomas españolas. Este modelo coherente con la España plural de progreso social que defendemos implica evolucionar en el sentido de compatibilizar las actuales infraestructuras radiales con las nuevas transversales y longitudinales que permitan la vertebración de una malla peninsular que posibilite la cohesión territorial en la que creemos. Sirva a modo de ejemplo nuestra apuesta por la potenciación de los corredores del Mediterráneo (de Algeciras a La Jonquera) de gran utilidad para toda la red portuaria española del Mediterráneo, el del Ebro, que unirá el corredor del Mediterráneo con la Cornisa Cantábrica, que a su vez aportará gran potencialidad a la plataforma logística de Zaragoza, el Corredor de la Plata y el de la Cornisa Cantábrica.

Las redes de infraestructuras diseñadas por el Ministerio de Fomento se inspiran en una concepción no autonómica del Estado español, en la que no se consideran las necesidades económicas del país ni el proceso de vertebra-ción europea mediante las redes transeuropeas.

El tradicional modelo radial de concepción de las infraestructuras del transporte en España se corresponde con una estrategia territorial de conexión centro-periferia, que, si bien pudiera haber tenido justificación en determinados momentos de nuestra historia, resulta totalmente superado a la luz de las tendencias de desarrollo territorial y económico imperantes en Europa y desde luego, a partir de nuestra integración en la Unión Europea.

En la era global, propugnamos una visión integral de las infraestructuras como arterias de comunicación indispensables para el desarrollo de la actividad económica y para la vertebración del territorio, y no como un negocio en sí mismo. Los socialistas consideramos que los servicios de transporte son una herramienta de igualdad y solidaridad, de cohesión social y territorial. Por ello, las infraestructuras y los servicios esenciales que resultan exigibles para su correcta prestación permanecerán bajo titularidad pública, sin perjuicio de que éstos se puedan prestar indirectamente a través de empresas privadas.

El plan de infraestructuras que propone el PSOE será instrumento de política territorial encaminado a satisfacer de forma equilibrada la demanda de movilidad que responda a las necesidades de las distintas áreas y a potenciar el crecimiento económico de las zonas más desfavorecidas, desde la óptica de la corrección de las diferencias de la calidad de vida y de mejora en el entorno ambiental. Apoyaremos, a su vez, la cooperación transfronteriza en el desarrollo del Derecho regional europeo.

7. Sentimiento constitucional: por la lealtad y el patriotismo de las libertades y de la ciudadanía

En definitiva, nuestras ambiciones para España pasan por favorecer sentimientos, actitudes, en suma, una cultura política capaz de innovar y apostar por la mejor España y por lo que tiene que ser: un país plural, dinámico, cimentado en identidades compatibles y no conflictivas entre sí, donde la idea de lo común que funda nuestra convivencia no pueda ser arrogada patrimonio privativo de nadie en particular.