POR LOS CERROS DE UBEDA: APROXIMACION
AL DEBATE SOBRE EL MODELO DE ESTADO
Artículo de Luis Bouza-Brey del
29-8-03.
En el Diccionario de dichos y frases
hechas, de Alberto Buitrago, existe una locución que
es “irse/marcharse/salir por los cerros de Ubeda”,
cuyo significado se explica de la siguiente forma:
“…(da)
a entender que alguien al hablar se pierde en divagaciones innecesarias, se
sale del argumento que estaba tratando, cambia de tema de conversación sin
motivo o responde a lo que se le pregunta con algo que nada tiene que ver con
la cuestión… el dicho tiene su origen en la reconquista a los musulmanes de la
ciudad jienense de Úbeda, acontecida en 1234. Parece ser que uno de los más
importantes capitanes del rey Fernando III El Santo, desapareció
instantes antes de entrar en combate y se presentó en la ciudad una vez
que había sido reconquistada. Al preguntarle el rey dónde había estado, el
otro, ni corto ni perezoso, contestó que se había perdido por los cerros de
Úbeda. La frase fue tomada irónicamente por los cortesanos y los soldados y se
perpetuó como signo de cobardía.”
Desearía que ante un problema de la
envergadura de éste nuestros políticos dejaran de irse por los cerros de Úbeda.
El discurrir ordinario de Maragall es así, errático, saltarín e indisciplinado,
que emerge con esta forma a partir de unas cuantas ideas básicas ---concepción
integradora de España, descentralización, lealtad constitucional--- que, sin
embargo, se entrecruzan y mezclan repetidas veces con mitos, sensibilidades,
asesores y compañeros “socialistas” típicos de la pequeña burguesía catalana,
que le hacen desnortarse de la Cataluña real y repetir la tradición errónea del
PSC, que le ha impedido y quizá le siga impidiendo acceder al gobierno de
Cataluña. Existe un determinismo cultural y estructural que el PSC nunca ha
conseguido superar y en el que Maragall cae repetidas veces.
Pero con la derecha sucede algo
parecido: llevan varios años tirando de las riendas con inquietud, para poner
fin a la “transición ilimitada”, a la deriva del nacionalismo vasco y al
terrorismo, de manera que, ante cualquier intento de imaginar una
evolución del sistema constitucional español, se van por los cerros de Úbeda de
la acusación de deslealtad constitucional y del inmovilismo, sin afrontar los
problemas reales.
Si juntamos ambas evasiones el
espectáculo da pena: un Maragall inoportuno, errático y, últimamente, agresivo,
choca con un Aznar descalificador, inmovilista y cerrado en banda.
El problema de la consolidación del
Estado de las Autonomías no se puede despachar ni con improvisaciones, ni con
juegos florales, ni con descalificaciones inmovilistas. Para resolverlo es
necesario depurar y disciplinar el pensamiento de rémoras de otros tiempos,
pero también acertar con el momento oportuno y la búsqueda de un método que
permita alcanzar un máximo de consenso para tratarlo.
Personalmente hace años que estoy
convencido de que la estructura actual del Estado de las Autonomías debe
completarse con una reforma del Senado que culmine la transición mediante el
pacto de, al menos, los dos grandes partidos de ámbito estatal. El pacto es
necesario e inevitable, a fin de poner límites a la deriva soberanista e
inconstitucional de los nacionalismos periféricos, cerrar la transición inacabada
del proceso constituyente y consolidar el modelo de Estado. Pero también se
trata de encontrar el momento oportuno y el mecanismo adecuado para ello, y en
estos momentos el problema del nacionalismo vasco y el terrorismo constituyen
un obstáculo y un peligro que no se puede minusvalorar. Un peligro que lleva al
PP y a un sector importante de la opinión pública a cerrarse en banda en la
defensa de la Constitución. Y que debería llevar también al PSOE a dejarse de
intentos de diferenciación con el PP y de diálogo con un nacionalismo vasco que
ha constituido un bloque que tiene como objetivo la soberanía, y como medio la
acumulación de fuerzas de todo el nacionalismo ---incluso del nazi--- para
conseguir dicho objetivo.
Entre tanto, el nacionalismo catalán
evoluciona también hacia el soberanismo, lo cual hace
todavía más inoportunos los movimientos de aproximación al nacionalismo de
Maragall, en momentos en que se pone en cuestión la Constitución y el pacto
constituyente. No es el momento de permitirse alegrías ---que resultan frívolas
e irresponsables por ello--- como las de definir a la Constitución como norma
transitoria ni hacer especulaciones como la de la Corona de Aragón, que hacen
saltar las alarmas de un sector de la opinión pública preocupada por los
ataques a la Constitución.
Por tanto, mis conclusiones primarias
son las siguientes.
Primera: es necesario un pacto de
Estado al menos entre los dos grandes partidos de ámbito estatal para acabar de
definir y completar el modelo constitucional. Sin ponerlo en cuestión, pero
siendo conscientes de que al menos la reforma del Senado es imprescindible. Si
la palabra federalismo asusta suprimámosla, aunque constituya la lógica
profunda del Estado español actual.
Segunda: el pacto ha de tener por finalidad,
como decía, completar el desarrollo constitucional y poner límites a la deriva
soberanista del nacionalismo periférico, que implica una ruptura del pacto
constituyente del 78. Y los límites han de ser precisos y asumidos en dicho
pacto de Estado. Por ejemplo, la soberanía corresponde al conjunto del pueblo
español y no caben en el Estado español procesos de autodeterminación ni
concepciones o mecanismos que rompan la unidad del pueblo y la igualdad de
todos los ciudadanos en todo el territorio.
Tercera: el pacto podría ser posible
efectuarlo desde ahora mismo, pero existen cuestiones de oportunidad que pueden
frenar su realización o puesta en práctica en la actualidad, hasta el momento
en que se venza definitivamente al terrorismo, y el nacionalismo vasco sea
derrotado y/o cambie hacia la integración constitucional.
Cuarta: existen un conjunto de
cuestiones entrelazadas que son las verdaderamente difíciles de resolver y que
están en el trasfondo de todas las luchas de superficie que se producen. En primer
lugar, la cuestión de la concepción que se sustenta del autogobierno. El
autogobierno definido por la Constitución y sostenido por los que no somos
nacionalistas incluye dos nociones indisolubles, como son la de la
descentralización y la de la complementariedad entre el centro y la periferia.
El autogobierno no es ni puede ser un remedo de Estado, no consiste en vaciar
el Estado de competencias ni en hacer desaparecer al Estado en el territorio
periférico. El autogobierno no es un primer paso hacia la independencia ni
tampoco un proceso de separación informal o aislamiento total de las
instituciones autonómicas y estatales.
En segundo lugar, las diferencias
culturales e históricas entre unas y otras comunidades autónomas no pueden dar
lugar a privilegios ni excepciones constitucionales entre ellas ni para ninguna
de ellas. La Constitución rige en todo el ámbito estatal y constituye el
fundamento del autogobierno. No son posibles “fragmentos de Estado” ni derechos
históricos que pongan en cuestión la unidad, la igualdad y la soberanía
del conjunto. La situación económica de Euskadi, su aportación al patrimonio
común debería ser revisada.
En tercer lugar, la variedad en el
autogobierno, en lo que se refiere al ámbito institucional y competencial, no
puede dar lugar a diferencias en la estructura institucional básica prevista en
la Constitución ni a la destrucción del sistema mediante una nueva carrera
hacia el uso ilimitado del artículo 150,2 de la misma. No caben privilegios
para las “nacionalidades” en su representación en las instituciones
comunes ---Tribunal Constitucional, por ejemplo---, ni tampoco por lo que
se refiere a una concepción del autogobierno como un proceso sin límite hacia
la desvinculación formal o informal del conjunto. El Estado español actual es
uno de los más descentralizados del mundo, su deficiencia más importante reside
en la insuficiente articulación global, que ha de ser resuelta mediante la
creación de mecanismos institucionales de participación de la periferia en las
instituciones centrales. Esa es la esencia del problema del Estado autonómico,
que por consiguiente no puede ser resuelto con concepciones nacionalistas que
van en dirección contraria. Los socialistas deben ser conscientes de ello, en
sus posiciones, pactos y alianzas.
En cuarto lugar, existe también una
cuestión pendiente y muy compleja por lo que se refiere al modelo de
Administración que ha de resultar del proceso: ¿se ha de evolucionar hacia la
“Administración única” en manos totalmente de las Comunidades Autónomas, o
hacia una Administración dual, que sitúe la gestión en manos de las Comunidades
Autónomas y la coordinación y dirección en manos del Estado?¿Es preciso
modificar el modelo de distribución de competencias previsto en la Constitución
y los Estatutos, una vez generalizada la autonomía y la descentralización a
todo el territorio?¿Cuáles han de ser los niveles de complementariedad e
interpenetración de la Administración central y autonómica?
Quinta: el desarrollo del proceso de
Unión Europea obliga a repensar el modelo de distribución del poder previsto en
la Constitución, aprobada en momentos en los cuales la Unión Europea no
existía. Existe un nuevo nivel de distribución del poder y de
complementariedad.
En fin, creo que estas son las
cuestiones básicas a resolver, a las cuales los no nacionalistas deben aportar
sus propuestas, sin dejarlas en manos del nacionalismo periférico ni actuar
como si todos tuviéramos que ser nacionalistas. El momento crucial se acerca, y
ni el PSOE debería dejarse llevar por el nacionalismo ni el PP cerrarse en
banda ante el cambio necesario.