Jesús Eguiguren es presidente del PSE-EE (PSOE).

Los planes anunciados por el lehendakari Ibarretxe ante el Parlamento vasco, en el Pleno de Política General del día 27 de septiembre, han tenido algunos efectos positivos. Entre ellos, hacernos a todos conscientes de la gravedad de la situación en el País Vasco, y los peligros que comporta. Y, en segundo lugar, clarificar cuál es la estrategia real del nacionalismo gobernante, que, durante demasiado tiempo, ha jugado a ocultar sus objetivos, lo que amortiguaba las resistencias sociales y dificultaba las respuestas políticas. Queda, además, desmontado el mito del diálogo político, uno de los grandes espejismos que presidían la política de Ibarretxe, porque resulta evidente que su propuesta no la ha realizado precisamente para llegar a acuerdos con el PSOE o con el PP. No está pensada para convencer a quienes representan a la mitad de la sociedad vasca, sino para obtener en su favor una adhesión social utilizando todos los instrumentos del poder, con el fin de negociarla con el Estado en posición de fuerza y, en última instancia, para perpetuar la hegemonía nacionalista en Euskadi.

Ibarretxe, al frente del nacionalismo gobernante, ha optado por romper el consenso estatutario, quebrando así la mejor tradición de la política vasca: el pactismo. Algo que, si en sí mismo es ya grave, lo es todavía mucho más teniendo en cuenta que los partidos constitucionalistas se encuentran en una absoluta desigualdad de condiciones frente al nacionalismo, por la amenaza directa de ETA. Recordemos que, en su último comunicado, la organización terrorista amenazaba abiertamente con atentar no sólo contra sedes del PSE-EE y del PP, sino, además, contra sus actos públicos.

Por otra parte, es general la percepción de que lo que propone Ibarretxe plantea un serio problema político no sólo en el País Vasco, sino en el conjunto de España. Su encaje en la Constitución actual es imposible y su eventual aplicación plantea una gran inquietud a los autonomistas. De ahí la necesidad de responder acertadamente a este desafío. Pero enfocar el presente de una manera adecuada requiere una cierta perspectiva histórica. Creo, por eso, que es conveniente aludir a precedentes de la historia contemporánea del País Vasco, porque nos aportan enseñanzas importantes que pueden evitar que nos equivoquemos en el diagnóstico y en su tratamiento.

Recordemos, por ejemplo, que, en el último tercio del siglo XIX, los integristas y reaccionarios vascos confluyeron con el carlismo antisistema contra el Estado democrático, preludiando la segunda guerra carlista, al grito de 'Sálvese la religión y perezcan los fueros'. Más de un siglo después, el error se repite, aunque ahora con otro lema: 'Sálvese el proyecto nacionalista y muera el Estatuto'. Cosa distinta es que la mayor solidez del Estado de derecho evite que el Estatuto pueda perecer, como antes perecieron los fueros.

Recordemos, igualmente, que el viaje a Estella del nacionalismo no es de ahora. También al inicio de la II República, el nacionalismo vasco se fue a Estella para aliarse políticamente con la derecha carlista e integrista vasco-navarra que luego se alzaría contra la legalidad democrática republicana. ¿Y qué pedían los nacionalistas, haciendo causa común con la derecha más reaccionaria? Su 'ámbito vasco de decisión', que en aquella época se centraba en arrebatar al Estado sus competencias para mantener relaciones con el Vaticano. En aquel entonces, el PNV supo desmarcarse a tiempo de esas alianzas. Supongo que, tarde o temprano, y si el paralelismo funciona, también hoy acabará rectificando.

Los ejemplos expuestos son suficientemente ilustrativos como para dejar fijadas algunas conclusiones. La primera: que la relación conflictiva con el sistema constitucional español tiene en el País Vasco raíces tan profundas como el constitucionalismo liberal y progresista. La segunda: que este conflicto, más o menos abierto o soterrado según las épocas, constituye un elemento esencial del pluralismo vasco, caracterizado por que dos formas de pensar y de sentir lo vasco y lo español están presentes en el País Vasco desde el inicio de la época contemporánea, con presencia y distribución geográfica y social semejante a lo largo del tiempo. La tercera: que el factor religioso ha sido y es un elemento de gran influencia en la situación política de Euskadi. No creo que sea una casualidad que fuera precisamente un 31 de julio, festividad de San Ignacio, la fecha en que se fundaran tanto el PNV como ETA. No son, por tanto, desdeñables a efectos políticos las actitudes que la Iglesia católica vasca ha venido manteniendo, como, por ejemplo, su toma de postura con respecto a la Ley de Partidos.

De todos estos datos pueden extraerse algunos principios de acción política, fundamentados en el más básico: que las soluciones hay que buscarlas allí donde el problema se manifiesta. Por eso entiendo que:

1. Se equivocará gravemente quien piense que la solución vendrá de la eliminación o marginación de las fuerzas en presencia en Euskadi, sean nacionalistas o estatutistas. El único arreglo posible seguirá basándose en el pacto interno.

2. Defender el pacto entre los vascos, frente al desafío rupturista del nacionalismo, implica defender activamente el Estatuto y su cumplimiento íntegro. Porque la autonomía vasca y la filosofía pactista en que se basa no son el problema, sino la solución. Quienes piensen que la aguda crisis política del País Vasco es consecuencia de una autonomía que habrá que suspender algún día, olvidan que es precisamente a los constitucionalistas y estatutistas a los que corresponde defender el Estatuto, desde el momento en que son los nacionalistas los que lo impugnan.

3. Tiene que ser la sociedad vasca la que haga frente a este desafío, porque las alternativas al nacionalismo no saldrán de los despachos de Madrid, sino desde las mismas entrañas de la sociedad vasca. Y este desafío tenemos que ganarlo en el seno de la opinión pública de Euskadi, potenciando y movilizando al tejido político y asociativo constitucionalista y autonomista y respetando su pluralidad interna. Porque quien utilice las diferencias legítimas que puede haber en su seno para mermar la fuerza de un partido o para imponer su predominio en el resto de España, estará de hecho trabajando para el nacionalismo.

4. Hay que evitar por todos los medios fomentar el victimismo nacionalista, que engorda para su provecho con el 'enemigo externo'. A la deriva actual del nacionalismo no se le podrá contrarrestar con eficacia -al contrario, se la reforzará todavía más- con argumentos propios del más rancio nacionalismo español. No será, por eso, con demagogias populistas, con excesos verbales ni entrando en guerras de símbolos, utilizando, por ejemplo, de forma partidista la bandera de todos los españoles, como se gane este debate en la opinión pública vasca.

5. Y lo que es más importante: hay que seguir combatiendo con eficacia al terrorismo y hacer que el Estado de derecho sea una realidad plena en el País Vasco. En caso contrario, sabemos ya de antemano quién va a ser el ganador de este pulso político. Son necesarias menos declaraciones grandilocuentes de cara a la galería y más medidas concretas para que la legalidad democrática se cumpla. Y ello, sin renunciar tampoco a establecer cauces de comunicación con el Gobierno vasco, aunque sólo sea para proteger con la aplicación de la ley los derechos de todos los ciudadanos vascos.

En definitiva, es necesario acometer una política que sepa aunar los principios y el pragmatismo, la firmeza democrática y el diálogo institucional y político. Una política que trate de desenterrar el espíritu del pacto y del compromiso que haga posible superar la situación de crisis permanente que vive el País Vasco. El nacionalismo gobernante ha optado por renunciar a este espíritu. Esta actitud obliga a que los demás hagamos del pacto y el entendimiento entre los vascos el eje de nuestra política. Lo tenemos que hacer con el Estatuto en la mano. Porque nuestra alternativa es el Estatuto.