UN GRAN PACTO DE ESTADO

 Editorial de  “La Razón” del 07.06.2003

Lo ocurrido ayer en el Parlamento autónomo vasco no es sólo la escenificación de una argucia vergonzante, auténtica burla del sistema democrático, es, también, la culminación de un proceso de enfrentamiento con las instituciones del Estado de una gravedad sin precedentes en la reciente historia constitucional de España. Poco hay que decir sobre la «habilidad leguleya» demostrada por Juan María Atucha y sus compañeros de partido. En un sistema parlamentario normal, lo lógico sería que el presidente de la cámara presentara su dimisión irrevocable, una vez que le ha sido rechazada una propuesta por los mismos grupos parlamentarios que le apoyan. Pero aquí no se trataba de cumplir la ley, de acatar una resolución judicial firme, si no de desobedecer al Tribunal Supremo y, al mismo tiempo, esquivar las consecuencias penales de una decisión contraria a todos los principios en los que se basa el Estado de Derecho. Ha habido «habilidad», pero, sin duda, ha faltado gallardía y valor para afrontar las repercusiones de esta ruptura institucional.
    A partir de ahora, la cuestión ya no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito judicial. Es probable que el Tribunal Supremo acabe por pedir a la Fiscalia del Estado que deduzca testimonio de lo ocurrido, tanto por si se hubiera producido un presunto delito de desobediencia, como por un fraude de ley. Es una situación nueva de difícil diagnóstico procesal y que puede complicarse si Juan María Atucha decidiera trasladar la decisión a un pleno de la cámara regional donde el voto es secreto. Pero, en cualquier caso, la actitud del PNV y de sus coaligados debe ser afrontada desde la política.
    Porque el desafío para la estabilidad de España, de una gravedad inocultable, exige de los dos grandes partidos nacionales un verdadero ejercicio de unidad y firmeza. El PP y el PSOE están obligados a coordinar esfuerzos y a sacrificar las pequeñas disputas de poder por una causa tan digna como la defensa del ordenamiento jurídico y constitucional de España. Y no pueden limitar su acción exclusivamente al País Vasco. Deben hacer comprender a Llamazares, que ha tolerado la abstención de Izquierda Unida en un asunto de Estado de tal calibre, que no se puede mantener una doble actitud frente a la Constitución y la Ley. Es momento, por ejemplo, de replantearse las pactos postelectorales, exigiendo a los futuros socios un compromiso claro con el actual modelo de Estado y una actuación política en consecuencia. La gran mayoría de los electores lo comprenderá.