FUERZAS Y RESISTENCIAS

Editorial de "El País" del 12-1-03

La presión sobre Irak crece día a día con el despliegue militar de EE UU en la zona. Se sumarán 35.000 soldados más a los 80.000 ya presentes. Ayer zarpó de Portsmouth el portaaviones británico Ark Royal, buque insignia de una flota que llevará a 3.000 infantes de marina británicos. Pero también aumentan las reticencias al uso de la fuerza entre los aliados de EE UU. Europa no quiere la guerra. Blair tiene graves problemas internos, con una amenaza de rebelión de un centenar de diputados laboristas e incluso de dimisión de algunos ministros si se ataca a Irak sin mediar una nueva resolución del Consejo de Seguridad que lo autorice, que resultaría absolutamente necesaria, aunque su aprobación no esté garantizada y requiera un gran esfuerzo diplomático por parte de EE UU.

También la pide Chirac, junto con "pruebas" de la culpabilidad de Irak, a la vez que alerta a sus Fuerzas Armadas para estar preparadas "ante cualquier eventualidad". En Alemania, incluso los democristianos, en la oposición, están girando contra el viento de Washington. El Gobierno turco está en aprietos ante una sociedad opuesta a la guerra y la presión de EE UU para el uso de las bases y la eventual apertura de un frente norte. Y los países árabes quisieran contar, antes de cualquier intervención, con la oportunidad de intentar un cambio pacífico en Bagdad.

La comparecencia esta semana ante el Consejo de Seguridad de Hans Blix, jefe de los inspectores internacionales, ha puesto a la Administración de Bush en un aprieto, y a Sadam Husein ante un dilema. Blix ha reconocido que hasta el momento no se había encontrado rastro alguno de armas de destrucción masiva. No aparece la "pistola humeante", prueba del delito. Pero Irak tampoco ha explicado qué ha hecho con las armas que tenía y que usó contra Irán y contra los kurdos, de las que tuvieron constancia los inspectores hasta 1998. Aunque la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad de la ONU pone la carga de la prueba del lado de Irak, EE UU se está viendo presionado para dar más información sobre lo que dice saber. Irak, si no muestra las pruebas de su culpabilidad, se condenará, y si las presenta, también. La presión puede pasar ahora a los interrogatorios de científicos iraquíes. Pero, para inclinar a las opiniones públicas, será necesario encontrar una pistola, si no humeante, al menos caliente. La palabra de Bush, por sí sola, de poco vale, como ha puesto de relieve la propia Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).

Es posible que llegue el 27 de enero y Blix siga sin "pruebas" que aportar en su informe al Consejo de Seguridad. Blair y Chirac han pedido más tiempo para que los inspectores realicen su trabajo con profundidad, dejando de considerar esa fecha como un fatídico ultimátum. Un Irak bajo permanente vigilancia internacional, con presencia de inspectores internacionales, se convertiría en una potencia contenida e inofensiva. Sería una opción no sólo viable, sino deseable, frente a una guerra que equivaldría, como ha señalado Chirac, al reconocimiento de un fracaso.

Bush ha dicho y repetido que no sólo quiere "desarmar" a Irak, sino también "liberarlo" y hacer pagar así a Sadam Husein sus deudas, y sobre todo las ajenas: las de Al Qaeda. Los civiles del Pentágono, con su proyecto de modificación del equilibrio de poder en toda la zona, propugnan una intervención que proporcione el control de Irak, pero tienen enfrente las dudas de algunos mandos militares de peso, además de las resistencias de sus aliados. A su vez, el grave desafío planteado por Corea del Norte con su chantaje nuclear podría llevar a reconsiderar la prioridad de un conflicto bélico en Irak. Por eso, sin aflojar la presión, Bush parece mantener todas las opciones abiertas.

Entre los tambores de guerra y el ruido diplomático destaca el silencio del Gobierno de Aznar, que coincide con la instalación de España, el pasado día 1, como miembro del Consejo de Seguridad. Aznar, ante las dudas de Blair, puede quedar en evidencia en su apoyo incondicional a Bush. La gravedad de la situación debería llevar al presidente del Gobierno a no demorar las explicaciones en el Parlamento. Hay demasiado en juego.