LA PUJA AUTONÓMICA

  Artículo de Aleix Vidal-Quadras  en “La Razón” del 19.12.2003

El Estado de las Autonomías fue el gran invento de la transición para descentralizar administrativa y políticamente a nuestra plural nación y para apaciguar las reivindicaciones particularistas de los partidos nacionalistas. El primer objetivo se ha conseguido satisfactoriamente, pero el segundo por desgracia dista todavía mucho de haberse alcanzado. Dado que ahora la idea de moda, introducida por el tripartito maragalliano, es que la reclamación de mayor autogobierno se basa únicamente en el deseo de proporcionar a los ciudadanos un grado más elevado de bienestar y de llevar adelante políticas públicas más eficaces, sin connotación etno-identitaria alguna, conviene comprobar si cada medida que incrementa las atribuciones de las Comunidades Autónomas en detrimento de las competencias del Gobierno central contribuye efectivamente a tan loable propósito
   Así, cabe preguntarse si confiar la recaudación de los impuestos a una Agencia Tributaria estatal debidamente regionalizada con la posterior transferencia a las haciendas autonómicas de los tributos cedidos y de la parte que les corresponde de los impuestos generales es más ágil y más barato que multiplicar los órganos subestatales destinados a esta función. Tampoco resulta ocioso investigar si los intereses de las Comunidades Autónomas ante la Unión Europea están mejor defendidos por una delegación española en el Consejo comunitario, previa una armonización de posiciones en el seno del Consejo Sectorial correspondiente en España, o incrustando en nuestra representación ministerial en Bruselas a responsables autonómicos catalanes, vascos, gallegos, andaluces o riojanos, según convenga a la ocasión y al tema tratado. En esta misma línea de reflexión aséptica y constructiva, no está de más analizar si el establecimiento de diecisiete Tribunales Supremos repartidos por nuestra variada geografía física y humana sirve más adecuadamente a la coherencia, la equidad, la objetividad y la independencia de la administración de justicia que la actual máxima instancia jurisdiccional con sede en la capital del Reino. Y, ya puestos, quizá una comparación entre las balanzas fiscales de las Comunidades de mayor renta per cápita con sus correspondientes balanzas comerciales con el resto del Estado ayudaría a arrojar cierta luz sobre los complejos mecanismos que mueven los flujos financieros a lo largo y ancho de la península, demostrando que lo que se va por un lado regresa por el otro en beneficio del supuesto donante.
   Una vez situado el debate en estos términos racionales, desapasionados y cuantificables, seguramente la puja autonómica en la que está inmerso el Partido Socialista aparecería como lo que es, un desbarajuste conceptual fruto de las necesidades coyunturales para arañar algo de poder con el que cubrir las vergüenzas de un proyecto vacilante y deslavazado.