CIEN DIAS DE POLÍTICA EXTERIOR
Artículo de MIGUEL ANGEL MORATINOS, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en “ABC” del 27/07/2004
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Han sido
tres meses de gran intensidad en nuestra política exterior, con escasos
precedentes en las últimas décadas. En muy poco tiempo, el Gobierno ha tomado
decisiones de gran calado y ha empezado a plasmar una visión largamente madurada
sobre el papel de España en Europa y en el mundo.
El Gobierno tomó posesión pocas semanas después del atentado terrorista más
grave de nuestra Historia. Hasta ahora, el terrorismo que había azotado nuestra
sociedad tenía su origen dentro de nuestro país. La dimensión internacional de
los atentados de Madrid, vinculados con las redes de Al-Qaeda, conectó
trágicamente el nombre de nuestra capital a los de Nueva York, Casablanca,
Estambul o Bali. Es lógico por lo tanto que la lucha contra el terrorismo sea
uno de los ejes prioritarios de nuestra política exterior.
El Partido socialista siempre sostuvo que la guerra en Irak no sólo no
contribuía positivamente a la lucha contra el terrorismo, sino que resultaba
contraproducente para combatir un fenómeno tan complejo. Un supuesto muy
distinto fue la intervención en Afganistán, base de entrenamiento de redes
terroristas amparadas por el régimen de los talibanes. En este caso existía un
amplio consenso en la comunidad internacional, refrendado por las
correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
sobre la necesidad de actuar con firmeza.
Retirar nuestras tropas de Irak y reforzar nuestra presencia sobre el terreno en
Afganistán han sido dos decisiones de este Gobierno que responden a un mismo
objetivo: readecuar nuestro despliegue de tropas en el exterior en función de
las verdaderas prioridades en la lucha contra el terrorismo yihadista. En estas
decisiones hubo, además, otro aspecto fundamental: la profunda convicción de que
sólo un respeto escrupuloso de la legalidad internacional puede generar la
legitimidad necesaria para mantener el esfuerzo sostenido que va a requerir la
lucha contra esta amenaza estratégica.
Naciones Unidas, con todas sus imperfecciones, sigue siendo hoy en día la única
institución que puede legitimar y autorizar el uso de la fuerza en defensa del
derecho internacional. La dura prueba de Irak lo ha demostrado claramente.
España apuesta por ello decididamente a favor de un multilateralismo eficaz. El
hecho de que Estados Unidos haya acercado sus posiciones a las de los demás
miembros del Consejo de Seguridad, haciendo así posible la adopción de la
resolución 1546, nos permite contemplar con esperanza la perspectiva de una
necesaria revitalización de las relaciones transatlánticas sobre la base del
respeto, la sinceridad y la lealtad entre aliados. España desea naturalmente
mantener las relaciones más estrechas posibles con nuestro aliado
norteamericano.
Nuestro desafío, si queremos que la ONU sea respetada por la comunidad
internacional, es convertirla en un instrumento de actuación más ágil y más
eficaz. En este sentido, hemos logrado que un español, Javier Rupérez, sea
nombrado como primer Director Ejecutivo del recientemente reforzado Comité para
la Cooperación contra el Terrorismo. Todas estas cuestiones fueron tratadas con
el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, durante mi reciente visita
a Nueva York el pasado 21 de julio.
Al decidir aumentar nuestra presencia en el contingente de la ISAF en
Afganistán, hemos introducido también nuevas reglas del juego en el ámbito de la
política interna. A partir de ahora, el Gobierno siempre acudirá al Parlamento
para solicitar su aprobación, cada vez que se plantee el envío de tropas para
operaciones de mantenimiento de la paz. Estamos convencidos de que sólo el pleno
apoyo de nuestra sociedad, expresado a través de sus representantes, puede
sostener el esfuerzo y los sacrificios que exige el cumplimiento de nuestras
responsabilidades internacionales. Los ciudadanos españoles deben comprender el
vínculo que existe entre su seguridad cotidiana y la participación en misiones
más allá de nuestras fronteras, en las que siempre se corren riesgos.
La unidad de los partidos políticos en el apoyo a nuestra política exterior y de
seguridad nos hace fuertes; las divisiones, vulnerables. Por eso el Gobierno ha
hecho un llamamiento a la oposición para recuperar el consenso en áreas básicas
de nuestra política internacional. Este consenso no puede ser una vuelta pura y
simple a la situación de los años noventa ya que las circunstancias
internacionales han cambiado. Para que España siga siendo un país respetado en
el mundo no podemos permitir que su política exterior esté sometida a
alteraciones sustanciales cada vez que juegue la alternancia en el poder.
Apelamos por tanto al sentido de Estado de la oposición para reconocer este
hecho y acordar unas líneas básicas que den continuidad a nuestra proyección
internacional.
El Parlamento, centro de la vida política española, debe ser el lugar donde
construir ese consenso a través de un debate abierto a los ciudadanos. Prueba de
la voluntad del Gobierno son las cuatro comparecencias que he realizado ante
Comisiones del Congreso y del Senado para exponer las líneas generales de
nuestra política exterior, así como las de los Secretarios de Estado de Asuntos
Exteriores y para la Unión Europea. Diputados y Senadores no solo han
participado en su labor de control del gobierno, sino que por primera vez se han
incorporado a las delegaciones diplomáticas españolas, convirtiéndose en
importantes actores de nuestra política exterior.
Aunque no respaldamos la guerra en Irak, somos plenamente conscientes de la
necesidad de apoyar la estabilidad de este país en su complejo proceso de
transición. El Gobierno español se ha fijado tres líneas de acción: jugar un
papel constructivo en el Consejo de Seguridad, como lo demostramos en las
negociaciones para la aprobación de la resolución 1546; mantener el considerable
esfuerzo de asistencia financiera ya comprometido, y animar a los países vecinos
de Irak, mediante una diplomacia activa en la región, a que cooperen en su
proceso de estabilización.
Volver al corazón de Europa ha sido otra de las prioridades fundamentales de la
política exterior española. En estos meses, hemos restablecido un diálogo
constructivo con Francia y Alemania. También hemos consolidado una relación
intensa y mutuamente provechosa con Portugal y queremos mantener una
colaboración estrecha con el Reino Unido en la que estén incluidas todas las
cuestiones relativas a Gibraltar. Y, juntos, estamos recuperando un clima de
normalidad en las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Sin duda, el logro más destacable en el marco europeo es haber sacado adelante
el proyecto de Constitución que otorga a la Unión Europea un instrumento para
convertirse en una comunidad política solidaria basada en unos valores comunes.
El texto Constitucional que se acordó a finales del pasado junio, tras duros
meses de negociación, es un texto innovador y equilibrado que, entre otras
cosas, reconoce explícitamente el valor de todas las lenguas de España y
consolida el futuro de Canarias en el marco de la Unión, gracias a la mejora del
régimen otorgado a las Regiones Ultraperiféricas.
El Gobierno se ha propuesto que España sea uno de los primeros Estados en
ratificar la Constitución y en los próximos meses, tras consultar con todas las
fuerzas políticas, convocará un referéndum para dar a los ciudadanos la
oportunidad de reafirmar su compromiso con Europa.
La selección de las personalidades destinadas a dirigir las principales
instituciones europeas ha sido muy favorable para los candidatos españoles:
Javier Solana fue confirmado con un amplio acuerdo para un segundo mandato como
Alto Representante para la política exterior y de seguridad común y se
convertirá en el primer Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y
José Borrell ha sido elegido presidente del Parlamento Europeo. A esto habría
que añadir, como un elemento positivo para nuestros intereses, la decisión del
Consejo Europeo para que un buen amigo de España, como lo es José Manuel Durao
Barroso, sea el próximo presidente de la Comisión Europea.
Los nombramientos de Solana y Borrell responden plenamente a su capacidad
personal pero también demuestran el prestigio de España en Europa. Se trata sin
duda de un reconocimiento al papel jugado por España en la construcción europea
desde su adhesión en 1986, al que han contribuido de diferentes maneras los
sucesivos gobiernos. Nuestro peso en Bruselas dependerá en gran medida de que
seamos capaces de desarrollar una visión europea que sepa insertar la defensa de
nuestros intereses nacionales en un marco de integración. De ahí la importancia
de llegar en esta cuestión a un pacto de Estado entre las principales fuerzas
políticas y más aún con el horizonte ya muy próximo de la negociación de las
próximas perspectivas financieras.
La Unión Europea ha atravesado un período reciente en el que ha estado absorbida
por grandes desafíos internos: la unión monetaria, la ampliación y la
Constitución europea. Nuestro Gobierno considera que ha llegado el momento de
que Europa mire hacia afuera y se vuelque en los retos exteriores, empezando por
su entorno inmediato. La política exterior común sólo adquirirá credibilidad si
resulta operativa en las relaciones con nuestros vecinos al Este y en el Sur del
Mediterráneo. Por ello vamos a ser los primeros en impulsar la iniciativa para
una Nueva Vecindad y también en reclamar que la voz europea sea más escuchada
para recuperar el proceso de paz en Oriente Medio.
En el plano bilateral, hemos desplegado una intensa actividad diplomática con
nuestros socios del Magreb. Además de otros contactos, las visitas del
Presidente del Gobierno a Marruecos y Argelia, las mías a Túnez y Argel, y las
del Secretario de Estado a Libia y a Tinduf han transmitido nuestra visión
global del Magreb, alejada del juego de las alianzas coyunturales. Deseamos
impulsar con estos países vecinos una relación intensa y mutuamente provechosa,
capaz de afrontar los desafíos que compartimos en el escenario internacional: el
terrorismo, la ordenación de los flujos migratorios y la construcción de un
espacio de co-prosperidad que proporcione un horizonte político y satisfaga las
legítimas aspiraciones de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, de ambas
orillas, sin olvidar el pleno aprovechamiento de nuestra complementariedad
económica.
Avanzar en el proceso de integración magrebí, paralelamente a la profundización
del partenariado euromediterráneo, es una condición básica para lograr los
objetivos mencionados. Debemos ser conscientes de que el problema central que
obstaculiza este proceso de unidad magrebí es el conflicto del Sahara
Occidental. Asimismo, hemos de reconocer, como lo demuestran treinta años de
Historia reciente, que no se puede imponer una solución en la que haya
vencedores y vencidos. Por ello, el Gobierno ha decidido pasar de una política
de neutralidad pasiva a una diplomacia activa que fomente un diálogo entre todas
las Partes y países concernidos, liderado por las Naciones Unidas y que conduzca
a una solución justa y definitiva que satisfaga las premisas de la legalidad
internacional y que respete el derecho a la autodeterminación del pueblo
saharaui.
Iberoamérica será una de las principales prioridades de este Gobierno durante la
presente legislatura. Nuestros vínculos de familia se han hecho más fuertes y
han adquirido una nueva consistencia en los últimos años gracias a la inversión
de nuestras empresas al otro lado del Atlántico y a la inmigración procedente de
esos países. Nuestro objetivo es que esta creciente interdependencia se vea
acompañada por una mayor intensidad política en nuestras relaciones bilaterales.
Eso significa una mayor presencia en forma de visitas, como las ya realizadas a
México, Brasil o Colombia y contactos mutuos, como los mantenidos con Argentina,
Bolivia, Chile, Cuba, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay o Venezuela, y
también una mayor concertación sobre los grandes temas internacionales, como
recientemente hicimos los países iberoamericanos miembros del Consejo de
Seguridad al adoptar posiciones comunes durante la negociación de la Resolución
1546 sobre Irak. Otra prueba de nuestro compromiso regional es la contribución
española a la operación de mantenimiento de la paz en Haití, que se suma a la de
Brasil, Argentina y Chile, entre otros países. En el ámbito multilateral, quiero
destacar nuestra activa participación en la cumbre de Guadalajara que fue además
la ocasión para entablar los primeros y prometedores contactos con los líderes
latinoamericanos al mismo nivel. Por otra parte, pondremos todo nuestro empeño
para que la recién creada Secretaría General de las cumbres Iberoamericanas se
convierta en un eficaz instrumento de impulso político de nuestra agenda común.
El Gobierno se propone reforzar también su presencia en África Subsahariana. En
primer lugar en lo referente a la política de cooperación, que va a ser
ampliada, pero también para poder abordar con los países africanos temas
importantes de interés común, como la emigración o el terrorismo. En Asia el
Gobierno está elaborando un Plan de Acción para la región que nos permita hacer
frente a las nuevas posibilidades que para nuestra política exterior están
surgiendo en países como China, India o Japón, entre otros.
Nuestros esfuerzos en materia de Cooperación pretenden que la política a favor
de los derechos humanos, la lucha contra el hambre y la pobreza, la cohesión
social y la eliminación de los elementos de exclusión sea una de las señas de
identidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bajo esta premisa
básica, estamos recuperando el diálogo con todos los agentes de cooperación de
la sociedad civil, para contar con sus ideas y proyectos. El objetivo de este
diálogo es mejorar la eficacia de la política de cooperación y asegurar el buen
destino de los recursos que aportan los contribuyentes españoles al desarrollo y
cooperación en terceros países. Con este mismo fin estamos buscando la mayor
coordinación posible con otros departamentos del Gobierno, con las Comunidades
Autónomas, con nuestros socios europeos y con las agencias internacionales de
desarrollo.
Por otra parte, los proyectos y programas de ayuda al desarrollo estarán
marcados por las premisas del nuevo Plan Director (2004-2008), ya en proceso de
elaboración, que se basará en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de
Naciones Unidas y la Estrategia de asociación para el desarrollo. El Plan
Director tendrá como principales premisas incrementar la Ayuda Oficial al
Desarrollo, dirigida a nuestro espacio natural: Latinoamérica y Magreb, a la vez
que -como ya se ha dicho- volvemos la mirada, tras años de olvido, al África
Subsahariana. Y será fundamental contribuir al desarrollo a través de
inversiones sociales básicas y asegurar unos servicios públicos de calidad que
mejoren las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas.
Estas breves reflexiones pretenden ofrecer un resumen de lo que han sido los
primeros pasos del Gobierno en política exterior. En un corto espacio de tiempo
hemos tomado decisiones difíciles, indispensables y comprometidas. De hecho, no
hemos podido disfrutar de los tradicionales cien días de gracia que permiten al
nuevo Gobierno un mínimo de tranquilidad para desarrollar sus primeros planes.
Quizás sea este el momento de recuperar el sosiego necesario para discutir y
eventualmente acordar con la oposición una verdadera política de Estado en el
ámbito exterior en la que todos podamos reconocernos y que, en consecuencia,
todos estemos dispuestos a apoyar.