EL TS PUEDE DISOLVER BATASUNA CON UNA EJECUCIÓN FORZOSA AL MARGEN DE ATUCHA

 Informe en “La Razón” del 08.06.2003

La ley faculta al Supremo a actuar si una administración pública no cumple las sentencias

El ordenamiento jurídico prevé que el Tribunal Supremo, una vez certificada la negativa del Parlamento vasco a ejecutar la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, anule los acuerdos de la Cámara al respecto y realice una ejecución subsidiaria de su sentencia al margen de la opinión del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atucha. A este respecto, el ministro Ángel Acebes destacó ayer que el Estado de Derecho cuenta con «todos los mecanismos necesarios» para que se cumplan las sentencias.

J. Prats - Madrid.-
La Sala Especial del Tribunal Supremo tiene en el propio ordenamiento jurídico la solución a la negativa del Parlamento vasco a ejecutar la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak.
   De acuerdo con el criterio de expertos juristas consultados por este diario, el Supremo puede recurrir perfectamente a una ejecución subsidiaria o forzosa de la sentencia para cumplir con la función que otorga la Constitución a los jueces y tribunales, que es juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Las fuentes consultadas precisaron que la Ley prevé que, transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o Tribunal debe adoptar, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.
   De este modo, si la Administración que debe cooperar con el tribunal realiza alguna actividad que contraviene el fallo, el tribunal debe proceder a reponer la situación al estado exigido por el fallo, y determinar los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento.
   A este respecto, según las fuentes consultadas, serán nulos de pleno derecho los actos o disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. En el supuesto del Parlamento vasco, las mismas fuentes subrayaron que los acuerdos de la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces son actos administrativos, nunca legislativos, motivo por el que su anulación no supondría una invasión de la soberanía de la Cámara vasca.
   La ley, de acuerdo con los expertos consultados, permite al Supremo, previo apercibimiento ¬como ha hecho a Juan María Atucha¬, imponer multas coercitivas de hasta casi 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos, así como reiterar las multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales.
   También puede, como todo apunta, deducir testimonio por las posibles responsabilidades penales que pudiera haber.
   Según los expertos consultados, transcurrido el plazo de ejecución que se hubiera fijado, cualquiera de las partes puede instar la ejecución forzosa de la sentencia del Supremo.
   En este sentido, las mismas fuentes precisaron que dicha ejecución por sustitución debería ceñirse a las particularidades de SA como grupo, jamás a nada que afectase a los derechos de los parlamentarios batasunos como tales. Así, la Sala Especial, de acuerdo con este criterio, se limitaría a intervenir, a través de los correspondientes oficios a Juan María Atucha o a los funcionarios de la Cámara, en el pago de las subvenciones del grupo parlamentario, las iniciativas parlamentarias que realizasen como grupo, así como en los tiempos de intervención, menor para los batasunos como grupo mixto.
   Los expertos destacaron que, en ningún caso, el Supremo estaría asumiendo funciones de Atucha o de la Cámara, sino que se limitaría a cumplir el mandato constitucional de hacer ejecutar sus sentencias.
   Por su parte, el ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguró ayer que el Supremo hará cumplir al Parlamento vasco la sentencia, ya que, según advirtió, el Estado de Derecho cuenta «con todos los mecanismos necesarios para que se cumplan las resoluciones de sus tribunales».
   Javier Rojo (PSE) y Carmelo Barrio (PP), instaron a Atucha a disolver SA y a abandonar su cargo si así lo estima oportuno, y subrayaron que sigue siendo el responsable del incumplimiento.