AUTONOMÍA Y SOLIDARIDAD

  Artículo de José María Muguruza, Abogado, en “ABC” del   08.04.2003

Con un muy breve comentario al final (L. B.-B.)

Si ya la situación política vasca está muy complicada e irradia sus efectos hacia el conjunto de la política española, estamos observando en estos momentos la emergencia o, mejor dicho, la concreción de flujos procedentes de Cataluña que van a contribuir a enrarecer todavía más el debate político con la concurrencia de proyectos diferentes que afectan a los mismos cimientos de la estructura del Estado.

El proyecto que más desarrollo ha alcanzado hasta el momento, es el que el lehendakari Ibarretxe presentó para el País Vasco en la sesión parlamentaria del mes de septiembre último, proponiendo eso que llama estatus de libre asociación con España, si bien su propio partido ya se ha ocupado de precisar que no es su último proyecto, sino un paso más hacia la construcción de Euskal Herria como estado soberano.

El candidato a president, Artur Mas, ha anunciado un proyecto similar, aunque no tiene la segunda parte que de modo explícito proclama el Partido Nacionalista Vasco, sino que ha manifestado su disposición a implicar a Cataluña en el futuro de España e, incluso, a participar en su gobierno.

Por su parte, va tomando cuerpo ese proyecto que Pasqual Maragall llama federalismo asimétrico, que se plasmaría en una reforma del Estatuto catalán por los cauces previstos en la Constitución, con la modificación de ésta si fuera necesaria, que está impregnando ámbitos cada vez más extensos del socialismo español y vasco. Salta a la vista que estos proyectos tienen diferencias esenciales entre sí, pero también es evidente que tienen algo en común que identifica a los tres y que no es otra cosa que su carácter de simples reivindicaciones de poder político.
Frente a ellos, se alza la Constitución española, que en su artículo segundo fundamenta la unidad de España y su vertebración territorial en el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, autonomía y solidaridad como bases de la integración territorial.

Difícilmente hubiera sido posible concentrar en dos palabras un proyecto de tanta profundidad y alcance como la articulación territorial de España. Era necesario otorgar rango constitucional a la diversidad de los pueblos que la componen, así como al encuentro de todos ellos en un conjunto que tiene la fuerza de los lazos no solamente políticos, sino afectivos, culturales, mercantiles y de todo orden que han creado muchos siglos de historia en común. Solidaridad y autonomía son dos conceptos que se complementan y necesitan recíprocamente, cuya conjunción puede y debe servir para fortalecer la identidad de las partes y del todo. El más simple análisis comparativo de este planteamiento constitucional con los proyectos antes mencionados, pone de manifiesto una clara superioridad conceptual de aquél sobre éstos. La armonización entre el reconocimiento de poder político a las nacionalidades y regiones que componen España con la solidaridad entre todas ellas, contrasta con el carácter eminentemente egocéntrico de proyectos esencialmente reivindicativos. A mí, personalmente, me atrae más un proyecto solidario que un proyecto exclusivo. ¿Es que alguna vez hemos oído hablar al lehendakari Ibarretxe de solidaridad? Sí, pero solamente de solidaridad entre vascos, cuando la solidaridad no debe tener fronteras, mucho menos entre pueblos fuertemente vinculados. Y no deja de ser sorprendente que en este momento se estén produciendo aproximaciones entre la izquierda y los nacionalismos, por ejemplo el proyecto de Pasqual Maragall quiere ser una especie de síntesis entre ambos, cuando la solidaridad ha sido siempre una de las banderas más preciadas de la izquierda. Solamente la Constitución española contiene una proclamación expresa de la conjunción entre autonomía y solidaridad. Pero si queremos situar la cuestión en el momento actual, es conveniente analizar la forma en que se ha desarrollado esta definición constitucional a partir de su aprobación.

Desde un principio, todos los debates políticos relacionados con la división territorial de España lo han sido de reparto de poder, en tanto que la solidaridad no ha tenido más concreción que el Fondo de Compensación Interterritorial, de cuyo funcionamiento apenas se habla y del que, por tanto, conocemos muy poco. Por ejemplo, en el País Vasco, el Gobierno vasco gestiona actualmente un presupuesto de un billón de pesetas, en tanto que el cupo que se paga a la Administración del Estado por el ejercicio de las competencias que mantiene en nuestra Comunidad solamente alcanza a ciento ochenta mil millones, es decir, un ochenta y cinco y un quince por ciento aproximadamente. Pero como en estos datos no se incluye la Seguridad Social, los nacionalistas reclaman la transferencia de su gestión rompiendo el concepto de caja única. Es decir, más autonomía y menos solidaridad. A mí, como vasco, me produce sonrojo.

Así pues, a mi juicio, antes de hablar de nuevos proyectos políticos, lo primero que hay que hacer es compensar el desfase que hasta ahora se ha producido en el desarrollo de los dos pilares básicos de la vertebración territorial de España, que proclama el artículo segundo de la Constitución, haciendo real la idea de solidaridad en su más amplio sentido.

No quiero con esto decir que los Estatutos o la propia Constitución sean dogmas inmutables en su aspecto de distribución de poder, sino únicamente que hay que profundizar y desarrollar más el concepto de solidaridad, para evitar que aquéllos se conviertan en un disolvente por olvidar el concepto verdaderamente integrador.

Yo creo firmemente que es necesario volver a traer al juego político el artículo segundo de la Constitución, volver a pensar en la armonización de autonomía y solidaridad y compensar el desfase que se ha producido entre el desarrollo de ambas en beneficio de la primera y en perjuicio de la segunda.

La falta de coordinación en este desarrollo produce y producirá disfunciones que nos alejarán del objetivo deseado, que no debe ser sino la más perfecta armonización entre los dos pilares para la más perfecta vertebración territorial de España.

Muy breve comentario:

¿QUÉ ES ESO DEL AUTOGOBIERNO? (L. B.-B.)

La izquierda debería darse cuenta de que eso del autogobierno es distinto para ella de lo que lo es para la derecha. En Cataluña existe una idea equivocada del autogobierno, se piensa en él como si fuera un camino inacabable y penoso de asunción de competencias políticas que habrían de ser semejantes a las de un Estado para que el país se viera autorrealizado y satisfecho. Pero como la independencia no es rentable, ni parece viable ---"avui per avui" dicen---, pues vaciemos el Estado en Cataluña sin una ruptura formal. Los vascos hablan del pacto con la Corona, cuando se ponen racionales, y aquí en Cataluña se hablaba de volver  a la situación previa a 1714. ¡Jope! Pero bueno, ahora, ¡todos  modernos y vascos! ¡viva la soberanía, la autodeterminación, el concierto y el Estado asociado!

Y la izquierda siempre a remolque, sin desarrollar una concepción propia. La izquierda debería ser solidaria, sin caer en las sucesivas trampas dialécticas de la derecha. Ahora se nos viene a proponer no sé qué de las autopistas, como si fuera un agravio histórico y no una ventaja comparativa tenerlas treinta años antes aunque fueran de peaje.

Pero es que además, no se entiende que el autogobierno de izquierda es solidario, no puede consistir en reclamar privilegios fiscales como los de los vascos, sino en reclamar la anulación de los mismos, haciendo que todos los españoles tributen en proporción a la riqueza de cada uno.

Y tampoco se entiende que el autogobierno tiene unos límites a partir de los cuales ya no existe margen de opción. Ya no se puede obtener más, y lo que hay que hacer es participar en el gobierno federal. Es la única manera de tener autogobierno completo, de aumentar el ámbito de decisión propio.