EL SUELDO QUE COBRA

  Artículo de Luis González Seara  en “La Razón” del 08.09.2003

En la democracia, como en la vida misma, siempre se tiene una cierta sensación de fracaso por no estar a la altura de sí mismo, es decir, a la altura de lo que requieren sus fines más nobles. En este sentido, nada la perjudica más que los métodos prebendarios y oligárquicos para seleccionar a los representantes y responsables políticos, como es el caso de nuestro sistema electoral de lista cerrada y bloqueada, agravada por las cuotas orgánicas, gremialistas y facciosas. La sustitución de la democracia representativa por una partitocracia más o menos imperfecta es la primera consecuencia de tales métodos. Es también cierto que, vistas las cosas desde la perspectiva de los gobernados, la democracia moderna no acierta a superar uno de sus grandes dilemas: el de exigir de la vida pública más de lo que estamos dispuestos a aportarle como ciudadanos. Y, así, manifestamos nuestro deseo de participar en las decisiones del poder o lamentarnos de que nos priven de tal participación, pero, en el fondo, queremos que nos dejen tranquilos. Sin embargo, por mucho que nuestra condición de ciudadanos se reduzca al papel de consumidores, hay unos límites para la tolerancia o la estulticia de quienes nos representan y dirigen en el gobierno o en la oposición. Aunque se trate de mínimos, hay comportamientos incompatibles, no ya con la dignidad política, sino con la viabilidad de su representación cotidiana. Ése es el caso del lamentable ejemplo que está dando el PSOE ante las opiniones de Cristina Alberdi, que discrepan de la política seguida por los dirigentes del partido en diversos campos, desde el culebrón de la Comunidad de Madrid hasta las confusas propuestas autonómicas en el País Vasco y Cataluña, presididas por la idea de vertebrar a España en red. Expedientada por el inconcebible delito de mantener opiniones distintas de las oficiales, sin esperar siquiera a que se resuelva el expediente, es conminada a que abandone el partido y devuelva su escaño de diputada. En el colmo de los despropósitos, la señora Chacón, portavoz del grupo socialista, ha pedido a Alberdi que devuelva el escaño y «el sueldo que cobra del PSOE». He ahí la expresión perfecta de una concepción patrimonial, no sólo del partido, sino de la nación española. Los escaños que ocupan los diputados no son del partido, según dice la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo alguno. Y el sueldo que cobra Cristina Alberdi, lo mismo que el percibido por la diputada Chacón, no lo paga el PSOE, sino el conjunto de los españoles. A falta de otros méritos, lo menos que se puede exigir a Chacón es que, después de varios años de disfrute de la prebenda parlamentaria, sepa al menos quién le paga el sueldo. Con tanta ignorancia y tanto cinismo estamos llegando al grado último de desprestigio de la política. Y escasa regeneración cabe esperar de tales portavoces de la mala nueva.