LOS INTERESES DE ESPAÑA

  Artículo de JUAN PABLO FUSI  en “ABC” del 22.04.2003

Con la entrada de España en la OTAN en 1982 (decisión del gobierno Calvo Sotelo-Pérez Llorca, ratificada en 1986 en referéndum por el primer gobierno socialista de la transición), y con la integración en Europa a partir de enero de 1986, tras varios años de negociaciones no siempre fáciles, no sólo se completó la «transición exterior» y se dibujó finalmente el sistema de relaciones internacionales de la España democrática, sino que se consiguió algo, a la luz de la historia reciente del país, mucho más decisivo: definir el papel de España en el mundo, necesidad pendiente desde que España perdiera su imperio (y optara, a lo largo del siglo XIX, por el «recogimiento» internacional), y exigencia urgente e ineludible tras la limitada experiencia exterior española durante la dictadura de Franco. La opción atlantista y europeísta de la España democrática no era, además, sólo la expresión del cambio político del país tras la dictadura, sino que era con toda probabilidad la mejor (quizá, la única) opción viable para la defensa de los intereses de España, intereses definidos por factores específicos derivados de la geografía y la historia españolas -caso de las relaciones con Europa, Latinoamérica y Marruecos-, y también, por factores genéricos relacionados, como es lógico, con las exigencias del propio desarrollo económico del país -un desarrollo ya notable antes de los años ochenta y considerable, y en ocasiones, extraordinario desde entonces- y con las necesidades de su seguridad y su estabilidad internacionales.

Las razones que avalaban el nuevo papel internacional español eran sin duda inapelables. Durante décadas, durante la «guerra fría», el conflicto global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética -que si mantuvo el equilibrio entre las potencias no logró impedir ni graves crisis generales, en Corea, Hungría, Cuba, Vietnam, Checoeslovaquia y Afganistán, ni el estallido de numerosos conflictos regionales (guerras entre India y Pakistán, guerras de descolonización, Oriente Medio, guerra entre Irán e Irak, etcétera)-, las instituciones creadas por las democracias occidentales desde 1945 a las que España se incorporaba ahora con nueva y plena legitimidad (OTAN, Unión Europea, Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio,...), habían tenido un papel fundamental: garantizar la seguridad occidental y el crecimiento económico de buena parte del mundo.

En los noventa, una vez que se vio que el fin de la guerra fría tras la caída del comunismo en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991 no significaba un mundo menos peligroso; una vez que habían aflorado ya múltiples factores de inestabilidad, nuevos o no (el terrorismo y la cuestión islámica, el petróleo, la renovada tensión entre India y Pakistán, los nacionalismos agresivos, la desintegración interna de muchos países africanos, Estados fracasados, Estados rebeldes o «delincuentes» como Irak y Corea del Norte, el narcotráfico y el crimen internacional, la pobreza, los grandes e incontrolados procesos migratorios...), el diálogo y la cooperación atlánticos, bajo el liderazgo norteamericano, parecían seguir siendo las piezas esenciales de la agenda de la seguridad occidental y de la economía mundial para el siglo XXI, como afirmó en Madrid en junio de 1995, y es sólo un ejemplo, el entonces secretario de Estado norteamericano Warren Christopher. Eso era especialmente así desde la perspectiva europea, y por tanto desde la particular perspectiva española, y por razones obvias: por la creciente incapacidad europea para la acción militar internacional, sin otra exigencia que la lógica adaptación de Europa a las nuevas circunstancias internacionales, lo que se pensaba requeriría la ampliación de la OTAN y de la Unión Europea a los países del este de Europa, el reforzamiento de la política de defensa y seguridad europea dentro de la alianza atlántica, y la apertura a la nueva Rusia.

España se incorporó a las instituciones de defensa occidentales precisamente en ese tiempo. Como consecuencia, primero entre 1982 y 1996, bajo los distintos gobiernos socialistas de Felipe González (que tuvo en Fernández Ordóñez y Solana dos excelentes ministros de Exteriores), y luego con los gobiernos de José María Aznar, España asumió importantes responsabilidades en el ámbito internacional, con el alcance lógicamente que correspondía a la condición de potencia media del país: las responsabilidades que se derivaban, justamente, de sus compromisos exteriores (Europa, Alianza Atlántica), y del creciente peso de la economía y los intereses españoles en la misma economía internacional; las responsabilidades, además, que se desprendían del propio estado del mundo, cuando terminaba la guerra fría y nacía un nuevo orden internacional aún incierto e indefinido y en cualquier caso, inestable y complejo.

España, en suma, reapareció en el orden internacional (guerra del Golfo de 1990-91, conferencia de Madrid de 1991, secretaría de la OTAN, varias presidencias de la Unión Europea, conflictos balcánicos de los noventa, Afganistán, actual guerra de Irak): había encontrado, en cualquier caso, su papel en el mundo. La política internacional de Felipe González y sus gobiernos fue -conviene no olvidarlo- en conjunto brillante, y por lo general altamente positiva para los intereses españoles. En la actual guerra de Irak -también conviene subrayarlo-, España ha estado donde estratégicamente tenía que estar: porque el multilateralismo occidental y la cooperación atlántica siguen siendo, por las razones antedichas, la mejor política para la seguridad del mundo (y por razones adicionales: por la misma necesidad de contrapesar y reconducir, desde la cooperación y la confianza, la tentación unilateralista que impregna la política norteamericana desde los sucesos del 11 de septiembre de 2001).

La continuidad estratégica, mejor que consenso, que sobre la acción exterior española existió en el país hasta el conflicto de Irak fue altamente positiva, mérito de la visión internacional de los distintos gobiernos españoles y de sus decisiones en dicha materia. Que esa continuidad estratégica se rompiera ahora sería, por tanto, grave. Que se quebrara ante la formulación de alguna alternativa exterior sustantiva sería, con todo, admisible. Que vaya a romperse, como pudiera ocurrir, simplemente por la bisoñez de la actual dirección socialista (sin más respuesta ante la complejidad de la política internacional actual que un puñado de ineptos lugares comunes), resultaría, desde muchas perspectivas, inexplicable, o en todo caso, siendo indulgentes con su juventud e inexperiencia, descorazonador.