LA DEMOCRACIA TAMBIÉN NECESITA UNA LEY DE CALIDAD

  Artículo de JORGE DE ESTEBAN en “El Mundo” del 20.06.2003

 

A este paso habrá que empezar a exigir una ley de calidad, al igual que ocurrió con la enseñanza, para sacar a nuestra paupérrima democracia del pozo en que la están metiendo los políticos, aunque no sólo los políticos. En efecto, la incomparecencia de dos diputados del PSOE en la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid no es sólo algo que daña al PSOE, sino que es un torpedo dirigido a la línea de flotación de nuestra democracia. Porque, al menos, tiene tres consecuencias nefastas: hace perder la credibilidad en los políticos, imponiéndose el criterio de que la política es algo sucio y corrupto; debilita enormemente al PSOE, uno de los dos grandes partidos nacionales sin los que el sistema no puede funcionar; y, por último, falsea la representación política, ya que los electores no se sienten representados por unos diputados nómadas e irresponsables. En una palabra, estas actuaciones deterioran la cultura democrática, porque los ciudadanos no poseen unos modelos de conducta que deberían suministrarles los políticos profesionales.

Resulta penoso tener que repetir la famosa frase de Churchill una y otra vez, para que no se desmoralicen los ciudadanos; esto es, que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno si excluimos todos los demás. Pero la democracia, para que sea auténtica, tiene que respetarse en dos planos: un primero en la forma y un segundo en el fondo.

El respeto a la forma significa que existe un procedimiento, unas reglas de juego, que debe ser aplicado de manera radical, porque de lo contrario entramos en el terreno de la arbitrariedad, del caos. Y el respeto al fondo consiste en que en toda democracia tiene que haber unos derechos fundamentales garantizados, una participación del pueblo en las decisiones del poder a todos los niveles y un cometido constante hacia el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, por encima de sus condiciones diferenciadoras o personales. Si se respetan ambas perspectivas, nos encontraremos ante un auténtico Estado de Derecho; de lo contrario, no existirá nada más que una parodia del mismo.

Pues bien, lo que está sucediendo en estos días en España, con respecto al caso de la Comunidad de Madrid, es que se está violando tanto la forma como el fondo de la democracia que tenemos. Dejando este último aspecto a un lado, me voy a concentrar en denunciar algunos casos concretos de esa violación flagrante de las reglas de juego existentes tanto por incompetencia manifiesta de algunos políticos, como por razones de sectarismo. Efectivamente, en la mayor parte de los casos es intolerable que no sepan manejar con rigor el lenguaje o las normas que rigen nuestra democracia, concretamente en lo que respecta al caso de los dos diputados desertores del PSOE. Así, en primer lugar, tanto muchos políticos como algunos periodistas denominan a Tamayo y Sáez como «tránsfugas» y ello es un grave error, porque por ahora no lo son, si consideramos a esta categoría como «aquéllos que, teniendo un cargo representativo por haber sido elegidos en la lista de un partido, se pasan, por las razones que sean, a otro». Por consiguiente, a estos diputados no se les puede denominar, por ahora, más que disidentes, rebeldes o desertores.

En segundo lugar, mientras no se prueben con veracidad los oscuros móviles que pueden haberles guiado en su deserción, no hay más remedio que aplicarles la presunción de inocencia y tienen derecho a que, antes de que se les expulse del partido, con independencia de lo que diga el artículo 53.1 de los Estatutos del PSOE, se les haga un expediente, alegando las pruebas pertinentes, el pliego de cargos y las alegaciones de los imputados. Esto es lo que exige una democracia auténtica, un Estado de Derecho serio, pues la expulsión automática por algo que no se ha probado todavía es propio de procedimientos dictatoriales.

Una tercera falacia que sostienen tanto tirios como troyanos es que este tipo de cosas no pasaría si se cambiase el sistema de listas cerradas predominante hoy en nuestras elecciones por un sistema de listas abiertas. Porque de esta manera los electores votarían a los candidatos, más que por su afiliación a un partido, por sus cualidades personales, haciendo imposible la elección de personas no edificantes. Como digo, se trata de una falsedad por las siguientes razones: en primer lugar, porque el sistema de listas abiertas es el que rige en el Senado y son muy pocos los que eligen a los candidatos a senadores por sus cualidades personales. Porque aquí también la gente vota a los partidos, es decir, son listas abiertas, pero los electores las utilizan como listas cerradas, votando a los tres candidatos del mismo partido. En segundo lugar, porque en las grandes circunscripciones los electores no conocen a casi ningún candidato y la forma de identificarse con ellos es a través del partido, que es un intermediario simplificador y necesario para las elecciones de nuestros días.Por último, tampoco se puede afirmar que los electores no elijan a determinadas personas en absoluto edificantes guiados por otras motivaciones folclóricas o espurias. ¿Hace falta dar algún nombre?

En cuarto lugar, ante la incompetencia de nuestros políticos para dirimir sus diferencias en el estricto terreno de la política, se les llena la boca de rencor y quieren recurrir al Código Penal para solucionar esos conflictos, intentando así judicializar la política, lo que es una aberración. Como es sabido, en los últimos días todos se quieren querellar contra todos. Pero hay algunos casos absurdos: así, por ejemplo, el secretario general del PP, Javier Arenas, ha anunciado que va a presentar una querella criminal por declaraciones hechas por Rafael Simancas que involucran al PP en una trama dirigida a perjudicar al PSOE. Pues bien, esto es discutible, porque el señor Arenas parece desconocer que el artículo 23 del Estatuto de la Comunidad de Madrid dice: «Los diputados gozarán, aun después de haber cesado en el cargo, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones». Luego los diputados no pueden ser procesados por lo que digan, aunque sea vejatorio para otros, así es el juego parlamentario y, si no se está de acuerdo con esta prerrogativa, hay que cambiarla. Pero mientras no se haga así, hay que respetarla, teniendo en cuenta que puede ser aplicada en sentido expansivo y amparar opiniones de este tipo.

En quinto lugar, se ha afirmado por parte de los dirigentes del PSOE que hay que obligar a que estos diputados devuelvan sus actas, es decir, renuncien a sus escaños, por no haber seguido la disciplina del partido. A mi juicio, así debería ser en un sistema que se basa en listas cerradas y bloqueadas y en donde el elector expresa al votar a los candidatos un mandato ideológico para que le represente de acuerdo con el programa electoral.Sin embargo, en la realidad de nuestro país no es así, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque tanto la Constitución en su artículo 67.2, como el Estatuto de Madrid en su artículo 10.4 señalan que los diputados no están sujetos a mandato imperativo alguno, luego pueden realizar lo que decidan voluntariamente; y, en segundo lugar, porque según una discutible jurisprudencia del Tribunal Constitucional que comienza en 1983 el acta o escaño de un elegido es de él y no del partido, con lo cual se abría la puerta al fenómeno del transfuguismo político y a la corrupción, como se demuestra por todo lo que ha sucedido en estos últimos años.

Y, para no agotar todos los temas, una última cuestión. Esperanza Aguirre, candidata a la Presidencia de la Comunidad por el PP, a la vista de lo que ha sucedido, ha propuesto, para salir de la situación absurda en que nos encontramos, un pacto al PSOE para que acepte convocar elecciones. Desde el punto de vista político es claro que se trata de un caramelo envenenado, porque es evidente que unas nuevas elecciones darían ahora la mayoría absoluta al PP, perdiendo el PSOE escaños a causa del castigo de los electores. Luego este partido prefiere seguir como está, exigiendo, en cambio, curiosamente al PP que obligue a los dos diputados desertores a que entreguen sus actas...

Pero, al margen de ese aspecto político, está el jurídico, y esa convocatoria de elecciones que quiere el PP ahora es imposible, porque el Estatuto de Madrid sólo contempla tres supuestos de disolución de la Asamblea y de convocatoria de elecciones: primero, la disolución normal, cuando se ha agotado la legislatura; segundo, la disolución automática, cuando no se consigue elegir un candidato a presidente en el término de dos meses desde la primera votación de investidura; y, por último, la disolución voluntaria, cuando por las razones que sean, el presidente de la Comunidad decide hacerlo así, pero con la condición de que no puede disolverla antes de que acabe el primer periodo de sesiones de la legislatura.Luego la propuesta de Esperanza Aguirre es extra legem, porque no se ajusta a ninguno de estos tres supuestos o, lo que es lo mismo, vulnera las reglas de juego. Por lo demás, no caben atajos para adelantar las elecciones, como sería considerar los días que quedan de junio en tanto el primer periodo de sesiones, el cual debe empezar, según el artículo 101.1 del Reglamento de la Cámara, en septiembre. Si se quiere reunir la Asamblea en lo que queda de junio, debe ser considerado, según el artículo 102, como sesiones extraordinarias, lo que no se computa para celebrar las elecciones. Otra cosa sería un fraude de ley.

En definitiva, sin tener que esperar a que se apruebe una ley de calidad para mejorar nuestra insuficiente democracia, hay dos cosas que deberían hacer el PP y el PSOE para buscar la confianza de los ciudadanos. El PP debería presentar ya a Esperanza Aguirre para la investidura y tratar de gobernar en minoría y, en su caso, esperar al segundo periodo de sesiones para disolver la Cámara y convocar nuevas elecciones. Y el PSOE, por su parte, debería disolver ya la Federación Socialista Madrileña, en donde suceden cosas muy raras que no hacen más que perjudicar la imagen del nuevo PSOE que desea proyectar Rodríguez Zapatero. Eso es lo que exige nuestra democracia, pero ellos sabrán lo que hacen.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.