PRECISIONES
AL DEBATE AUTONÓMICO
Artículo de RAMÓN JÁUREGUI en “El País” del 28/09/2004
El autor aboga por un Senado de representación autonómica, con importantes funciones en el proceso legislativo.
Ramón Jáuregui Atondo es portavoz del PSOE en la Comisión
Constitucional del Congreso.
Por
su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo
en este sitio web. (L. B.-B.)
Con un muy breve comentario a pie de titulo: ¡TIERRA! (L. B.-B.,
28-9-04, 08:15)
Debo confesarles que los artículos de hoy de Elorza, Jáuregui y Zubero me han semi-reconciliado con "El
País" y disuelto en parte las nubes ominosas que rodeaban mi estado de
ánimo: comienza a moverse la conciencia integradora del país y ya no sólo se
oyen las voces de los tarugos eternos y acompañantes; se perfilan posiciones
sensatas y firmes, y emergen en la opinión las posturas articuladas que se
echaban en falta. Estos arttículos de hoy, junto a los de Arteta,
Vidal-Quadras, Pendás, Carreras y, desde siempre, Arregui, le hacen a uno
recuperar el optimismo. A ver si el Gobierno, ahora, comienza a aclararse.
Las reformas autonómicas y constitucionales que ha planteado el
Gobierno están produciendo un debate apasionado, como siempre que hablamos de
España y de sus pueblos, esa ecuación inacabada de identidades diversas en un
pasado y en un proyecto compartido. Y sin embargo, es un debate inevitable, y
por ello imprescindible. De entrada, porque el clima de crispación y de tensión
que se había instalado en la anterior legislatura no presagiaba nada bueno. El
crecimiento electoral de las opciones nacionalistas en Cataluña y Euskadi en
2004 no parece ajeno a la política de enfrentamientos nacionalistas que la
caracterizó. En segundo lugar, porque el modelo territorial de nuestra
Constitución es dinámico, tal como lo demuestra la experiencia de estos últimos
25 años, y nuevas demandas y problemas irresueltos exigen nuevas respuestas
políticas. Es por ello que casi todas las comunidades autónomas habían iniciado
sus procesos de reforma estatutaria con mayores o menores pretensiones. Por
último, debemos reconocer que las fuerzas nacionalistas de varias de nuestras
nacionalidades expresan, con más o menos radicalidad, proyectos y
reivindicaciones que modifican el marco autonómico o incluso el modelo de
Estado.
¿Quiere eso decir que el proceso autonómico es ilimitado y eterno?
Ilimitado no es. El modelo de Estado está configurado en nuestra Constitución y
no es nuestro deseo alterarlo. España es un Estado autonómico y así lo va a
seguir siendo y así se va a seguir llamando. El conjunto de reformas que se
plantean fortalece la idea misma del Estado autonómico, rechazan las
pretensiones soberanistas o confederales y acentúan los perfiles de convivencia
integrada y armónica de los pueblos y comunidades de España en un Estado común.
La reforma constitucional así concebida es puntual y acotada a
los cuatro temas conocidos: igualdad de sexo en la sucesión a la Corona,
Senado, Unión Europea y denominación de las comunidades autónomas. Las reformas
estatutarias, a su vez, no se conciben como una negociación ex novo del marco
de autogobierno, sino como la oportunidad de resolver problemas puntuales y
elevar los niveles de autogobierno sobre una triple exigencia: amplio consenso
interior, respeto al reparto competencial del Título VIII (incluida la
delegación competencial del 150.2, en su caso) y que se trate de necesidades
objetivas de gestión y de mejoras en la eficiencia de los servicios públicos.
Están condenadas al fracaso las pretensiones de aprovechar esta
iniciativa reformista para renegociar la planta del edificio del autogobierno.
Primero, porque no encontrarán el acuerdo interior en la comunidad que las
legitime, y segundo, porque las Cortes no aceptarán una transformación
sustancial del equilibrio competencial existente.
Me explico. Una reforma profunda del marco de relaciones entre la
comunidad y el Estado afecta de lleno al delicado equilibrio interior de las
comunidades autónomas con pluralidad identitaria. Euskadi es el ejemplo. Cuando
los partidos nacionalistas han alterado el statu quo alcanzado en el
Estatuto de Gernika, la comunidad no nacionalista ha dicho "no" a ese
esfuerzo de asimilación que se le exige y a esos objetivos independentistas que
se le ofrecen. El respeto y el afecto que tengo a Cataluña me permite
aconsejarles que huyan, como de la tormenta, de ese horizonte de fractura
política y social.
Pero además, no podemos eludir el debate sobre el Estado
resultante de la reforma estatutaria. Mi admirado José Ramón Recalde acuñó una
frase de particular interés para el debate: "El óptimo de autogobierno no
es el máximo de autonomía". Efectivamente, el principio de subsidariedad
debe corresponderse con otros principios organizativos en los que la dimensión
estatal resulta imprescindible. El Gobierno del Estado tiene que disponer, en
todo caso, de los recursos e instrumentos que garanticen la defensa del interés
general de todos los españoles, el cumplimiento de las condiciones de igualdad
básica de todos los ciudadanos y el principio de solidaridad interterritorial.
Sin olvidar la dimensión ciudadana del Estado como organización política que
abarca un determinado espacio de convivencia. Es el Estado el que nos garantiza
un orden jurídico de libertades y derechos, en el que el principio de
ciudadanía responsabiliza al Estado de asegurar la libertad, el derecho, la sumisión
de todos ante la ley, la igualdad de derechos y la democracia.
Dicho lo cual, procede ahora precisar otra cuestión medular de
nuestro debate autonómico: ¿Deben ser todas la reformas
iguales? El presidente Zapatero ya ha precisado que cada comunidad debe
elaborar su propuesta de reforma y ha rechazado el modelo de "reformas con
fotocopia", lo cual es elemental si tenemos en cuenta que se trata de
resolver problemas o aspiraciones diferentes, ya sea la inmigración en
Andalucía, la convocatoria anticipada en Valencia, las circunscripciones
electorales en Madrid, o las diferentes cuestiones que ya se están discutiendo
en la reforma del Estatuto catalán.
El espinoso problema de las singularidades autonómicas debe
enfocarse, a mi juicio, desde dos criterios. Nuestra realidad política no
permite establecer hoy un doble nivel competencial en función de factores
subjetivos de cada nacionalidad. Es decir, los incrementos de autogobierno que
acordemos deben ser generalizables porque hoy no hay legitimaciones superiores
de unas comunidades sobre otras y porque el sistema de reparto del poder en el
Estado debe ser ordenado. De manera que si se reordena el sistema judicial, o
se refuerzan las competencias autonómicas en inmigración, o en aeropuertos,
etcétera, todas las comunidades autónomas deben poder acceder a ese nivel
competencional. Cuestión diferente es que, paralelamente, y no es
contradictorio, reforcemos los hechos diferenciales, ya que en ellos radica una
de las esencias de nuestro modelo autonómico porque son singularidades
autonómicas institucionales relevantes, que por estar previstas y amparadas en
la Constitución, constituyen límites a la homogeneidad.
Uno de los pilares de las reformas es precisamente el nuevo
Senado. No es el momento de explicarla, porque es ya casi un tópico de nuestro
debate territorial, pero creo poder afirmar que un Senado de representación
autonómica, con importantes funciones en el proceso legislativo, devolverá a
las comunidades autónomas un inmenso poder político, mayor incluso que el que
puede derivarse de las reformas estatutarias y que, en particular, los hechos
diferenciales pueden encontrar en esa Cámara reformada un formidable respaldo.
Quedan pendientes las dudas sobre la lealtad constitucional de
los nacionalismos. ¿Servirán estas reformas para hacer un país más integrado y
estable o estimularán las pretensiones separatistas? ¿Cuándo se cerrará el
proceso?, se preguntan muchos. Lamento no tener respuesta. No creo que nadie
las tenga. Tenemos algunas constataciones empíricas: a) Que es preciso
dar continuidad histórica al proyecto constitucional iniciado en 1978 de hacer
lo que no hemos hecho en los dos siglos anteriores, es decir, una nación
integradora de su diversidad cultural e identitaria; b) que algunas
estrategias de "aparente firmeza antinacionalista", les
retroalimentan, y c) que esta dialéctica con los nacionalismos
identitarios hay que ganarla en las urnas, es decir, que resulta imprescindible
atraer a los votantes moderados de esa franja electoral. Es así como interpreté
al presidente del Gobierno, hace unos días en Bilbao, cuando aseguraba que las
aspiraciones identitarias de los vascos cabían en la España plural que estamos
construyendo.
Por último, una precisión sobre el método. Es sabido que estas
reformas sólo pueden hacerse por consenso y resulta obvio que en él deben estar
los grandes partidos, nacionales y nacionalistas. Cuadrar ese círculo sólo será
posible si recuperamos aquel espíritu del pacto que presidió el periodo
constituyente. Hace falta también asumir que la construcción del Estado de las
autonomías, en su doble vertiente de profundizar en el autogobierno y asegurar
la cohesión y el funcionamiento del Estado, es tarea de todos. Al Gobierno y al
PSOE les corresponde la tarea principal, la de promover, favorecer y lograr
este clima y esos pactos que culminarán un modelo constitucional que nos ha
proporcionado el periodo de paz, democracia, autogobierno y progreso más largo
de nuestra historia contemporánea.