LA ESPAÑA PLURAL

 

 

 Artículo de Jaime Ignacio del Burgo   en “La Razón” del 27/02/2004

 

Hasta la confusión provocada por la irrupción nacionalista del socialismo catalán, era valor entendido hablar de la pluralidad de España. Todo el mundo, en el campo del constitucionalismo español, estaba de acuerdo en resaltar la armoniosa conjunción entre los conceptos de unidad y de diversidad. España, se decía, es una y plural. Los nacionalistas catalanes ¬salvo Esquerra¬ aceptaron esta idea constitucional de España. Los nacionalistas vascos nunca lo hicieron. Pero desde la declaración de Barcelona todos los nacionalistas decidieron aunar esfuerzos para provocar un cambio sustancial en el modelo constitucional pactado en 1978 y allanar el camino hacia el objetivo final de la independencia. Para ello es imprescindible como paso previo la conversión de España en un Estado plurinacional.
   Tanto en el Plan Ibarreche como en el de Artur Más, pendientes de discusión en los Parlamentos vasco y catalán, se reivindica el derecho a la autodeterminación y no se renuncia a la independencia, ni aunque el País Vasco consiga convertirse en un Estado asociado con España o Cataluña logre un nuevo status de relación con el Estado para su configuración como nación soberana. En ambos casos el Estado plurinacional quedaría reducido a una especie de cooperativa de servicios comunes, como la defensa y la diplomacia.
   El pacto constitucional de 1978 configuraba un modelo de organización territorial basado en el reparto del poder político entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El grado de autonomía constitucionalmente permitido es realmente extraordinario. España se ha convertido en uno de los países más descentralizados de la Unión Europea. En los últimos años, bajo el impulso del Partido Popular, injustamente tildado de involucionista, el proceso autonómico ha dado pasos de gigante hacia la culminación del modelo diseñado en la Constitución. No debe olvidarse que la clave del actual modelo territorial es afirmar la autonomía junto con la reserva al Estado de un importante haz de competencias dirigidas a garantizar al pueblo español en su conjunto el disfrute de los derechos y libertades fundamentales y la consecución de un marco común económico, social y cultural presidido por los principios de cooperación y de solidaridad.
   Si el PP y el PSOE mantuvieran en estos momentos el consenso básico que ha presidido hasta ahora sus relaciones en materia autonómica, la estabilidad institucional de España estaría garantizada.
   Pero Maragall ha destrozado el discurso constitucional del PSOE. Y no sólo porque su proyecto de federalismo asimétrico, su idea de llegar a un acuerdo «con Castilla», (porque a su juicio hay en España cuatro naciones: Cataluña, País Vasco, Galicia y el resto castellano), y sus propuestas para superar el marco constitucional en el futuro Estatuto de autonomía, impiden a los socialistas mantener un discurso homogéneo en toda España, sino sobre todo porque ha pactado un programa de gobierno para Cataluña imposible de satisfacer sin promover un nuevo y temerario proceso constituyente en España.
   Maragall actúa ya como presidente del Estado catalán y ha entregado la dirección de su gobierno a ERC que no oculta su antipatía por España y que en todas sus acciones (y tiene a su cargo departamentos clave como la educación) manifiesta su voluntad de aprovechar esta oportunidad histórica para acabar con el actual modelo constitucional.
   Como español me siento muy preocupado por la pérdida por parte del PSOE de la E de España. Tener divergencias internas tan profundas en un asunto tan esencial como la propia idea de España no es síntoma de vitalidad democrática sino de una grave crisis capaz de acabar con el partido como proyecto nacional.
   Resulta patético contemplar a Zapatero en el balcón de la Generalidad, flanqueado o, mejor, secuestrado por Maragall y Carod Rovira, y luego proclamar a los cuatro vientos que él garantizará la unidad de España, cuando ha sido incapaz de imponer su autoridad al presidente catalán. El episodio de Carod Rovira, proporcionando a ETA el pretexto para dejar fuera a Cataluña de sus acciones criminales, es sin duda muy grave, pues ha roto la unidad frente al terrorismo y ha dado a la banda un balón de oxígeno cuando se encuentra en una situación agónica.
   Hace bien el PP catalán en no acudir a una manifestación dirigida única y exclusivamente a salvar la cara del irresponsable negociador y la del propio Maragall con un lema donde se empieza por descalificar subliminalmente a los populares al tocar a rebato al pueblo catalán, sustituyendo la palabra España por la de «Estado», para que se manifieste en primer lugar por la democracia y el autogobierno de Cataluña como si estuvieran en grave peligro y no por ETA precisamente, a la que se cita en último lugar de manera vergonzante. Pero todo esto, con ser muy grave, no es más que un episodio efímero. Lo peor está por venir y será consecuencia del pacto entre los socialistas y los separatistas catalanes. Un pacto cuya expresión plástica en estas elecciones generales es la presentación de listas conjuntas para el Senado.
   El fragor de la batalla electoral impide el debate sereno en un asunto tan trascendental para España. Por eso, me parece muy oportuno el ofrecimiento de diálogo formulado por Rajoy a Rodríguez Zapatero, que para bien de España espero continúe siendo líder de la oposición tras el 14 de marzo, para fortalecer nuestro actual modelo constitucional. Es verdad que la Constitución permite algún espacio para un mayor desarrollo autonómico. Pero una cosa es discutir sobre el alcance de ciertas competencias y otro, bien distinto, dinamitar la idea de España en aras de la construcción de un Estado plurinacional, disgregador e insolidario, incompatible con la España plural fruto de nuestra historia, de nuestros sentimientos y del interés general de los españoles.