Amnistía Internacional (AI) destaca en su informe sobre la situación humanitaria en Irak durante 2002 que el régimen de Sadam Husein mandó ejecutar a decenas de personas. Entre los ajusticiados había posibles presos de conciencia y militares acusados de planear el derrocamiento del dictador. AI destaca en el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, las torturas y largas detenciones practicadas por Bagdad.

Redacción - Madrid.-
Amnistía Internacional asegura que durante 2002 se detuvo a decenas de «presuntos partidarios de la oposición política», algunos de los cuales eran sospechosos de mantener contactos con grupos de oposición en el exilio. En el momento de cerrar el informe se ignoraban la suerte y el paradero de la mayoría de estas personas, así como de muchas otras detenidas en años anteriores. Además, se impusieron largas penas de prisión a varias personas en juicios manifiestamente injustos ante tribunales especiales.
Los detenidos y los presos políticos eran sometidos sistemáticamente a torturas y malos tratos. Los dos partidos políticos kurdos que controlaban el Kurdistán iraquí detuvieron a personas a las que Amnistía Internacional consideró presos de conciencia y, según distintos informes, en esta región hubo secuestros y homicidios perpetrados por grupos políticos armados.
Pena de muerte. La conclusión a la que han llegado las distintas investigaciones de AI basadas en la observación sobre el terreno y en testimonios directos, en Irak continuó aplicándose en 2002 «ampliamente» la pena de muerte. En noviembre, el Consejo del Mando de la Revolución, órgano ejecutivo supremo del país, dictó un decreto por el que penaba con la muerte la prostitución, la homosexualidad, el incesto y la violación. También estipulaba que quienes fueran decla- rados culpables de ofrecer alojamiento para ejercer la prostitución serían ejecutados, utilizándose para ello la espada. Según diversas fuentes, en los dos últimos años se había decapitado a varios hombres y mujeres por prostitución y proxenetismo, normalmente sin juicio formal y, a veces, por motivos políticos.
Se ejecutó a decenas de personas, algunas de las cuales eran posibles presos de conciencia. Entre las víctimas había militares acusados de conspirar para derrocar al Gobierno o de mantener contactos con grupos de la oposición en el exilio, así como presuntos partidarios de la oposición política, en particular musulmanes chiíes sospechosos de participar en actividades en contra del Gobierno.
En marzo, tres miembros de las fuerzas aéreas, Saeed Abd al-Majid Abd al-llah, Fawzi Hamed al-Ubaidi y Fares Ahmad al-Alwan, fueron ejecutados por fusilamiento. También en el mismo mes, fue ejecutado por criticar al Gobierno el general de división Tariq Saadun. Asi- mismo, en mayo, tres religiosos musulmanes, Abd al-Sattar, Abd al-Ibrahim al-Musawi y Ahmad al- Hashemi, fueron ejecutados en Bagdad por acusar públicamente al Gobierno de estar implicado en el asesinato del ayatolá Mohammad Sa- deq al-Sadr en 1999. Al parecer, ambos habían sido detenidos al concluir 2000. En julio, los abogados Mohamed Abd al-Razzaq y Karim al-Shammari, acusados de participar en actividades de oposición al Gobierno, fueron condenados a muerte por un tribunal especial, según indican los informes. Ambos forma- ban parte de un grupo de abogados que en junio habían sido interrogados sobre la distribución de folletos en los que se denunciaba la falta de independencia del poder judicial. Al concluir el año se ignoraba si sus condenas habían sido ejecutadas.
En octubre fueron ejecutados en la prisión de Abu Ghraib 23 presos políticos, en su mayoría musulmanes chiíes. Al parecer, tres de ellos habían sido acusados del asesinato de un agente de seguridad cometido en junio en la zona de Bagdad conocida como «Ciudad de Sadam».
Detenciones y reclusión. A lo largo del año se detuvo a decenas de personas por sus presuntas actividades de oposición o, simplemente, por su relación familiar con individuos buscados por las autoridades. Muchas fueron recluidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio. En marzo, las autoridades detuvieron a Hussam Mohammad Jawad, médico jubilado de 67 años, y a su cuñado, Iyyad Shams al-Din, de 63, para, según las fuentes, ejercer presión sobre la doctora Suad Shams al-Din, esposa de Hussam, a fin de hacerla regresar al país, pues había huido al extranjero tras haber sido detenida y torturada en junio de 1999. De acuerdo con los informes, los dos quedaron en libertad en mayo. En agosto, 221 personas fueron detenidas en Ramadi y Kut por presuntas actividades de oposición. Al terminar el año se desconocía aún la suerte que habían corrido y su paradero.
Juicios injustos. Los juicios ante tribunales especiales, celebrados siempre a puerta cerrada, continuaron incumpliendo las normas internacionalmente reconocidas de justicia procesal. Los jueces eran militares o funcionarios públicos sin formación adecuada ni independencia. El acceso a un abogado de oficio era muy limitado, y a veces sólo estaba permitido el día del juicio.
En abril, un tribunal especial de Mosul condenó a cadena perpetua a cuatro hombres (Issam Mahmoud, militar retirado, Basil Sadi al-Hadithi, profesor universitario, Khairi Mohammad Hassan, y Imad Mohammad Hassan) acusados de intentar formar una asociación política. No se disponía de información sobre el lugar donde fueron encarcelados. También en abril, otro tribunal especial condenó al científico nuclear iraquí Hussain Ismail al-Bahadli a 31 años de prisión, por cargos que no se hicieron públicos.
Tortura y malos tratos. Los detenidos y presos políticos son sometidos sistemáticamente a torturas. Los cadáveres de muchas personas ejecutadas presentan señales evidentes de haber sido maltratados. Entre los métodos de tortura física más comunes figuran prácticas como aplicar a la víctima descargas eléctricas o quemarla con cigarrillos en diversas partes del cuerpo, arrancarle uñas, violarla, colgarla sujeta por las extremidades de un ventilador de techo o de una barra horizontal durante largos periodos, golpearla con cables, mangueras o barras de metal y golpearla en las plantas de los pies (técnica llamada «falaga»).
Asimismo, se amenaza a los detenidos con violarlos y se los somete a simulacros de ejecución: también se los encierra en celdas en las que oyen los gritos de otras personas que estan siendo torturadas y se les priva deliberadamente del sueño. En marzo, Abd al-Wahad al-Rifai, maestro jubilado de 58 años, fue ejecutado en la horca tras haber estado encarcelado sin cargos ni juicio durante más de dos años. Lo habían detenido por mantener pre- suntos vínculos con la oposición a través de su hermano, que vivía en el extranjero. Según informes, su cadáver, recogido por su familia de Bagdad en la Comandancia de Seguridad de la capital, presentaba claras marcas de tortura, como las uñas de los pies arrancadas y el ojo derecho hinchado.
Miembros de los Combatientes de Sadam (Fedayeen Sadam), milicia creada en 1994 por Uday Sadam Husein, primogénito del presidente, cortaron en julio la lengua a dos hombres por difamar al presidente. La amputación tuvo lugar en una plaza pública de la zona del sur de Bagdad conocida como «Ciudad de Diwaniya».
AI recuerda que en el mes de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que se condenaban «las gravísimas violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por el Gobierno de Irak, que tienen por resultado una represión y una opresión omnipresentes, sostenidas mediante una amplia discriminación y el terror generalizado».