La manifestación del pasado sábado en San Sebastián en defensa de la Constitución y el Estatuto reunió a decenas de miles de vascos que aceptan y amparan el pluralismo de su comunidad como un hecho a la vez irreversible y enriquecedor; sólo quienes toman falsamente la parte emocional e ideológica de sus creencias por el todo político y social del País Vasco -una sinécdoque históricamente indefendible- aspiran a transformar una opción legítima en sí misma como el nacionalismo en dogma obligatorio. Pese a la violencia selectivamente desatada por ETA contra los vascos sin adscripción nacionalista, a fin de provocar el desistimiento electoral de los partidos constitucionalistas y de condenar al silencio a los profesores, empresarios, escritores, sindicalistas, periodistas o simples ciudadanos discrepantes, las urnas vienen registrando una y otra vez, con la terca monotonía de los hechos obstinados, que casi la mitad de la población del País Vasco (la mayoría en Álava) es ajena a la ideología nacionalista.

Además de confirmar esa indiscutible evidencia, los manifestantes donostiarras del pasado sábado expresaron en las calles su triple sentimiento de pertenencia vasca, española y europea mediante las banderas que simbolizan esos ámbitos territoriales armonizables política y emocionalmente. Los nacionalistas que meten a los demócratas vascos titulares de esas tres identidades compartidas en un mismo saco con el españolismo franquista no sólo cometen una despreciable vileza sino que además ofrecen a los terroristas otro pretexto para sus crímenes: en realidad, el objeto simbólico de ese insultante rechazo no es la bandera bicolor patrimonializada por la dictadura durante cuatro décadas sino la bandera constitucional (al igual que lo fue la bandera tricolor durante la etapa republicana). Cuando Iñaki Anasagasti bromea con su habitual patosería sobre la añoranza de los vascos sin adscripción nacionalista por la España una, grande y libre de la retórica falangista no hace sino proyectar sobre sus adversarios el ensueño nacionalista de la Euskal Herria una, grande y libre (la agregación del País Vasco, Navarra y los tres territorios vasco-franceses dentro de un Estado independiente) del programa máximo tanto de ETA como del PNV.

El Pacto Político de libre asociación y soberanía compartida del País Vasco con España lanzado por Ibarretxe el pasado mes es una nueva etapa en ese camino: atrás quedaría el Estatuto y por delante -aparcada hasta la próxima generación- la anexión de Navarra y de los territorios transpirenaicos. La ronda de conversaciones recién abierta por el lehendakari en Vitoria para discutir ese Pacto Político no logra tapar el propósito de imponer el proyecto nacionalista a la mitad de la ciudadanía vasca disconforme con tales planteamientos. La imagen adecuada para describir el clima de las reuniones de Ibarretxe con sus interlocutores (sean los socialistas o los representantes de la patronal vasca) no es la metáfora del diálogo entre sordos incapaces de entenderse por deficiencias auditivas: el lehendakari sería mas bien el sordo que promueve encuentros con personas dotadas de excelente oído para exponerles infatigablemente sus argumentos mientras finge cortesmente atender sus razones sin escucharles.

La apacible reunión -anteayer- de Ibarretxe con Otegi no sólo infringió su compromiso de marginar a Batasuna de cualquier contacto oficial mientras no rompiese con la banda terrorista: la escena del sofá protagonizada por el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca - representante del Estado en su ámbito- con el portavoz de una organización acusada de pertenencia a banda armada y suspendida de forma cautelar por la jurisdicción penal parece tomada de una pieza del teatro del absurdo. Las tres horas largas de esa asombrosa entrevista dan fundamento para suponer que el lehendakari aspira a conseguir, si no la adhesión formal al Pacto Político del brazo electoral de ETA, al menos su neutralidad o su no beligerancia práctica. De esta forma, Ibarretxe podría aprovechar la alardeada equidistancia del PNV entre los vascos sin adscripción nacionalista (cerca del 50% de la población) y los votantes de Batasuna (el 10% en los últimos comicios autonómicos) como coartada para imponer su Pacto Político a unos y otros como laudo obligatorio de forzoso cumplimiento.