ENTRE EL COMPROMISO Y EL FRACASO

 

 

  Artículo de Josep Borrell en “La Estrella Digital” del 5-6-03

 

Cuando faltan tres semanas para que la Convención europea acabe sus trabajos, los problemas que habían permanecido soterrados emergen bruscamente y amenazan con hacerla fracasar.

En su última sesión plenaria la gran sala del Parlamento Europeo estaba semivacía mientras los representantes de gobiernos y parlamentos buscaban por los pasillos fórmulas de consenso que evitasen el bloqueo producido por la posición de España y el Reino Unido.

El Presidente de la Comisión, Romano Prodi, y el de la Convención, V. Giscard d’Estaing, no dejan de tirarse los trastos a la cabeza polemizando a golpe de comunicados y reprochándose mutuamente su falta de visión histórica en un momento crucial para el futuro de Europa. Prodi dice que Giscard ha cedido a las presiones de los gobiernos dando más poder al Consejo en detrimento de la Comisión. Giscard le reprocha que haga críticas en vez de propuestas, olvidando que en su día optó por ignorar el proyecto de Constitución, denominado “Penélope”, que presentó Prodi.

Pero si la discusión entre los dos personajes tiene ya mucho del encono personal entre dos prima donna de la política, el rechazo a las propuestas del Presidium que encabezan España y Reino Unido representa la batalla de fondo por la defensa de las posiciones adquiridas de cada país frente a una reforma en profundidad de las instituciones comunitarias. Y tal como están las cosas el Presidium tendrá que reconsiderar algunas de sus propuestas o demorar en el tiempo su aplicación.

 

Las discrepancias se refieren a cuatro temas que, al final, tendrán que ser objeto de mutuas concesiones: la Presidencia del Consejo, ¿rotatoria, como hasta ahora, o permanente por un periodo largo?; la Comisión, grande con un Comisario por país o reducida de forma que habrá países sin Comisario?; su Presidente, ¿elegido por el Parlamento o propuesto por el Consejo?; el sistema de decisión en algunos temas sensibles como la fiscalidad o la política exterior, ¿por unanimidad o por mayoría cualificada?; la definición de la mayoría cualificada, ¿por el sistema establecido en Niza o por el de la doble mayoría, 60 % de la población y mitad más uno de los países, como propone el Presidium?

Este último tema es el que ha provocado la oposición frontal del gobierno español que ha liderado, junto con el Reino Unido y Polonia, una coalición que exige el mantenimiento de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Niza argumentando que la Convención no está mandatada para modificarlos.

En realidad la Convención ha ido más allá de su mandato en muchas cuestiones y es lógico que un proyecto de Constitución revise y mejore algo tan importante como las reglas de decisión. Pero la posición del gobierno español se comprende perfectamente porque en Niza renunció a 14 de sus 64 eurodiputados a cambio de una ponderación de su voto en el Consejo superior al de nuestra dimensión demográfica y muy próximo al de los grandes países con una población mucho mayor (27 votos España con 39’4 millones de habitantes versus 29 de Alemania con 82 millones)

Sin duda que esa ponderación del voto de cada país no es sino el resultado de acuerdos históricos, empezando por la igualdad entre Francia y Alemania, y de ajustes sucesivos en cada ampliación que no tiene ya mucho significado lógico. Pero al sustituirlo por un sistema donde cada país pesa de forma estrictamente proporcional a su población, España perdería en

los dos campos de negociación, en el Parlamento y en el Consejo. Es pues razonable que si se quiere aplicar una regla de decisión por mayoría cualificada basada en la población, se revise también el reparto de escaños en el Parlamento aplicando el mismo criterio. Pero eso es un avispero que nadie quiere tocar.

Polonia está en la misma posición que España, y el Reino Unido, al que la nueva fórmula le favorece, apoya la posición de los dos porque teme que si se reabre Niza para el tema del voto se reabra también para las decisiones en materia de fiscalidad. A España, el Reino Unido y Polonia, grupo que recuerda al que se formó en defensa de las tesis norteamericana durante el conflicto de Irak, se han unido varios pequeños países que temen perder su Comisario y a los que Londres vende su apoyo a cambio de que aprueben la Presidencia permanente del Consejo que es el gran objetivo del Reino Unido en esta Convención.

Pero si definir la mayoría cualificada es importante, más lo es decidir a qué temas se aplica y en cuáles se sigue aplicando la unanimidad que es tanto como decir el derecho al veto de todos y cada uno y la seguridad de que una Unión con 25 o 25 miembros quedaría paralizada. Y en este tema produce irritación el discurso de Blair en Varsovia asegurando que ha ganado la batalla de la Convención contra los que desean una Europa más integrada políticamente puesto que las cuestiones de fiscalidad y política exterior seguirán sometidas a la unanimidad.

Eso es tanto como decir que Europa no tendrá una política económica que complemente a la política monetaria común y que tampoco tendrá política exterior. Si esta es la Europa que quiere Blair, no puede ser la de un proyecto socialista que quiere evitar el dumping fiscal y hacer de Europa un actor global en el mundo.

Por eso, la posición del Reino Unido divide, una vez más, a los socialistas europeos como queda de

manifiesto cuando nos reunimos los miembros socialistas de la Convención. Probablemente tiene razón Giscard cuando dice que, nos guste o no, la crisis de Irak ha puesto de manifiesto que la regla de la mayoría no habría sido respetada porque los países que hubiesen quedado en minoría habrían mantenido su posición. Pero la Constitución debe al menos prever unas normas evolutivas que preparen el camino para hacer posible mañana lo que no lo es hoy.

De lo contrario el mantenimiento del statu quo impuesto por la falta de voluntad de avanzar de algunos y las inercias de los recién llegados no hará sino acelerar la creación de “nucleos duros“ o “grupos avanzados” de países que construirán solos la Europa política. Que la futura Constitución, al menos, se lo permita.