EL GOBIERNO PLANTEA QUE LAS AUTONOMÍAS PUEDAN TENER DERECHO DE VETO EN EL SENADO
El PP es contrario a la
posibilidad mientras CiU y PNV la acogen con algunos recelos
Las autonomías podrán ejercer en el Senado –si prospera el proyecto del gobierno– el veto de normas estatales en defensa de su hecho diferencial: lengua, cultura, insularidad, derecho civil o foral. Las demás autonomías podrán invocarlo en defensa de la solidaridad. Una idea a la que el PP se opone y ven con recelo los nacionalistas.
Noticia en "LA VANGUARDIA" del 25-8-04
Por su interés y relevancia, he seleccionado la noticia que sigue para incluirla en este sitio web. (L. B.-B.)
MADRID. (Redacción.) – El Gobierno pondrá encima de la mesa de la negociación
que piensa plantear para la reforma del Senado que las comunidades autónomas
tengan derecho al veto sobre normas estatales en defensa de sus hechos
diferenciales, según publicó ayer el diario El País, y el dirigente
socialista Diego López Garrido confirmó como posibilidad.
Este veto podría ejercerse cuando las comunidades autónomas consideren que se
vulneran algunos de los siguientes aspectos: su lengua, cultura, la insularidad,
el derecho civil y el derecho foral. Pero el veto también sería una posibilidad
en manos de las comunidades autónomas que no tengan reconocidos hechos
diferenciales, precisamente en defensa del principio de solidaridad, que se
materializa en la financiación autonómica.
El Gobierno se plantearía la utilización del derecho de veto como un
procedimiento excepcional de las comunidades autónomas ante asuntos muy
específicos, y nunca ante medidas que afecten a varias regiones, como podría ser
el Plan Hidrológico Nacional o la regulación del IVA.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, plantea este veto como
una respuesta ante la supuesta vulneración de los hechos específicos de una
comunidad.
Una propuesta, la del Gobierno, que cuenta con el beneplácito del presidente de
la Cámara, Javier Rojo, que en una rueda de prensa celebrada en París afirmó que
con esta fórmula la Cámara sería más eficaz y se adaptaría a la realidad del
Estado autonómico. Para Rojo, la iniciativa no supone que unas comunidades
autónomas tengan privilegios sobre las demás, sino que “la singularidad y
pluralidad” de las comunidades autónomas debe plasmarse en el respeto a las
particularidades de cada una de ella. “No se trata de hacer normas contra nadie,
sino a favor de todos”, ni de “hacer más débil España, sino de fortalecerla”.
Los partidos nacionalistas, favorables a la propuesta, la acogieron, sin embargo
con algún recelo, ya que no se fían de las intenciones del Gobierno. En el PP el
rechazo fue total por las consecuencias que a su juicio tendría, y por la
sospecha que tienen de que se plantee una modificación constitucional
encubierta.
El secretario general adjunto del PP, Ángel Acebes, advirtió ayer de la
incertidumbre que un instrumento como éste puede generar, “ya que estamos
hablando de algo de muy graves consecuencias, que puede significar un cambio
profundo”, tal y como está establecido el modelo constitucional.
En similares términos, el portavoz del grupo popular en el Senado, Pío García
Escudero, subrayó que la propuesta demuestra “el desconocimiento y la
desorientación del Ejecutivo, además de ser una falta de respeto hacia el resto
de partidos políticos”.
En el extremo opuesto, el viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, aplaudió
la idea, cuya concreción demostraría, a su juicio, que el Ejecutivo quiere un
Senado “que respete la plurinacionalidad, pluriculturalidad y plurilingüismo”.
Los matices los aportaron los partidos nacionalistas. CiU reconoce que la
propuesta “suena a buena música” y podría representar “un avance importante”,
según su portavoz en la Cámara Alta, Pere Macias, aunque advirtió de que al
final puede acabar “defraudando las expectativas”. El PNV es más escéptico. Su
portavoz, Joseba Zubia, cree que es “demasiado bonito para ser verdad”, por eso
se teme que sea un globo sonda para quedar bien.