APROXIMACION A UN MODELO DEL HECHO NACIONAL EN ESPAÑA ( Y II)
EL MODELO POLÌTICO DE LOS DEMOCRATAS ESPAÑOLES
Luis Bouza-Brey, 6-9-04, 13:00
Días atrás publiqué la primera parte
de este artículo, en la que afirmaba que esta segunda trataría del modelo
político de los demócratas españoles sobre el hecho nacional en España, en
contraposición al modelo de los nacionalismos periféricos, que en su
formulación actual se sale del marco constitucional.
En efecto, los
nacionalistas han radicalizado su discurso y ya no aceptan la autonomía o el
autogobierno en el interior de un Estado compuesto, sino que sus objetivos
buscan la soberanía, la confederación o la independencia.
Por ello, en mi
opinión, es preciso clarificar las bases ideológicas y teóricas del modelo de
Estado de la democracia española, a fin de hacer frente a los intentos de
disgregación que se están produciendo y de evitar la introducción de reformas
basadas en principios estructurales contrarios a la subsistencia del Estado
español.
LA CONCEPCIÓN DE ESPAÑA
A medida que pasa el
tiempo se perfilan con mayor claridad los antagonismos radicales en la
concepción de España por parte de los nacionalismos periféricos y los
demócratas españoles.
Ya hemos visto en el
primer artículo de esta serie cómo conciben España los nacionalismos
periféricos.
Para los demócratas
españoles, España es el conjunto de todas las nacionalidades y regiones
integradas en el Estado español y constituye una sociedad diferenciada de las
que la rodean y que dio lugar a uno de los primeros Estados modernos de Europa.
España es una realidad histórica muy antigua, que tiene problemas y fines
propios y comunes a todos sus componentes. En ese sentido es una Nación, de las
más antiguas de Europa.
Pero la concepción de
España como Nación ha variado ampliamente a lo largo de nuestra Historia, por
lo que conviene abundar en el análisis de la misma, al menos en la época
contemporánea.
Durante ella se han
elaborado dos concepciones distintas en función de cómo se concibió la
pluralidad y variedad del país: con la influencia de la Revolución Francesa y
el pensamiento liberal se intentó unificar España de acuerdo con el modelo
republicano, centralista y homogeneizador de Francia, a fin de superar una
complejidad y variedad que se consideraba medieval y premoderna,
desconociendo la existencia de nacionalidades y el pluralismo esencial de la
sociedad española.
Hacia finales del siglo
XIX, debido a las contradicciones oligárquicas del Estado liberal y a los
“renacimientos” culturales de las nacionalidades, emerge una concepcíón alternativa de España, basada en el pluralismo
constitutivo del país, que se enfrenta a la concepción anterior y que va a dar
lugar, con el tiempo, a la puesta en cuestión de la misma idea de España y al
sobredimensionamiento del hecho nacional de las nacionalidades periféricas.
De manera que, durante
los siglos XIX y XX hemos ido pendulando entre una
concepción unitaria que negaba la diversidad y una concepción diversificadora que negaba la unidad. La concepción
liberal-republicana atomizaba el país en individuos iguales, desprovistos de
rasgos nacionalitarios, y construía una idea de
Nación española homogeneizadora de todos los ciudadanos y un Estado
centralista. La concepción periférica reaccionaba rechazando el centralismo, la
homogeneización impuesta externamente y, de rebote, la idea de España,
convergiendo en este rechazo posiciones republicanas federalistas y posiciones
conservadoras arcaizantes y reaccionarias.
La solución que
predominó finalmente, para resolver esta contradicción que se superponía a las
contradicciones de clase e ideológicas más generales fue la Dictadura de
Franco, que ocupó la parte central del siglo XX y acentuó el rechazo a la idea
de la España autoritaria, centralista y reaccionaria por él encarnada.
Con la democracia
española que se instaura desde 1978 se intenta resolver esta contradicción, y
desarrollar una concepción equilibrada de España que permita dar cuenta de la
complejidad sin romper la unidad ni la igualdad entre los ciudadanos. Por
ello, se concibe a España como una sociedad plural y solidaria, integrada por
nacionalidades y regiones a las cuales se reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía. Se concibe a España como patria común e indivisible de todos los
españoles, como una Nación plural, como una sociedad diferenciada de las demás,
con problemas y fines propios pero que reconoce su propia diversidad interna
sin que ello redunde ni en su disolución ni en su descomposición.
El problema político
esencial, que en estos momentos se está manifestando en toda su dimensión, es
que a esta rectificación histórica de los demócratas españoles no le ha
acompañado una rectificación compensatoria de los nacionalismos periféricos.
Estos continúan anclados en las posiciones del siglo XIX, radicalizando sus
estrategias y objetivos, rompiendo con el bloque de constitucionalidad y
pretendiendo reformular radicalmente el pacto constitucional de 1978 en el
sentido de la ruptura de la unidad del pueblo español, del rechazo de la
pertenencia a España, y de la búsqueda de la desintegración del Estado en
nuevos Estados independientes, soberanos, confederados o asociados.
Los epifenómenos y
canales estratégicos por los que aflora esta concepción radicalizada de los
nacionalismos periféricos son variados y a veces moderados por consideraciones
tácticas, pero todos ellos introducen anomalías e incongruencias en el sistema
constitucional español, que si no se frenan acabarán con él antes o después.
Piensen, como les decía en el primer artículo de esta serie, en la concepción
de España como algo ajeno, en la reclamación de la soberanía, en la
desobediencia a las instituciones estatales, en el rechazo de los símbolos
comunes, en la pretensión de asimetrías entre regiones y “naciones”, en la
demanda de relación bilateral para el “encaje” de las nacionalidades, etc.,
etc., etc.
La última ocurrencia es
la de pretender diferenciar políticamente a las “nacionalidades históricas” de
las regiones, con absoluta falta de rigor y de sensatez: En este país,
“nacionalidades históricas” son todas sus partes, incluida España. Si la
diferencia que se pretende establecer se deriva de la cultura y el idioma, no
debe tener más trascendencia que ésta, consistente en la existencia de idiomas
diversos que necesitan reconocimiento y protección. Y existen idiomas diversos
no solamente en Cataluña, Euskadi y Galicia.
Si, por el contrario,
se hace referencia al hecho de que estas tres nacionalidades adquirieron
autonomía durante la Segunda República y eso les daba cierta pretensión de
reconocimiento rápido desde el primer momento de la transición, así se hizo,
pero la transición ya finalizó, y la democracia española ha refrendado la
generalización de la autonomía igualitaria para todas las regiones.
La igualdad y
solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de España constituyen
principios a los que los demócratas españoles no pueden renunciar sin transformarse
en otra cosa, dejando de ser españoles o demócratas. La especificidad y la
diversidad son legítimas desde la perspectiva democrática de un Estado
complejo, pero no pueden dar lugar a privilegios, ni históricos, ni económicos,
ni políticos.
LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
Ya he analizado en
diversas páginas de este sitio web el tema de la estructura del Estado español
actual. Sintetizando mis propias ideas, opino que la descentralización
generalizada del Estado, puesta en marcha con la Constitución de 1978, lo
aproxima a un Estado federal, pero sin una articulación coherente ni operativa
de las regiones con el centro. Por ello, creo que es imprescindible y urgente
la reforma del Senado, a fin de permitir la coparticipación de las
nacionalidades y regiones en las decisiones comunes.
Por lo que se refiere a
qué modelo de Senado sería deseable, se puede elegir entre tres: el
norteamericano, el austríaco y el alemán. Es decir un Senado compuesto por
senadores electivos ---elegidos por los electores o por los parlamentos
autonómicos--- o designados por los gobiernos de las Comunidades.
Sobre este asunto sigo
manteniendo desde hace años la opinión de que sería conveniente evitar la
reproducción mecánica de la estructura de los partidos en el Senado, por lo que
me inclino por el modelo alemán como la mejor solución, creando un Senado
potente dotado de capacidad decisoria fuerte y representación directa de los
gobiernos autónomos en el centro, pero que al mismo tiempo disolviera el
bilateralismo de algunas comunidades en su relación con el Estado, obligándolas
a aceptar la voluntad mayoritaria en el Senado.
Existe un asunto, el de
las reformas de los Estatutos de Autonomía, añadido al anterior y que puede
complicar enormemente las cosas, debido al proyecto Ibarretxe
y a las concepciones nacionalistas que seguramente predominarán en la propuesta
del Parlamento de Cataluña.
El proyecto Ibarretxe no es asumible por el ordenamiento constitucional
español, pero me temo que el proyecto catalán se basará en concepciones
nacionalistas que lo que buscan no es un federalismo cooperativo y una
distribución equilibrada de poder entre centro y periferia, sino un vaciamiento
del Estado en Cataluña. De manera que, en lugar de orientarse a aumentar los
canales de participación en el centro, la estrategia seguramente consistirá en
el vaciamiento del poder del Estado con el argumento de incrementar el
autogobierno.
Finalmente, existe otro
aspecto a tener en cuenta por lo que se refiere a las transformaciones
necesarias de la estructura del Estado, y es el desarrollo de un poder político
europeo que modifica los referentes primordiales de la acción política y los
centros de poder y competencias existentes. Por ello, se hace preciso evaluar
en qué medida debe evolucionar la distribución de poder, similar a la de un
federalismo cooperativo con cuatro niveles de decisión, y la participación de
las Comunidades Autónomas no sólo en el centro, sino a nivel europeo.
LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO POLITICO DE ESPAÑA
Parece necesario y
urgente, por todo lo anterior, poner en marcha una estrategia de desarrollo
político de la estructura del Estado español, consistente en la formulación
clara y potente de las concepciones básicas de los demócratas españoles, y en
una adecuación de la estructura del Estado a la evolución del país y de Europa.
El problema es que, en
la situación actual, el equilibrio de fuerzas es muy peligroso, debido a la
falta de claridad y a la división en el PSOE, así como a las alianzas y pactos
de este partido con otros que defienden el “federalismo de libre adhesión” o la
independencia de Cataluña. Por ello, la apertura del proceso en estas
condiciones es peligrosísimo, pues puede conducir a la
inestabilidad constitucional y estatutaria y a la deriva hacia soluciones
incompatibles con la unidad de España y el Estado.
Por todo ello, vengo
repitiendo hace tiempo que el pacto imprescindible para iniciar ese proceso es
el del PSOE y el PP, dado que el conjunto de los nacionalismos periféricos ha
radicalizado sus posturas hasta hacerlas inasumibles. Pero el problema es cómo
podrá compatibilizar el PSOE, al menos de momento, la necesidad de pactar con
el PP en este asunto, con la de conservar los apoyos que en esta coyuntura lo
mantienen en el poder.
Habrá que dar tiempo al
tiempo y ver cómo se desenvuelve la situación. Pero ésta es peligrosa.