Durante 12 largos y pacientes años, la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, ha venido practicando un bienintencionado y frustrante ejercicio de contención frente a Irak. Con resultados inciertos. Los pocos obtenidos han sido siempre consecuencia de la amenaza a recurrir al uso de la fuerza y nunca llegaron a satisfacer las demandas de un desarme completo, total y verificable. A lo largo del tiempo transcurrido desde la guerra del Golfo, y a pesar de las lecciones que la acción bélica podía haber inspirado sobre el régimen iraquí, Bagdad no ha dejado de insistir en su maniática prosecución del rearme. Y la comunidad internacional, en sus esfuerzos para impedirlo. Amparándose en las vacilaciones de unos y en las complicidades de otros, Irak ha mantenido el rumbo conocido: aspirar a la supremacía regional sobre un esquema de dominación y chantaje.

Ninguna de esas preocupaciones era desconocida antes de los ataques terroristas contra los Estados Unidos el 11 de septiembre del año 2001. Todas ellas se acentuaron al contemplar las posibilidades de entendimiento, colusión o colaboración entre los planificadores de la barbarie y las armas no convencionales acumuladas, o no destruidas, por los iraquíes. Se podrá especular hasta el infinito si Al Qaeda e Irak tienen o no relaciones operativas. Que muchos de sus fines y objetivos son compartidos parece hoy fuera de duda. La posibilidad de que armas químicas, biológicas o nucleares procedentes de Irak puedan llegar a manos de terroristas de diverso origen, y entre ellos a los que se confiesan islamistas, no es descartable, y su probabilidad, más allá de los cómodos escapismos de buena parte de las opiniones públicas europeas, es hoy, visto lo visto, más alta que nunca.

Fueron esas consideraciones las que llevaron al Consejo de Seguridad a adoptar por unanimidad la Resolución 1.441 el pasado mes de noviembre. Al día de hoy, cuatro meses después de la aprobación de la 1.441, la certeza de que Irak no ha cumplido con sus mandatos, y que sólo lo ha hecho parcialmente y a regañadientes en la medida en que se han agudizado las amenazas de utilizar la fuerza, es incontestable.

La Resolución 1.441 es un texto capaz de conseguir por medios pacíficos el desarme de Irak si todos sus firmantes, y de nuevo con especial referencia a los miembros permanentes del Consejo, mantienen de forma inconsútil su propósito, y lo hacen creíble con la amenaza de la fuerza. No hace falta explicar que el factor de amenaza ha sido hecho posible por el despliegue militar de las tropas norteamericanas en la región del golfo Pérsico. Dicho de otra manera, la Resolución 1.441 está pensada para la paz y no para la guerra. Aunque su propia lógica anuncie una aparente paradoja: sólo en la firme voluntad de hacer creíble el uso de la fuerza se encuentra la posible salida pacífica al conflicto. Y, por el contrario, cuanto menos firme sea esa voluntad, más probabilidades existen para que el conflicto se desencadene.

Como en tantas ocasiones anteriores, el peor de los pronósticos se ha cumplido. La unidad que hizo posible la 1.441 se ha resquebrajado sonoramente. Diversos han sido los pretextos o las razones para aliviar la presión sobre el régimen iraquí y tantos otros los motivos de éste para estimar que, en la reproducida desunión, cabía el espacio para el juego, el regate, la trampa y, en definitiva, el incumplimiento. Una vez más, doce años después.

La ruptura del sistema descrito por la 1.441 pudiera bien encarnar la crisis del sistema internacional elaborado tras la Segunda Guerra Mundial. Llegará un momento, con o sin conflicto, en que la crisis de Irak sea un recuerdo en la evolución de las relaciones internacionales. Pero, más allá de la concreta peripecia iraquí, quedarán otras referencias de más difícil olvido: el insólito bloqueo de las decisiones tomadas en el seno de la OTAN, organización inspirada por la solidaridad y el consenso y en donde el disidente hasta ahora se limitaba a registrar su desacuerdo en una nota a pie de página; la tensión destructiva a que ha sido sometida la incipiente Política Europea de Seguridad y Defensa, hoy refugiada en la precariedad de la incubadora, y las no menos tirantes presiones ejercidas en el seno del Consejo de Seguridad precisamente por aquellos que más dicen confiar en su capacidad resolutiva. Frente a los que mantuvieron y mantienen que Irak constituye un riesgo para la paz y la seguridad internacionales, han tomado posición otros para los que Irak es sólo un pretexto. No hace falta añadir que en el tumulto quedan otras bajas: el futuro de las relaciones transatlánticas, por ejemplo, el entendimiento cooperativo y fructífero de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos.

La posición de principio que el Gobierno de España en esta crisis, con todos los evidentes costes y desgastes que la ocasión depara, es comprensible en el marco de nuestros derechos y obligaciones en el terreno internacional y consecuente con la imagen y con la realidad de nuestro país tras la recuperación de la democracia. La conducta del Gobierno de Aznar con respecto a Irak es coherente con las que los gobiernos democráticos españoles adoptaron en momentos críticos con respecto a temas propios o ajenos de seguridad y defensa: la entrada de España en la OTAN, la participación en la guerra del Golfo, la presencia en Bosnia y en Kosovo, tanto con los efectivos de la ONU como con las tropas de la OTAN, el envío de un contingente armado a Albania, la colaboración en Afganistán, tanto en el conjunto de ISAF como en el de la Operación Libertad Duradera...

España, por otra parte, y en una circunstancia que las emociones y las demagogias hacen doblemente complicada, ha debido realizar un esfuerzo máximo al servicio de sus objetivos nacionales.

El primero, colaborar para que el sistema internacional de legitimización, tal como está encarnado en la Carta de las Naciones Unidas, sea respetado y reforzado. Por ello ha entendido su papel como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su exigente dimensión y correspondiente riesgo. España no está de perfil en el Consejo de Seguridad. Por el contrario, entiende que debe participar en el mismo como miembro activo y comprometido con las necesidades de la paz y de la seguridad en el mundo.

En segundo lugar, España, país europeo, orgulloso y activo miembro de la Unión Europea, no entiende que la pertenencia geográfica, política y económica al Viejo Continente deba hacerse a costa de las relaciones entre europeos y americanos, bien en el marco de la OTAN, bien en el contexto general del marco transatlántico. Esas relaciones han tenido un carácter privilegiado desde el final de la Segunda Guerra Mundial y fructífero para ambos lados y, sea cual sea la modulación de su futuro, el Gobierno de España entiende, y hace bien en hacerlo, y con él concurren otros muchos gobiernos europeos de la Vieja y de la Nueva Europa, que su mantenimiento y su profundización son convenientes e incluso necesarios para el beneficio mutuo y para la estabilidad internacional.

España, finalmente, tiene una larga y positiva relación defensiva y de seguridad con los Estados Unidos de América y está desarrollando otra multiplicidad de positivas relaciones con el país más poderoso de la Tierra, en el terreno económico, cutural, político o tecnológico. Esa relación no es circunstancial ni debe quedar sometida a los vaivenes de la coyuntura. Esa relación no es incompatible con la Unión Europea.

El domingo 20 de diciembre de 1998, y con motivo del ataque angloamericano a Irak, escribía yo en estas mismas páginas: "En la historia de Irak convendría siempre comenzar por el lugar exacto de las responsabilidades, antes de plantearse la dimensión de la mesura en la respuesta... Irak... ha venido desoyendo sistemáticamente las exigencias del Consejo de Seguridad". Salvo alguna referencia de estricto alcance político temporal, podría haber escrito ese artículo ahora. Comenzaba y acababa de esta manera: "... en la duda, siempre con los amigos y aliados..., faltaría más. Aun en la duda. Sobre todo en la duda, ¿cuándo si no?". Pues eso.