LOS VETOS DEL ARBITRISMO

 

 Artículo de Luis González Seara  en “La Razón” del 30/08/2004

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.) 


La incontinencia verbal de la llamada clase política es una plaga veraniega con la que debe contarse. Los gobiernos, centrales o periféricos, debieran dar ejemplo de consideración con el ciudadano guardando un comedido silencio, pero ocurre todo lo contrario y no dejan de propinarle alarmas y disgustos. A veces, la alarma deviene en pánico. Es lo que puede ocurrir con el anuncio del gobierno de establecer un derecho de veto de las comunidades autónomas a las leyes del Parlamento que ellas consideren atentatorias contra sus hechos diferenciales o identidades vernáculas. La ocurrencia es asombrosa, digna de nuestros mejores arbitristas. Es sabido que en nuestros días imperiales, al lado de los grandes literatos y artistas, nuestra Corte y las grandes instituciones del Reino se veían literalmente asaltadas por enjambres de charlatanes y arbitristas, que algunas veces ofrecían alguna idea interesante, pero que, en general, eran proyectos quiméricos o timos desvergonzados, que nuestros escritores satirizaron de forma despiadada. Cervantes deja definitivamente acuñada la palabra en «El coloquio de los perros», donde el can Berganza describe al arbitrista que, en un hospital de Valladolid, hace confesión de su actividad: «Yo, señores, soy arbitrista y he dado a su Majestad en diferentes tiempos, muchos y diferentes arbitrios, todos en provecho suyo y sin daño del reino». La proliferación y acumulación de arbitristas y proyectos obligó a crear una Junta encargada de examinarlos. Quevedo extenderá su terrible sátira, no sólo contra los arbitristas, sino contra el sistema que los propiciaba. El tiempo fue decantando la frontera entre el arbitrismo pícaro y las ideas y proyectos consistentes, pero, en este país milagrero y voluntarista, siguieron persistiendo excesivas muestras de improvisación y arbitrismo. Es descabellada la idea de un derecho de veto de las comunidades autónomas a cualquier decisión del Parlamento, que aquellas estimen que vulnera cosas tan ambiguas como la lengua, la cultura, la insularidad, el derecho o «el principio de solidaridad», que se pretende dar a todas las Comunidades para paliar los hechos diferenciales de algunas. Alguien ha tenido la idea de fijarse en el Bundesrat alemán, donde es necesario su voto afirmativo en cuestiones que afecten a los ingresos fiscales o la autonomía del Land. Pero, con independencia de que ese bloqueo legislativo está resultando paralizante en exceso y se esté pensando en reducir drásticamente las leyes que se pueden bloquear, de ningún modo se atribuye a los Länder la capacidad de bloqueo, que corresponde al Bundesrat como Cámara Alta. Allí, como aquí, la Comunidad que entiende que se han vulnerado sus competencias, debe recurrir al Tribunal Constitucional. Que una Comunidad Autónoma, con «hecho diferencial» o sin él, pueda vetar directamente una ley o decisión del Parlamento, es más que un arbitrismo veraniego: es una aberración que ignora los supuestos de soberanía y representación en que se asienta nuestro sistema constitucional.