Artículo de Luis Bouza-Brey del 29-8-03.

En el Diccionario de dichos y frases hechas, de Alberto Buitrago, existe una locución que es “irse/marcharse/salir por los cerros de Ubeda”, cuyo significado se explica de la siguiente forma:

“…(da) a entender que alguien al hablar se pierde en divagaciones innecesarias, se sale del argumento que estaba tratando, cambia de tema de conversación sin motivo o responde a lo que se le pregunta con algo que nada tiene que ver con la cuestión… el dicho tiene su origen en la reconquista a los musulmanes de la ciudad jienense de Úbeda, acontecida en 1234. Parece ser que uno de los más importantes capitanes del rey Fernando III El Santo, desapareció instantes antes  de entrar en combate y se presentó en la ciudad una vez que había sido reconquistada. Al preguntarle el rey dónde había estado, el otro, ni corto ni perezoso, contestó que se había perdido por los cerros de Úbeda. La frase fue tomada irónicamente por los cortesanos y los soldados y se perpetuó como signo de cobardía.”

Desearía que ante un problema de la envergadura de éste nuestros políticos dejaran de irse por los cerros de Úbeda. El discurrir ordinario de Maragall es así, errático, saltarín e indisciplinado, que emerge con esta forma a partir de unas cuantas ideas básicas ---concepción integradora de España, descentralización, lealtad constitucional--- que, sin embargo, se entrecruzan y mezclan repetidas veces con mitos, sensibilidades, asesores y compañeros “socialistas” típicos de la pequeña burguesía catalana, que le hacen desnortarse de la Cataluña real y repetir la tradición errónea del PSC, que le ha impedido y quizá le siga impidiendo acceder al gobierno de Cataluña. Existe un determinismo cultural y estructural que el PSC nunca ha conseguido superar y en el que Maragall cae repetidas veces.

Pero con la derecha sucede algo parecido: llevan varios años tirando de las riendas con inquietud, para poner fin a la “transición ilimitada”, a la deriva del nacionalismo vasco y al terrorismo, de manera  que, ante cualquier intento de imaginar una evolución del sistema constitucional español, se van por los cerros de Úbeda de la acusación de deslealtad constitucional y del inmovilismo, sin afrontar los problemas reales.

Si juntamos ambas evasiones el espectáculo da pena: un Maragall inoportuno, errático y, últimamente, agresivo, choca con un Aznar descalificador, inmovilista y cerrado en banda.

El problema de la consolidación del Estado de las Autonomías no se puede despachar ni con improvisaciones, ni con juegos florales, ni con descalificaciones inmovilistas. Para resolverlo es necesario depurar y disciplinar el pensamiento de rémoras de otros tiempos, pero también acertar con el momento oportuno y la búsqueda de un método que permita alcanzar un máximo de consenso para tratarlo.

Personalmente hace años que estoy convencido de que la estructura actual del Estado de las Autonomías debe completarse con una reforma del Senado que culmine la transición mediante el pacto de, al menos, los dos grandes partidos de ámbito estatal. El pacto es necesario e inevitable, a fin de poner límites a la deriva soberanista e inconstitucional de los nacionalismos periféricos, cerrar la transición inacabada del proceso constituyente y consolidar el modelo de Estado. Pero también se trata de encontrar el momento oportuno y el mecanismo adecuado para ello, y en estos momentos el problema del nacionalismo vasco y el terrorismo constituyen un obstáculo y un peligro que no se puede minusvalorar. Un peligro que lleva al PP y a un sector importante de la opinión pública a cerrarse en banda en la defensa de la Constitución. Y que debería llevar también al PSOE a dejarse de intentos de diferenciación con el PP y de diálogo con un nacionalismo vasco que ha constituido un bloque que tiene como objetivo la soberanía, y como medio la acumulación de fuerzas de todo el nacionalismo ---incluso del nazi--- para conseguir dicho objetivo.

Entre tanto, el nacionalismo catalán evoluciona también hacia el soberanismo, lo cual hace todavía más inoportunos los movimientos de aproximación al nacionalismo de Maragall, en momentos en que se pone en cuestión la Constitución y el pacto constituyente. No es el momento de permitirse alegrías ---que resultan frívolas e irresponsables por ello--- como las de definir a la Constitución como norma transitoria ni hacer especulaciones como la de la Corona de Aragón, que hacen saltar las alarmas de un sector de la opinión pública preocupada por los ataques a la Constitución.

Segunda: el pacto ha de tener por finalidad, como decía, completar el desarrollo constitucional y poner límites a la deriva soberanista del nacionalismo periférico, que implica una ruptura del pacto constituyente del 78. Y los límites han de ser precisos y asumidos en dicho pacto de Estado. Por ejemplo, la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español y no caben en el Estado español procesos de autodeterminación ni concepciones o mecanismos que rompan la unidad del pueblo y la igualdad de todos los ciudadanos en todo el territorio.

Tercera: el pacto podría ser posible efectuarlo desde ahora mismo, pero existen cuestiones de oportunidad que pueden frenar su realización o puesta en práctica en la actualidad, hasta el momento en que se venza definitivamente al terrorismo, y el nacionalismo vasco sea derrotado y/o cambie hacia la integración constitucional.

Cuarta: existen un conjunto de cuestiones entrelazadas que son las verdaderamente difíciles de resolver y que están en el trasfondo de todas las luchas de superficie que se producen. En primer lugar, la cuestión de la concepción que se sustenta del autogobierno. El autogobierno definido por la Constitución y sostenido por los que no somos nacionalistas incluye dos nociones indisolubles, como son la de la descentralización y la de la complementariedad entre el centro y la periferia. El autogobierno no es ni puede ser un remedo de Estado, no consiste en vaciar el Estado de competencias ni en hacer desaparecer al Estado en el teritorio periférico. El autogobierno no es un primer paso hacia la independencia ni tampoco un proceso de separación informal o aislamiento total de las instituciones autonómicas y estatales.

En segundo lugar, las diferencias culturales e históricas entre unas y otras comunidades autónomas no pueden dar lugar a privilegios ni excepciones constitucionales entre ellas ni para ninguna de ellas. La Constitución rige en todo el ámbito estatal y constituye el fundamento del autogobierno.No son posibles “fragmentos de Estado” ni derechos históricos que pongan en cuestión la unidad, la igualdad  y la soberanía del conjunto. La situación económica de Euskadi, su aportación al patrimonio común debería ser revisada.

En tercer lugar, la variedad en el autogobierno, en lo que se refiere al ámbito institucional y competencial, no puede dar lugar a diferencias en la estructura institucional básica prevista en la Constitución ni a la destrucción del sistema mediante una nueva carrera hacia el uso ilimitado del artículo 150,2 de la misma. No caben privilegios para las “nacionalidades” en su representación en las instituciones comunes  ---Tribunal Constitucional, por ejemplo---, ni tampoco por lo que se refiere a una concepción del autogobierno como un proceso sin límite hacia la desvinculación formal o informal del conjunto. El Estado español actual es uno de los más descentralizados del mundo, su deficiencia más importante reside en la insuficiente articulación global, que ha de ser resuelta mediante la creación de mecanismos institucionales de participación de la periferia en las instituciones centrales. Esa es la esencia del problema del Estado autonómico, que por consiguiente no puede ser resuelto con concepciones nacionalistas que van en dirección contraria. Los socialistas deben ser conscientes de ello, en sus posiciones, pactos y alianzas.

En cuarto lugar, existe también una cuestión pendiente y muy compleja por lo que se refiere al modelo de Administración que ha de resultar del proceso: ¿se ha de evolucionar hacia la “Administración única” en manos totalmente de las Comunidades Autónomas, o hacia una Administración dual, que sitúe la gestión en manos de las Comunidades Autónomas y la coordinación y dirección en manos del Estado?¿Es preciso modificar el modelo de distribución de competencias previsto en la Constitución y los Estatutos, una vez generalizada la autonomía y la descentralización a todo el territorio?¿Cuáles han de ser los niveles de complementariedad e interpenetración de la Administración central y autonómica?

Quinta: el desarrollo del proceso de Unión Europea obliga a repensar el modelo de distribución del poder previsto en la Constitución, aprobada en momentos en los cuales la Unión Europea no existía. Existe un nuevo nivel de distribución del poder y de complementariedad.