IBARRETXE CONTRA GERNIKA

   Editorial de  “El País” del 26.10.2003

El texto articulado presentado ayer por el lehendakari para su tramitación (en una forma todavía indeterminada) por el Parlamento vasco no es una simple reforma del Estatuto de Gernika, sino su liquidación. La lógica integradora y el consenso que presidió su elaboración, tramitación y aprobación se sustituyen ahora por un planteamiento unilateral: desde y para la comunidad nacionalista. La propuesta de Ibarretxe articula las principales reivindicaciones nacionalistas pendientes o sobrevenidas, algunas tomadas del mundo de ETA. En conjunto, trasluce una involución con la recuperación de obsesiones propias del nacionalismo sabiniano que fueron abandonadas por la generación de los años treinta. Con esas premisas, son nulas las posibilidades de que pueda lograr la adhesión de la mitad no nacionalista de la población y, por tanto, un apoyo comparable al que tuvo el Estatuto de Gernika.

La propuesta es básicamente la filtrada en julio pasado, con algunos retoques. Se mantiene la existencia de un sujeto político llamado Pueblo Vasco, que es algo más que los ciudadanos que lo habitan, al que se da distinto alcance territorial a conveniencia y al que se atribuyen una serie de derechos irrenunciables, como el de autodeterminación, que vienen a coincidir con las aspiraciones nacionalistas y que todos deben respetar, incluyendo "los pueblos de España", o sea, el Parlamento español. Se mantiene igualmente, aunque con nueva redacción, la distinción entre ciudadanía vasca (que se reconoce a todos los avecindados en el País Vasco) y nacionalidad vasca, cuyos límites deberá fijar una ley ulterior. Aunque se establece que nadie podrá ser discriminado por su nacionalidad, el hecho mismo de mantener la distinción es inquietante. Y más a la vista de su desarrollo por parte de uno de los socios del Gobierno vasco, EA, cuyo proyecto, presentado la semana pasada, limita el derecho de voto de los ciudadanos sin nacionalidad vasca a las elecciones municipales.

Ibarretxe presentó su propuesta como un proyecto no rupturista y orientado a una convivencia en paz. Ocultó que su encaje en la Constitución sólo sería posible modificándola sustancialmente y, de hecho, sustituyéndola por otra, ya que no sólo excluye al País Vasco de la aplicación de algunos de sus preceptos (como el artículo 155), sino que quiebra su lógica al reclamar una soberanía diferente y concurrente con la que la Constitución atribuye al pueblo español como un todo.

La experiencia indica que el poder tiende a expandirse hasta que encuentra un límite. El nacionalismo vasco ha sabido extender el suyo durante más de veinte años con el argumento de que conseguir mayores cotas de autonomía era condición para la paz. Los principales partidos nacionales comparten ahora la convicción de que es conveniente que el nacionalismo sepa que no se va a seguir aceptando el chantaje, cuya última formulación es "o se acepta el plan Ibarretxe o reclamamos la independencia". Pero en realidad el plan Ibarretxe es ya la independencia, con la excepción de los lazos que permitan mantener la presencia vasca en la UE: el temor a quedar fuera de esa comunidad parece ser lo único que Ibarretxe ha retenido de las críticas a su plan. A la misma lógica obedece la cautela de que el Estado no podrá imponer aranceles a las mercancías que Euskadi venda en el resto de España (artículo 61-4).

El problema es cómo hacer frente al chantaje sin que la forma de hacerlo se convierta en argumento adicional en favor de la ruptura. Iniciativas como la de PP y PSOE en las Juntas Generales de Álava -advirtiendo de que si Euskadi se desvincula de España, Álava lo hará de Euskadi- son necesarias; también lo es mantener el pacto PP-PSOE por las libertades y contra el terrorismo como garantía de que un cambio de mayoría no modificará la negativa a entrar en una negociación para romper los límites constitucionales. Pero no está claro cuál puede ser la función de nuevas reformas legales que permitan meter en la cárcel a Atutxa por su desobediencia a los tribunales. Ni tampoco se entiende que sea el Gobierno el que intente dirigir el rechazo al plan Ibarretxe por parte de las organizaciones representativas de la sociedad civil o que aproveche todo ello para hacer una OPA hostil sobre los socialistas vascos.