CONFUSIÓN AUTONÓMICA

 Artículo de Aleix Vidal-Quadras  en “La Razón” del 27/08/2004

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

El globo sonda lanzado por el Gobierno sobre la posible inclusión en la reforma de la Constitución del derecho de veto para las comunidades autónomas en leyes que afecten a los hechos diferenciales o al principio de solidaridad ha añadido otro elemento de incertidumbre a la polémica generada desde que José Luis Rodríguez Zapatero anunciara sus intenciones de abrir el melón de la Carta Magna. El actual equipo dirigente del PSOE sigue una táctica en relación a los eventuales cambios en nuestra Ley fundamental que consiste en mantener al personal entretenido con propuestas esporádicas de detalle y observar la reacción de su propio partido y de las demás fuerzas políticas calibrando el nivel de aprobación obtenido. Cuando se apagan los ruidos mediáticos provocados por una ocurrencia, se lanza la siguiente y vuelta a empezar. La sensación de falta de visión de conjunto, de improvisación y de frivolidad que transmite semejante forma de proceder degrada el debate sobre uno de los asuntos más serios que la sociedad española debe resolver si desea mantener el nivel de calidad democrática y de solidez institucional que introdujo por primera vez en nuestra historia contemporánea el gran pacto civil de la transición.
   La reforma constitucional, suponiendo que tal cosa resulte conveniente, no puede ser fruto de tanteos vacilantes sobre puntos dispersos. Algo tan serio como la introducción de cambios en nuestro derecho primario requiere un debate global de carácter político, jurídico y social enormemente riguroso y que tenga como premisa básica un acuerdo de principio de los dos grandes partidos nacionales sobre los contenidos y el alcance de la operación. Los jugueteos en torno a una cuestión tan seria como el derecho de veto para entes subestatales, fórmula que por cierto ya está desacreditada en los sistemas federales en los que existe, o la extraña invención de un Senado fragmentado en grupos territoriales en los que se integren en heterogéneo tropel parlamentarios y miembros del ejecutivo correspondiente, demuestran que el Gobierno no entiende lo que se trae entre manos y es incapaz de calibrar la gravedad de un tema en el que nos jugamos nada menos que la estabilidad y la viabilidad de nuestra convivencia. Además, mientras determinados partidos insistan en proclamar sus intenciones disgregadoras exhibiendo sin disimulo alguno proyectos independentistas liquidadores de la unidad nacional, el poner a su disposición elementos normativos adicionales para que su tarea de demolición sea más fácil equivale a una mezcla de suicidio e imbecilidad en la que ningún gobierno responsable debería incurrir. Afortunadamente, la propia Constitución establece unas mayorías parlamentarias para emprender cualquier reforma de su articulado que pone en manos del Partido Popular la protección de un patrimonio de paz, orden y prosperidad que hay que preservar a toda costa.